Alvise Pérez lanza su candidatura a las generales con cuatro causas judiciales abiertas

El presidente de Se acabó la fiesta, acechado por varias causas judiciales, desgrana un programa económico como el de Milei y promete un referéndum sobre la Unión Europea y la construcción de macrocárceles como en El Salvador Alvise justificó en el Supremo cobrar 100.000 euros de un empresario para compensar el sueldo que iba a sortear Alvise Pérez tiene lista una plataforma para presentarse a las elecciones generales. Este domingo ha presentado en el Palacio de Vistalegre a la ejecutiva nacional de su partido, Se acabó la fiesta (SALF), y se ha lanzado como candidato para los comicios previstos en 2027 con la promesa de una deportación masiva de inmigrantes, la creación de una macrocárcel y un programa económico como el del presidente argentino, Javier Milei. El evento se celebra cinco días después de que el Tribunal Supremo le abriese una nueva causa, en esta ocasión por acoso a sus dos diputados en el Parlamento Europeo. Según los cálculos que el eurodiputado de extrema derecha transmitió en su canal de Telegram, su principal plataforma de comunicación, 5.000 personas habían comprado una entrada para asistir ala presentación del lanzamiento de SALF a nivel nacional, aunque entre las gradas del recinto se veían bastantes agujeros. Con una iluminación muy ténue y un escenario en el que únicamente se podían leer las siglas en grande de la formación, Pérez se ha presentado como una alternativa al sistema “partitocrático” y azote contra la corrupción. Alvise, que irrumpió en la política nacional hace poco más de un año, en las elecciones europeas, con más de 800.000 personas, ha vivido tiempos turbulentos desde entonces. A los problemas con sus propios compañeros de bancada en Bruselas se han sumado con el paso de los meses las investigaciones que la Justicia ha abierto contra él por varios motivos. El eurodiputado tiene cuatro causas abiertas, entre ellas una sobre la financiación de su candidatura con 100.000 euros en efectivo. También está investigado por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa y por varios mensajes que escribió en su canal de Telegram contra la fiscal Susana Gisbert, especialista de delitos de odio en el Ministerio Público en València. La última causa que le ha abierto el Supremo tiene que ver con las dos personas que obtuvieron acta de eurodiputados en su lista electoral. Los jueces investigan cómo después de enemistarse con él por sus desencuentros en varias votaciones en el Parlamento Europeo fueron “víctimas de una continua campaña de hostigamiento” y llegaron a “temer por su integridad física” tras filtrarse sus direcciones de correo, su teléfono y sus redes sociales. Alvise cree que todas esas investigaciones son una campaña de acoso contra él por parte del sistema “corrupto”. “Utilizarán cualquier cosa para atacarnos”, ha dicho este domingo ante sus miles de seguidores. “Me niego a vivir en una España decadente y saqueada, elijo luchar, devolver el golpe, alzarme y no arrodillarme, vivir y no morir”, ha reivindicado entre los aplausos de los asistentes, vetidos con banderitas de España, que han arropado su discurso con gritos como “Sánchez, hijo de puta”. El eurodiputado ha aprovechado el evento para hablar de su programa electoral, una mezcla de ideas copiadas de los Gobiernos de Donald Trump, el salvadoreño Nayib Bukele o el argentino Javier Milei. Ha comenzado hablando sobre inseguridad, que como todas las fuerzas de extrema derecha vincula a la inmigración. “Nuestras calles no son seguras, la tasa de inseguridad entre inmigrantes triplica a la de los nacionales”, ha dicho. Para ello ha anunciado “el mayor plan de deportación masiva de la historia reciente de España”, que quiere financiar con un recorte de 4.000 millones en ayuda a la cooperación internacional. También ha hablado de la construcción de una macrocárcel como la de El Salvador. Sobre sus ideas económicas, tampoco nada nuevo: desregulación y bajadas de impuestos. Después de denunciar que la Agencia Tributaria ha creado un “clima de terror” entre los inspectores, ha prometido una bonificación del 100% del IRPF a todos los “españoles que cobren menos de 35.000 euros al año”. Eso corresponde a más de la mitad de la población: la Encuesta de Estructura Salarial sitúa a casi el 50% de los trabajadores por debajo de los 22.000 euros brutos anuales.

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