Asamblea de Madrid, un coto privado de Ayuso desde 2021

El parlamento regional censura preguntas sobre negocios de la familia Ayuso, veta 30 comparecencias de Miguel Ángel Rodríguez y su presidente, Enrique Ossorio, impide que se critique a los jueces pero permite a diputados del PP llamar terroristas a la oposiciónAyuso rechaza hacer el registro de médicos objetores que establece la ley: “Váyanse a otro lado a abortar” La libertad que preconiza Isabel Díaz Ayuso para Madrid no llega a todos los escaños en la Asamblea Regional. Desde los bancos del Partido Popular se puede llamar terroristas a los diputados de la oposición sin el más mínimo reparo de la presidencia de la Cámara, pero que nadie tenga la tentación de preguntar por los negocios de la familia de la presidenta, las prácticas de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, o incluso de criticar a algunos jueces porque entonces se topará de bruces con Enrique Ossorio, que acumula dos años de polémicas y escándalos al frente de la Asamblea Regional. Cuanto más delicados se vuelven algunos debates para el Partido Popular en asuntos como el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, o su controvertida posición sobre la matanza de Israel en Gaza, más expeditivo se muestra Ossorio para acallar a la oposición, que ha protagonizado plantes, abandonado el hemiciclo e incluso ha recurrido al Tribunal Constitucional. Consejero en varios gobiernos de la Comunidad, desde que debutó con Esperanza Aguirre en 2012, este abogado de formación que tiene plaza en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Seguridad Social se estrenó en el primer Gobierno de Ayuso al frente de Educación y escaló después a la vicepresidencia, hasta que la presidenta lo reclamó para responsabilidades mayores. En la legislatura de la mayoría absoluta, tras deshacerse de todos sus socios, primero Ciudadanos, y después, Vox, la dirigente del PP ha tomado el control de las pocas instituciones que ejercían tímidos contrapesos a su Gobierno: la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y Telemadrid. También en la Asamblea durante este mandato está todo atado y bien atado: Ossorio ejerce como el cancerbero de Ayuso para asuntos delicados. La oposición lo acusa de retorcer el Reglamento al gusto del PP y algunas de sus últimas intervenciones evidencian una clamorosa parcialidad. Como ejemplo, el penúltimo Pleno, el pasado 2 de octubre. Esa mañana el mismo presidente que había invocado muchas veces la “cortesía parlamentaria” coartando intervenciones de la oposición, permitió que el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, llamase terroristas al grupo de Más Madrid. El diputado del PP dijo textualmente desde su escaño: “Continúo aunque a los señores de Hamás Madrid, cuando hay una oportunidad para la paz, se enfadan... se enfadan mucho”. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, invocó entonces el reglamento para “preservar la dignidad de su grupo parlamentario”. Ossorio preguntó por qué y cuando Bergerot empezó a explicarse le retiró la palabra. El siguiente vídeo recoge la secuencia. Acto seguido, sin llamar al orden ni pedir siquiera que retirase esas palabras su compañero de partido, el presidente de la Asamblea reparó en la existencia de una bandera palestina sobre el asiento de una diputada de Más Madrid. Ossorio interrumpió la sesión durante varios minutos, reclamó varias veces al grupo parlamentario quitar la bandera y acabó ordenando a un ujier que se la llevase. La escena, de cuatro minutos y medio, retrata bien las prioridades de la segunda autoridad de la Región: calificar como terroristas a un grupo parlamentario es admisible en la Asamblea de Madrid, exhibir una bandera de Palestina en el escaño, no. El cerrojazo en la institución donde debía residir la soberanía de los madrileños viene de atrás. En esta misma legislatura el Partido Popular ha rechazado celebrar plenos monográficos sobre las muertes de ancianos sin ser atendidos en las residencias de Madrid, sobre educación, sobre emergencia climática, sobre vivienda e incluso sobre sus políticas económicas. En los debates de los jueves se suceden situaciones tragicómicas. Todavía con Juan Lobato como líder, el PSOE pidió en el último debate sobre el estado de la región un pleno monográfico sobre financiación autonómica. La interpretación de Ayuso fue que el entonces secretario general del PSM planteaba esa sesión por su condición de técnico de Hacienda y la presidenta ironizó con que ella podría plantear entonces otro pleno sobre la censura (dada su formación de periodista). Lobato aceptó la idea y lo registró. El PP respondió a su vez registrando un pleno monográfico sobre “la ironía”, que luego acabó retirando. Hasta Vox puso el grito en el cielo por el nivel al que había llegado la Cámara legislativa madrileña. En este tipo de regates cortos se han manejado los populares durante el último mandato e incluso antes. Es habitual que la Mesa de la Asamblea donde tiene mayoría el PP rechace tramitar iniciativas del resto de partidos con los argumentos más peregrinos. La oposición pregunta por el Plan de Medios de la Comunidad, la controvertida y millonaria partida de publicidad institucional que según el resto de partidos (desde Más Madrid a Vox, pasando por el PSOE) utiliza el Gobierno regional para garantizarse una prensa amable, y la Mesa responde que el plan, tal y como ha sido enunciado, no existe. El reparto de esas cantidades millonarias entre la prensa afín por supuesto existe, pero la treta de la Mesa para no aceptar debates sobre ello es que no se llama “Plan de Medios”. Es solo un ejemplo. Hay muchos más. La Mesa de la Asamblea, donde la poliimputada vicepresidenta, Ana Millán, ejerce como lugarteniente de Ayuso, tiene incluso un párrafo tipo que va repitiendo en las diferentes respuestas para denegar comparecencias e información a Más Madrid y el PSOE. El texto es el siguiente: “La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser su objeto prospectivo y no estar suficientemente justificado, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al grupo autor de la misma, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente”. La sensación entre los diputados del resto de partidos es que la censura crece a medida que se va torciendo el futuro procesal de la pareja de Ayuso, acusado en dos juzgados distintos de un doble fraude fiscal, de corrupción en los negocios y de pertenencia a organización criminal. Asuntos críticos para Ayuso como ese o las muertes en las residencias son vetados sistemáticamente en el parlamento regional. Pero también muchos otros. Antes del verano, Más Madrid planteó una iniciativa para obligar a que también los jueces estuvieran obligados a declarar su patrimonio, como ya hacen otros cargos públicos como los ministros, los consejeros autonómicos y los diputados y senadores. Se planteaba que la Asamblea de Madrid elaborase una propuesta que luego se tramitase en el Congreso como iniciativa legislativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cuando se debatió el pasado mayo, el diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca defendió la idea como una fórmula para hacer más transparente la labor de los jueces y al mismo tiempo para identificar posibles manzanas podridas. Al subir al atril, el parlamentario recordó que uno de los problemas del Poder Judicial son algunos jueces concretos “que están acosando al Gobierno”. En ese momento, Ossorio decidió llamar a la cuestión a Martínez Abarca, con el argumento de que hay que preservar la separación de poderes. El parlamentario persistió en sus argumentos y recibió tres llamadas al orden, con la consiguiente expulsión del Pleno. El episodio acabó con todos los diputados de Más Madrid abandonando el hemiciclo y su portavoz, Manuela Bergerot, advirtiendo a Ossorio que había cruzado todas las líneas rojas. El vídeo es elocuente. No fue la primera vez que la oposición se salió de la Cámara. Ya en 2021, cuando el PP ni siquiera tenía mayoría absoluta (aunque aprobaba la mayor parte de sus iniciativas con Vox) todo el resto de partidos se salieron del parlamento regional en protesta contra la “censura” que ejercía María Eugenia Carballedo, la entonces presidenta de la Cámara. Todo se precipitó después de que una diputada socialista osase mencionar al hermano de Isabel Díaz Ayuso en una de sus intervenciones. Entonces ni siquiera se sabía que Tomás Díaz Ayuso había cobrado 234.000 euros de comisiones que le había pagado una empresa propiedad de unos amigos de la familia Ayuso a la que el Gobierno regional había comprado un millón de euros de mascarillas chinas en plena pandemia (cuando los controles para la contratación se habían levantado para garantizar la rápida llegada del material). En cuanto la parlamentaria socialista mencionó que el hermano de Ayuso se dedicaba a recorrer los hospitales madrileños recomendando a qué empresas había que contratar, la presidenta de la Cámara de entonces la frenó en seco. Carballedo apeló a la “cortesía parlamentaria” y alegó que no iba a tolerar una “alusión directa a un familiar de un diputado de la Asamblea”. La diputada socialista recibió una llamada al orden por expresarse así y cuando recordó a la presidenta de la Cámara que no solía utilizar la misma vara de medir cuando Ayuso atacaba a la oposición, fue llamada al orden por segunda vez. López terminó expulsada y los diputados del PP solos en el hemiciclo en una jornada en que hasta sus socios de Vox abandonaron el recinto. Ocho minutos más de bochorno parlamentario. “Cortesía parlamentaria”, “respeto a la separación de poderes”... Todos esos argumentos que han utilizado para silenciar a la oposición los diferentes presidentes de la Asamblea desde 2021, en que Ciudadanos —que presidió la Cámara durante el primer Gobierno de Ayuso— desapareció de la institución, no rigen para los diputados del PP, ni siquiera para la propia Ayuso que ha soltado desde su atril todo tipo de ataques al resto de partidos, a Pedro Sánchez y por supuesto también a sus familiares. Como ejemplo, su intervención entre aplausos de su bancada el pasado 14 de mayo de 2025, con el presidente de la Asamblea mandando callar... a la oposición. Hace solo diez días, el portavoz de su partido Carlos Díaz-Pache volvió a llamar, también desde el atril —y sin recibir advertencia alguna— “autócrata” a Sánchez y cargó contra su familia, sin ningún reproche por parte de la presidencia. Todo, entre vítores de su bancada. Pero tal vez el ejemplo más clamoroso de parcialidad sobre la forma en que se regulan los debates y las iniciativas en la Asamblea de Madrid es la que tiene que ver con el jefe de gabinete de Ayuso, el controvertido Miguel Ángel Rodríguez. A raíz de las amenazas e insultos que vertió contra periodistas de elDiario.es, Más Madrid solicitó que se explicase en el Parlamento pero fue denegado por la Mesa alegando, entre otras razones, que no se trata de un alto cargo de la Comunidad de Madrid y que, por tanto, no debe acudir a la Cámara. Rodríguez figura en el organigrama de la Comunidad de Madrid y en el portal de Transparencia como alto cargo del Gobierno regional como jefe de gabinete de la presidenta con un salario anual de 96.210,60 euros. Preguntado por ello este viernes en un acto donde el Gobierno de Ayuso presumió de ser el Ejecutivo autonómico “que más se somete al control de la oposición” e hizo balance de las visitas que recibe su portal de Transparencia (1,5 millones en 2024) el consejero de Presidencia respondió: “La ley de Gobierno de la Comunidad de Madrid establece que [Miguel Ángel Rodríguez] es un alto cargo pero que no tiene responsabilidades de gestión. Cuando los altos cargos acudimos a la Asamblea de Madrid, explicamos nuestro ámbito de gestión, ya sea Educación, Sanidad... La ley de Gobierno de la Comunidad de Madrid no le otorga ningún tipo de función de gestión, más allá del asesoramiento de la presidenta o el presidente de la Comunidad de Madrid. En todo caso no es una cuestión que le compita resolver a este Gobierno, sino a la Mesa de la Asamblea de Madrid”. Y esa Mesa de la Asamblea Regional, donde Ana Millán, la lugarteniente de Ayuso en el PP, lleva la voz cantante, ha rechazado ya 30 peticiones de comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez y ha llegado a alegar que algunas de esas solicitudes contienen “juicios de valor” o son “reprobaciones encubiertas”, una figura que según los populares no contempla el reglamento de ese parlamento autonómico. En realidad, lo que reclama la oposición es la dimisión de Rodríguez, después de que se haya probado que amenazó a periodistas, que difundió bulos a diversos medios sobre la Fiscalía y tampoco dijo la verdad en el Supremo durante su declaración como testigo en el caso del fiscal general. Hastiados de las trabas a la oposición, Más Madrid presentó el pasado período de sesiones un recurso al Tribunal Constitucional donde acusa a la mayoría conservadora de vulnerar los derechos de sus diputados. El recurso cita el veto a una comisión de investigación sobre los contratos de la pandemia (de los que cobró comisiones el hermano de Ayuso), a otra iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno a auditar la relación entre el grupo Quirón, que es el principal proveedor sanitario del Gobierno regional, al que ha facturado miles de millones de euros en los últimos años, y a la vez el principal pagador de la pareja de la presidenta. También recoge la negativa a las comparecencias de Miguel Ángel Rodríguez. El Constitucional ha admitido a trámite el recurso y de momento lo sigue estudiando. Es la última baza que la oposición pretende jugar para poder cumplir con su labor de fiscalización al Gobierno regional, toda vez que otros órganos que cumplían mínimamente con ese cometido han sido descabezados por el Partido Popular de la mayoría absoluta. Tres de ellos, en un solo día y sin apenas debate. El 13 de noviembre de 2023, unos meses después de lograr su mayoría absoluta, Ayuso tomó el control total de Telemadrid, el Consejo de Transparencia y la Cámara de Cuentas, algunos de los organismos que habían puesto reparos a las políticas del PP cuando no tenía mayoría absoluta, como por ejemplo la venta de las viviendas públicas a fondos buitre por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital. Con su rodillo parlamentario y la aprobación de una ley ómnibus, Ayuso modificó de un plumazo 15 textos legislativos para garantizarse el poder total en las instituciones madrileñas. Que luego ha completado con el nombramiento de Ossorio, un peón del partido al frente de la Asamblea regional.

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