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El delegado del Gobierno en Madrid argumenta que el juez Peinado expone "conjeturas" para juzgarle

El delegado del Gobierno en Madrid argumenta que el juez Peinado expone "conjeturas" para juzgarle
El abogado del Estado, que representa a Francisco Martín en la causa, pide el archivo "dada la inexistencia de delito" y "la absoluta ausencia de indicios de participación" en una presunta malversaciónPeinado copia y pega de una revista jurídica la argumentación de su auto sobre Begoña Gómez y Pedro Sánchez El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, argumenta ante el juez Juan Carlos Peinado que debe archivar la causa en la que ha propuesto juzgarle por presunta malversación porque, al igual que determinó el Tribunal Supremo sobre el ministro Félix Bolaños, no cometió ese delito, y el magistrado solo expone “conjeturas” en su contra. El abogado del Estado, que representa a Martín en la causa en la que el juez Peinado ha propuesto juzgarle con tribunal de jurado por presunta malversación junto a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y la asesora de ésta, Cristina Álvarez, ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el escrito en el que pide al archivo del procedimiento para él, como ya defendió en la vista que se celebró el pasado 27 de septiembre. Ahora, en el escrito en el que oficializa su petición, el abogado del Estado considera “plenamente justificado el sobreseimiento de la causa” respecto a Francisco Martín “dada la inexistencia de delito” y “la absoluta ausencia de indicios de participación” en una presunta malversación, que según el juez habría cometido mientras era secretario general de la Presidencia del Gobierno. Relata que el nombramiento de Francisco Martín como secretario general de la Presidencia tuvo lugar el 20 de julio de 2021, “tres años después de los hechos objeto de investigación”, ya que Álvarez fue nombrada asesora de Gómez en julio de 2018, y así ni participó en esa contratación ni tuvo conocimiento de la misma. Y hace hincapié en que los motivos para no continuar el procedimiento contra él son los mismos que esgrimió el Tribunal Supremo en julio cuando rechazó imputar por el mismo delito y por haber ocupado el mismo puesto -como había propuesto Peinado- al actual ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. “Ni en la querella ni en las diligencias practicadas se ha aportado elemento alguno que vincule personalmente al recurrente con una eventual desviación de caudales o irregularidad en las funciones de doña María Cristina Álvarez”, añade en este punto. Y asegura que “el relato incriminatorio descansa exclusivamente en su posición jerárquica (secretario general de la Presidencia) y nada más, sin señalar actuación concreta ni conocimiento imputable”, de modo que el juez instructor pretende “suplir esa orfandad probatoria con conjeturas”. Subraya que “la contratación de personal eventual para tareas de apoyo fue una decisión administrativa dentro del marco legal vigente” y “con una finalidad institucional lícita”, todo dentro de una “práctica absolutamente normal y habitual en todas las legislaturas desde la entrada en vigor de la Constitución Española”. La presentación de este escrito —que se une a los que han ido presentado todas las partes— se incluye en la pieza separada en la que se investiga la contratación y el desempeño del trabajo de la asesora de Begoña Gómez, que emanó del procedimiento principal en el que el juez Peinado investiga a Gómez, a Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés por posible tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida. Precisamente dentro de este procedimiento principal tendrá lugar este lunes la vista prevista en la ley del jurado para concretar la imputación a los tres investigados a los que el juez ha propuesto recientemente juzgar también con jurado popular, en la que las partes podrán defender el archivo o pedir que siga el proceso.

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