El juez envía a la cárcel a Santos Cerdán a la espera de que aparezca el dinero o sus “cómplices” confiesen

El fiscal jefe Anticorrupción y el magistrado Leopoldo Puente alegan riesgo de destrucción de pruebas tras rechazar hace dos semanas el registro del domicilio del ex secretario de Organización del PSOEEl juez envía a prisión a Santos Cerdán tras su declaración en el Supremo El PSOE tiene a su último secretario de Organización en prisión desde primera hora de la tarde de este lunes. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ordenó que Santos Cerdán ingresara en la cárcel para conjurar el riesgo de destrucción de pruebas tras escucharlo durante dos horas, si bien tanto la petición del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, como el auto del magistrado, se nutren de argumentos anteriores a su declaración, al menos en el bloque principal del auto. El juez considera en el auto de prisión que hay “notabilísimos indicios” de que Cerdán es el cabecilla de una trama de corrupción que adjudicaba presuntamente obra pública a cambio de mordidas, de las que por el momento solo hay alusiones de sus protagonistas, a falta de que aparezca el dinero. El juez atribuye a quien fue número 3 del PSOE los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Hace diez días, el juez rechazó la petición de la acusación popular de registrar la casa de Santos Cerdán para encontrar esas posibles pruebas que ahora trata de preservar con el encarcelamiento de Cerdán y que según el auto estarían en riesgo si el político siguiese en libertad. El juez argumentó entonces que ordenar los registros en el domicilio de Cerdán no sería una medida “útil” porque hacía “varios días” que sabía que le estaban investigando. A falta de conocer si la Unidad Central Operativa (UCO) ha realizado avances en el análisis de los audios y documentación incautada a Koldo García, José Luis Ábalos o los empresarios imputados, nada incorporado formalmente a la causa, que no se encuentra bajo secreto, ha cambiado desde entonces. La ley establece tres motivos para acordar la medida cautelar más gravosa de cuantas se pueden acordar contra un investigado: evitar la reiteración delictiva, la destrucción de pruebas o que se dé a la fuga. Aunque con algunos matices, el juez Puente solo atiende como supuesto sólido el de la destrucción de pruebas para decidir el encarcelamiento. El magistrado, que acostumbra a explayarse en la argumentación de sus decisiones, se esfuerza en “explicar cumplidamente” por qué concurre el riesgo de destrucción de pruebas en el caso de Santos Cerdán y no en los de José Luis Ábalos y Koldo García, quienes comparecieron ante el Supremo la pasada semana y continúan en libertad. En el caso del exministro y su asesor la acusación popular, que lidera el PP, pidió la prisión, pero Anticorrupción no lo apoyó y el juez descartó aplicar la medida. El exministro solo contestó unas preguntas al juez y el fiscal para negar cualquier responsabilidad. Koldo García se negó a responder a cualquier cuestión. Ambos despejaron los rumores acerca de una hipotética colaboración con la justicia para conseguir beneficios a cambio de señalar a Cerdán. El juez explica que, a diferencia de García y Ábalos, contra Cerdán “no ha podido practicarse todavía la indispensable investigación acerca de su verdadera situación patrimonial”. Tampoco, afirma el magistrado, se le pudo registrar el domicilio cuando realmente hubiera sido efectivo, antes de renunciar a su condición de diputado que conllevaba el aforamiento. A Ábalos y García se les han intervenido dispositivos telefónicos e informáticos y su investigación patrimonial está “muy avanzada”. Sin embargo, Cerdán puede “ocultar, alterar o destruir elementos de prueba relevantes en este procedimiento”, abunda el magistrado. La UCO tiene el mandato del juez de investigar sus cuentas y productos bancarios, así como sus bienes inmuebles o vehículos. También está en poder de los agentes el contenido de su correo corporativo del PSOE, donde el juez sospecha que pudo enviar o recibir “ciertas comunicaciones relevantes”. En su escrito, el instructor atribuye a Cerdán un “conocimiento privilegiado” de la trama. Le adjudica el papel de intermediario con las empresas corruptoras, principalmente Acciona, un conocimiento exacto de cada adjudicación y el reparto de las mordidas con el resto de los integrantes de la presunta organización criminal, conformada, además, por terceras personas que el juez todavía no identifica. El juez añade que la relación con Ábalos y García era “vertical”, de Cerdán hacia abajo. En este punto, el juez se atreve a realizar un cálculo del reparto que, a día de hoy, no supera el concepto de mera “hipótesis”, pero que le sirve para obtener una cifra que imputar como obtenida ilegalmente a Cerdán. Dice el juez que Acciona fue, en el periodo investigado, adjudicataria de obras por más de 537 millones de euros. Según las conversaciones, Ábalos y Koldo García habría recibido 550.000 euros y tendrían pendiente de obtener otros 450.000, un millón de euros de mordidas en total. Solo un 1% de la adjudicación, desarrolla el juez, dejaría cuatro millones de euros sin repartir, lo que podría haber obtenido Cerdán, insinúa Leopoldo Puente. La fiabilidad de los audios Con la intención de argumentar la gravedad de la medida de la prisión, el juez dedica gran parte de su auto a desplegar los indicios contra Santos Cerdán, ya recogidos en el informe de la UCO. En este punto hace una correlación entre el análisis de las obras bajo sospecha, expuesta por la Guardia Civil, y los audios incautados a Koldo García, a los que atribuye veracidad. “No se advierte, en definitiva, razón alguna, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de este momento de la investigación, para cuestionar que las mencionadas grabaciones se corresponden con conversaciones efectivamente producidas”, escribe el juez. Y añade que su “contenido resulta en extremo elocuente, –tanto que en una de ellas el propio don Santos reprocha a don Koldo con insistencia que de esos temas no se habla, se escriben en un papel y se rompe–”. A juicio del magistrado, Cerdán no cuestionó durante su declaración de este lunes de forma “inequívoca” su contenido sino que rebajó a que “no recuerda haber mantenido esa clase de conversaciones, que las mismas no se encontrarían completas o que aparecerían, en términos generales, descontextualizadas”. Cerdán, “victimista” El fiscal Luzón acudió a la declaración con sus argumentos para pedir la prisión ya escritos, si bien improvisó la respuesta a algunas de las consideraciones realizadas por el investigado durante la sesión. En este punto, consideró “pobres”, “segadas” e incluso “victimistas” las explicaciones el ex número tres del PSOE, especialmente las que apelan a que la imputación responde a su destacado papel político en la consecución de gobiernos progresistas. Luzón defendió que hay una relevante “carga incriminatoria” en la investigación contra Cerdán y que hay indicios de que ha cometido varios delitos que superan los dos años de condena, para apoyar el riesgo de fuga. En un momento dado, el fiscal ha apelado a la tesis de que, dentro de la trama, fue Santos Cerdán quien llevó la corrupción de Navarra al Ministerio de Transportes. Los audios ofrecen, según el fiscal, “un contexto sólido” y, dentro de ellos, los mensajes intercambiados entre el antiguo secretario de Organización de los socialistas y Koldo García son “expresivos”. El papel de Cerdán en la trama es “decisivo”, apostilló el fiscal jefe Anticorrupción. Según Luzón, Cerdán podría influir en testigos e investigados si quedara en libertad y concurría un riesgo cierto de fuga.

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