Las claves de la huelga de jueces y fiscales: del plan para los interinos a la inclusión de una prueba escrita en la oposición

Todas las asociaciones menos las progresistas convocan tres días de paro contra las reformas del Gobierno sobre el acceso a la carrera y el Estatuto de la Fiscalía La protesta de los jueces contra el Gobierno reúne a cientos de personas frente al Supremo: “Salvemos el estado de derecho” Jueces y fiscales protagonizan a partir de este martes la sexta huelga de la democracia con tres días consecutivos de paros. La convocatoria parte de todas las asociaciones menos las dos progresistas, que ven una amenaza a los “principios básicos del Estado de Derecho” en los proyectos con los que el Ejecutivo pretende modificar el acceso a la carrera y el Estatuto de la Fiscalía. Los convocantes piden una retirada total de esos proyectos, que también incluyen medidas como el blindaje por ley de becas para opositores. En diferentes comunicados hechos públicos en los últimos días, las asociaciones han esgrimido sus argumentos para unas jornadas de paro a las que precedió una concentración ante el Tribunal Supremo el pasado sábado a las decenas de jueces y fiscales acudieron vestidos con las togas que tienen la obligación de vestir en los actos procesales. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha calificado de “infundados” los motivos de la protesta y ha defendido que “ni una sola línea de las reformas de la Justicia afecta ni a la independencia judicial ni al Estado de Derecho”. El plan para hacer fijos a mil jueces interinos En el centro de la polémica está el plan para regularizar a un millar de jueces y fiscales sustitutos que cubren bajas y sacan adelante juzgados en situaciones precarias. El proyecto prevé un proceso abierto y no se limita a quienes han desempeñado esas funciones dentro de las carreras judicial y fiscal, aunque sí está pensado “especialmente” para quienes llevan años en esta situación. Los aspirantes deberán acreditar cinco años de ejercicio profesional jurídico para poder presentarse a un dictamen práctico al que seguirá una fase de méritos. Ningún juez sustituto logrará una plaza directamente. Según las asociaciones, este proceso “no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios”. Y otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal, tras las prácticas, sin equipararse en exigencia al proceso ordinario del turno libre, que requiere una preparación superior a los cinco años de media. En el Ejecutivo defienden que se celebrará un concurso-oposición de acuerdo a los criterios de “igualdad, mérito y capacidad fijados por el Tribunal Constitucional” y aseguran que la estabilización viene obligada por la Comisión Europea. En paralelo, el Gobierno ha asegurado que convocará 1.440 plazas del turno libre en los próximos tres años. Este plan es criticado también por la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que no secunda la huelga. Según esta asociación se deberían exigir al menos diez años de experiencia profesional —tal y como se contempla para la entrada por el llamado cuarto turno que existe desde 1985— y el proceso debería limitarse únicamente a quienes han desempeñado tareas de jueces sustitutos. La reforma del Estatuto fiscal El otro gran proyecto que los convocantes piden retirar es la nueva redacción del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que ya estaba prevista en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que incluye una transferencia de funciones de jueces a fiscales y que pasarán a dirigir las investigaciones y a decidir los pasos a dar para esclarecer los delitos. La reforma establece que el mandato del fiscal general del Estado será de cinco años y ya no coincidirá con el del Gobierno. También reduce las funciones del Consejo Fiscal, el órgano consultivo del Ministerio Público en el que la mayoría de sus miembros son elegidos por sus compañeros, entre otras medidas. Las asociaciones creen que la reforma del Estatuto de la Fiscalía supone “un grave retroceso en la autonomía del Ministerio Fiscal”. Sostienen que se da incluso pasos atrás, al “incrementar injustificadamente” el poder del fiscal general del Estado “sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora”. También han criticado que se proponga precisamente ahora, en un momento convulso en el Ministerio Público, con el fiscal general, Álvaro García Ortiz, al borde del banquillo tras la querella que presentó la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero esta reforma no entrará en vigor hasta el año 2028 y, en consecuencia, no afectará a García Ortiz, que deberá dejar su cargo, como tarde, en julio de 2027. La “excelencia” en el acceso a la carrera Uno de los pilares del proyecto de Justicia es una reforma integral del actual modelo de oposiciones del turno libre, en el que prima la capacidad de memorizar normas jurídicas a través de la superación de un test y dos ejercicios orales. La nueva regulación suprime una de las dos pruebas orales e introduce una prueba escrita y anonimizada que consistirá en un caso práctico, tal y como ocurre en otros cuerpos como los notarios, los registradores o los abogados del Estado. Según los convocantes, el cambio supone “rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial” e “introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”. Fuentes del Ejecutivo reiteran que las pruebas memorísticas —un examen tipo test y una prueba oral— no se eliminan. Y que lo que se hace es introducir un caso práctico que permite evaluar otras aptitudes necesarias para el ejercicio de la jurisdicción, como la capacidad de redacción, la argumentación jurídica o la aplicación del derecho a casos concretos. El centro público de preparación de opositores La reforma también acaba con la preparación de oposiciones como un negocio eminentemente privado, en el que siguen existiendo pagos en B. Así, pretende convertir el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), ubicado en Madrid, en un espacio público de preparación de oposiciones para jueces y fiscales. Además, el objetivo es que el CEJ llegue a acuerdos con otros entes provinciales para que los opositores que no residan en la capital tengan la oportunidad de acudir allí para preparar parte de sus oposiciones. Los convocantes cuestionan que se pretende crear “un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales”. En el Gobierno insisten en que la voluntad es que el CEJ se convierta en un lugar asequible y con presencia en todo el territorio para preparar las oposiciones. Pero ni será obligatorio prepararlas allí ni se intervendrá en los contenidos de la preparación de cada preparador que preste allí sus servicios. Tampoco se hará ninguna selección para crear un cuerpo de preparadores. Los cambios en el órgano que vela por la ética de los jueces Los convocantes cuestionan la politización de la Comisión de Ética Judicial, un órgano independiente del CGPJ cuya función es orientar sobre la interpretación de los principios de ética judicial. En la actualidad está compuesta por seis jueces elegidos de forma directa por sus compañeros. Estos seis jueces eligen, a su vez, a un académico experto en ética o filosofía del derecho. Este modelo ha provocado que miembros y exintegrantes de las asociaciones conservadoras de la judicatura copen sus principales puestos. Este órgano avaló las concentraciones de jueces vestidos con togas contra la amnistía. El proyecto amplía la composición de este órgano con un total de cuatro catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral que serán designados por el Congreso y el Senado. Para lograr una mayor representación de los diversos grupos parlamentarios, cada diputado o senador votará a un solo candidato y resultarán elegidos los dos que obtengan el mayor número de votos. Los jueces, que seguirán siendo elegidos por sus compañeros, seguirán siendo mayoría con un total de cinco representantes. Coto a las subvenciones de las asociaciones La reforma también prohíbe todo tipo de patrocinio o subvención privada para las asociaciones profesionales judiciales, que ya reciben dinero público para su mantenimiento. El Gobierno argumenta que ese dinero privado puede comprometer su apariencia de imparcialidad. La mayoría de las asociaciones mantienen convenios con el Banco Santander, de quien aseguran recibir importes “muy pequeños” dedicados a formación. Las asociaciones rebaten que “no se refuerza la independencia limitando las fuentes de financiación, sin contemplar incremento de las permitidas” y afirman que el incremento de cuotas de asociados desincentiva la asociación de un colectivo que tiene prohibido por la Constitución el acceso a mecanismos de sindicación.

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