El Supremo blinda al rey emérito ante los tribunales en plena batalla legal contra Revilla y Corinna

Los jueces respaldan los argumentos de Anticorrupción para cerrar el último frente abierto por la gestión de la fortuna millonaria de Juan Carlos I y dejan las manos libres al monarca para impulsar demandas en defensa de su honorEl Supremo rechaza imputar al rey emérito por la gestión de su fortuna Ningún juez español investigará a Juan Carlos de Borbón y Borbón por ocultar su fortuna millonaria a Hacienda. El Tribunal Supremo ha rechazado la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo, con unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él: los decretos de archivo que firmó la Fiscalía en 2022 “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. El espaldarazo llega en plena batalla de honor entre el padre del actual rey, Felipe VI, y dos personas que, en otro tiempo, fueron muy cercanas al emérito: Corinna Larsen y Miguel Ángel Revilla. La Fiscalía investigó durante varios años al rey emérito, analizando sus cuentas y pidiendo información a Suiza, hasta que decidió archivarlo todo. La inviolabilidad que le protegió hasta su abdicación, la prescripción por el tiempo pasado, la falta de pruebas y sus pagos a Hacienda, según dijo Anticorrupción, cerraban el paso a cualquier denuncia o querella que quisiera ahondar en la vida que, durante décadas, Juan Carlos I ocultó a la sociedad española: dinero en Suiza, Luxemburgo y Jersey, fundaciones opacas y donaciones de empresarios. Los argumentos de la Fiscalía sirvieron para evidenciar todo lo que el rey emérito había hecho a espaldas de Hacienda, pero también tuvieron un segundo efecto: blindar al monarca ante cualquier intento de investigación penal. La evidencia se ha materializado en un auto de inadmisión del Tribunal Supremo cuando una docena de juristas e intelectuales, algunos de ellos jueces y fiscales jubilados, han presentado una querella que solicitaba a los jueces que buscaran grietas en los decretos exoneratorios de Anticorrupción. La Sala de lo Penal, con su expresidente Manuel Marchena como ponente, ha confirmado ese archivo y ha puesto el ladrillo definitivo en el muro que separa a Juan Carlos de Borbón del banquillo de los acusados. “Nada ha cambiado tres años después”, dicen los jueces, que justifique saltarse la “razonada y congruente” decisión de la Fiscalía de no denunciar a Juan Carlos de Borbón. La mejor prueba, dice el Supremo, es que la querella no aporta ningún documento nuevo y se limita a una “glosa crítica” de los decretos de archivo de 2022. El auto del tribunal supone, en la práctica, un cortafuegos para cualquier iniciativa penal contra el monarca emérito. No solo porque avala sin matices el archivo de la querella, sino porque también cuestiona que alguien que no sea la Fiscalía o Hacienda puedan emprender este tipo de acciones contra Juan Carlos I. Los juristas e intelectuales, explica, no pueden convertirse en “entusiastas valedores” de la Hacienda Pública cuando pagó sus deudas y la propia Fiscalía ha rechazado denunciarle. La querella solicitaba al Supremo que reconsiderara un aspecto principal de los decretos de archivo de la Fiscalía: que los pagos que Juan Carlos I hizo a Hacienda con las investigaciones ya abiertas no sirvieran para exonerarle porque entienden que ya sabía que estaba siendo investigado y apagó sus fuegos pendientes con el fisco antes de exponerse al banquillo. 65 millones, donaciones y gastos El Supremo reconoce que, efectivamente, para cuando empezó a desembolsar millones de euros ante Hacienda, ya se le habían notificado las aperturas de varias diligencias, pero ninguna sobre un posible fraude fiscal: “No tienen precisamente por objeto la indagación de ningún delito fiscal”, justifican los jueces. Todo lo demás, explican los magistrados en este auto que todavía puede ser recurrido con pocas perspectivas de éxito, queda cubierto por la prescripción, la inmunidad o directamente la falta de pruebas. No hay pruebas, por ejemplo, de que los 65 millones de euros que le regaló la monarquía de Arabia Saudí respondieran a una comisión o a algún tipo de corrupción en los negocios por engrasar la presencia de empresas españolas en la construcción del AVE a La Meca. Los mismos que, después de pasar por las cuentas de su fundación Lucum en Suiza, terminó transfiriendo a su entonces amante, la aristócrata Corinna Larsen, en un banco de Nassau. Los viajes y gastos que corrieron a cuenta de empresarios como Allen Sanginés o la Fundación Zagatka creada por su primo lejano, Álvaro de Orleans, no superaron en la mayor parte de los casos el umbral delictivo de 120.000 euros anuales en impuestos no pagados. Y los que sí superaban esas cantidades quedaron neutralizados por sus pagos a Hacienda. “Se advierte, en sintonía con el criterio del Fiscal, que no son constitutivos de delito, están prescritos o fueron regularizados”, zanja el Tribunal Supremo. Los pleitos del rey emérito La decisión del Supremo de blindar a Juan Carlos de Borbón de forma definitiva da impulso a las batallas legales emprendidas por el rey emérito en defensa de su honor: contra el expresidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y contra la aristócrata alemana que durante años fue su amante y almacenó su fortuna, Corinna Larsen. Revilla fue, durante años, uno de sus grandes valedores públicos hasta que se lanzó a criticar al monarca por las revelaciones sobre la 'cara B' de su vida. El próximo 16 de mayo tendrá que acudir a los juzgados de Santander para un acto de conciliación después de que el padre de Felipe VI le haya demandado por una ristra de intervenciones televisivas denunciando lo que la Fiscalía revelaba diligencia tras diligencias. Además de exigir una rectificación al expresidente cántabro, Juan Carlos de Borbón pide 50.000 euros al político por vulnerar su honor. Su otra iniciativa judicial, buscando salvar su honor a sus 87 años y un lustro después de salir de España para instalarse en Abu Dabi, ha sido interpuesta en Suiza, donde acusa a Corinna Larsen de difamarle. El carpetazo del Tribunal Supremo a cualquier intento de investigar sus cuentas penalmente no implica, necesariamente, el éxito de su demanda civil contra Revilla o su acusación helvética contra Larsen. Los jueces tendrán que decidir si el político cántabro, por ejemplo, se limitó a referirse a lo que la Fiscalía iba desvelando sobre sus finanzas y su fortuna, aunque finalmente no haya tenido que responder por ello en el banquillo de la Sala de lo Penal. En el caso de la aristócrata con la que mantuvo, durante años, una relación sentimental paralela a su vida pública en España, el rey emérito cuenta desde octubre de 2023 con otro documento a su favor: la desestimación de la demanda de Corinna Larsen contra él por acoso y hostigamiento por parte de los tribunales británicos. Los jueces, tanto españoles como suizos, tienen que decidir ahora si el fracaso de las acusaciones penales habilitan a Juan Carlos I para llevar al banquillo a los que han criticado, ante millones de personas, lo que durante años hizo en secreto.

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