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Los Comuns exigen una reunión urgente al Govern tras el varapalo judicial a las sanciones a grandes tenedores

El Tribunal Constitucional ha tumbado parcialmente la ley catalana que obligaba a los grandes tenedores de vivienda a ofrecer un alquiler social a personas vulnerables antes de iniciar un desahucio. Como explica EL PERIÓDICO, el fallo implica que la Generalitat tendrá que archivar 521 expedientes sancionadores por valor de 13 millones de euros, además de devolver 435.000 euros ya abonados por los multados. La resolución judicial no cuestiona el fondo de las sanciones -no ofrecer alquiler social-, sino el hecho de que se impusiera como condición previa para acudir a los tribunales. Según el TC, esta prerrogativa es competencia estatal, no autonómica. El revés afecta especialmente a los casos derivados de la reforma legal aprobada en 2022, que amplió la protección a familias sin contrato vigente o incluso a ocupantes sin título legal.Seguir leyendo....
El Periodico de Catalunya
hace alrededor de 5 horas
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