El Supremo rechaza imputar al rey emérito por la gestión de su fortuna

La Sala de lo Penal inadmite la querella presentada, entre otros, por jueces jubilados y exfiscales, contra Juan Carlos I esgrimiendo los argumentos que usó Anticorrupción en 2022 para exonerarle: la prescripción y sus pagos a HaciendaLa Fiscalía rechaza que el Supremo reabra la investigación contra el rey emérito por su fortuna El Tribunal Supremo ha rechazado abrir una causa penal contra Juan Carlos de Borbón por la gestión de su fortuna. Los magistrados han rechazado la querella que varios juristas, entre ellos magistrados jubilados del Supremo y fiscales, presentaron contra él, alegando que la Fiscalía había cerrado el caso en falso después de investigar durante años. Los jueces esgrimen los mismos argumentos que Anticorrupción para cerrar la puerta a que el rey emérito se siente en el banquillo: o no ven delito, o prescribió o los pagos que hizo a Hacienda llegaron a tiempo para salvarle de una acusación penal. La Fiscalía investigó durante varios años los movimientos millonarios de Juan Carlos I en el extranjero y a espaldas de Hacienda, antes y después de dejar la corona en 2014. Los investigadores concluyeron que el monarca amasó una fortuna sin dar cuentas al fisco español, por ejemplo con los más de 60 millones de euros que le regaló Arabia Saudí, con los viajes que le pagaron empresarios o con el dinero en un 'trust' de Jersey. El Ministerio Público también concluyó que estaba protegido por un triple escudo: la inviolabilidad que le protegió hasta que dejó el trono, la prescripción de buena parte de los hechos y, finalmente, la validez de los pagos que hizo a Hacienda para saldar sus deudas una vez la investigación estaba abierta. Esta nueva querella cuestionaba, entre otras cosas, que esos pagos pudieran exonerar al rey emérito de responder penalmente por sus acciones. La respuesta del Supremo, con Manuel Marchena como ponente, es respaldar los argumentos con los que Anticorrupción cerró el caso sin presentar una denuncia contra él. Los querellantes, dice el tribunal, ha hecho una “selección fragmentada e interesada” del decreto de archivo de la Fiscalía de 2022 para buscar la judicialización del proceso. “En términos jurídicos, nada ha cambiado tres años después para alzar la razonada y congruente decisión de la Fiscalía y acordar la apertura de un proceso penal”, reprocha el Supremo. Los argumentos que usó la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón hace tres años para archivar el caso no pueden ser “reformateados” para “hacerle decir lo que no dice”, calificando la investigación que hizo entonces la Fiscalía de “exhaustiva investigación”. En esta nueva querella, los juristas impulsores de la acción penal “no rebaten ninguna de estas razones, se limitan a instar de esta Sala que repita la investigación, que reclame todos los documentos que han dado apoyo a la decisión de archivo del Fiscal y que, a partir de ahí, recalculemos los plazos de prescripción o del expediente de regulación”, zanja el Tribunal Supremo. El auto del Tribunal Supremo supone un cerrojo aún mayor que el que ya puso la Fiscalía ante la posibilidad de que Juan Carlos I fuera investigado penalmente en algún momento por la gestión de su fortuna. Su aformiento ante la Sala de lo Penal convierte la resolución de Marchena en el antecedente judicial que marcará el paso a cualquier intento posterior, basándose además en los decretos previos de la Fiscalía que nadie recurrió hasta varios años después. El archivo de la nueva querella coincide con la nueva estrategia legal del rey emérito, que en los últimos meses ha emprendido varias iniciativas legales: contra el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla y contra su expareja Corinna Larsen. En el primer caso el acto de conciliación entre ambos, al que no tienen que acudir personalmente, ha sido fijado para el próximo 16 de mayo, y en el segundo caso el pleito ha sido interpuesto en Suiza.

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