El testigo que incrimina a Begoña Gómez reconoció que no pudo lucrarse con el software de la Complutense

“Lo mejor de la cátedra es que el software era gratuito”, afirmó el exvicerrector Doadrio ante el juez Peinado, quien considera “verosímil” la atribución a la mujer del presidente de un delito de apropiación indebida del que no ha reunido pruebasLa Complutense se persona como perjudicada en la causa contra Begoña Gómez El juez Juan Carlos Peinado acordó hace un año sumar los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional a las imputaciones que ya pesaban en ese momento contra Begoña Gómez. El magistrado se apoyó en una querella de la asociación ultra HazteOír para abrir un nuevo frente contra la mujer del presidente del Gobierno en relación con una herramienta informática vinculada a la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense. La tesis de las acusaciones es que Begoña Gómez robó ese software que era propiedad del centro educativo. El juez sigue considerando “verosímil” esa imputación a pesar de que tras casi doce meses de exhaustiva investigación no ha logrado reunir indicios que respalden esta hipótesis. Es más, el sumario recoge incluso documentos y testimonios la contradicen. Uno de esos testimonios es el del que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio, quien ha comparecido en el juzgado en dos ocasiones. Doadrio alertó al juez sobre la existencia de “ciento y pico” correos intercambiados con Begoña Gómez o su asesora, lo que ha servido para apuntalar el delito de malversación por el que también se investiga a la mujer del presidente. Sin embargo, dejó otra afirmación que pone en entredicho la acusación por otro de los delitos investigados, el de apropiación indebida: “[El software] siempre era gratuito para todos los usuarios. Era un buen proyecto que la Complutense tuviera un software (...) gratuito. Era lo mejor de la cátedra”, afirmó ante el juez el pasado enero. Su testimonio resulta clave para entender el desarrollo de la plataforma que centra la imputación por ese delito. Doadrio gestionó el convenio que dio origen a la cátedra y al software y recibió comunicaciones relativas a su gestión. La alusión a que la herramienta era gratuita pone de manifiesto que Begoña Gómez nunca pudo hacer negocio con ella. Y que no hubo, por tanto, ningún ánimo de lucro porque era un programa que ni se ofrece en el mercado ni reporta ganancias, tal y como pone de manifiesto la Fiscalía en uno de los últimos escritos aportados al juez en el que reclama el archivo de la causa. De hecho, en este tiempo, tampoco la Complutense ha planteado conflicto alguno. Pese a ello, la universidad acaba de personarse en el procedimiento como perjudicada. La institución respondió el pasado 6 de octubre al ofrecimiento realizado por el juez Juan Carlos Peinado y aceptó formar parte de la causa “para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño”. La Complutense justifica su decisión en que los hechos objeto de investigación “pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos” para sus intereses. La universidad había pedido en dos ocasiones que le permitiera actuar como acusación si detectaba que hubo un “perjuicio económico”. Ha pasado más de un año desde esa primera petición y ese daño patrimonial no se ha constatado, pero el último movimiento del juez le permite actuar como perjudicada. El software era una aplicación tecnológica diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con los criterios de sostenibilidad, facilitando así su acceso a ayudas públicas. Fue sufragado con fondos de Indra (128.442 euros) y Google (110.000 euros). Pero, al menos hasta la fecha, las acusaciones no han podido probar que esas empresas hayan conseguido trato preferente alguno en sus relaciones con la Complutense, lo que resultaría clave para probar la existencia del delito de corrupción en los negocios La defensa de Begoña Gómez viene alegando que el término Transformación Social Competitiva fue ideado por ella y que propuso a la Complutense que fuera utilizado en la cátedra y alguno de los másteres que impartía. En la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) figura que la mujer del presidente registró las marcas “TSC transformación Social Competitiva” y “Transforma”. Además, los dominios “transformatsc.org”, “transformatsc.es” y “transformatsc.com” fueron dados de alta en una compañía privada de gestión de dominios por una de sus colaboradoras en la cátedra. Pero, según el fiscal, “no consta” que se hayan utilizado fuera de la Complutense, ni que se haya hecho negocio con ellos. En su primera declaración, Doadrio también ratificó que Begoña Gómez no recibía remuneración alguna por la cátedra, lo que rebate el mantra de los “negocios privados” de la mujer del presidente del Gobierno al que aluden de forma insistente las acusaciones que sustentan la causa. “¿Sabe si Begoña Gómez cobraba algún emolumento de la Complutense por su labor pedagógica?”, le preguntó la letrada de Vox, Marta Castro. “Lo tenía más que prohibido exceptuando lo que era el máster. Ahí hubo unas preguntas porque ella cobraba 15.000 euros (...) por la cátedra no puedo cobrar”, respondió Doadrio. En un escrito reciente, el fiscal cifra en 40.000 euros el dinero que Begoña Gómez cobró en una década de la Universidad Complutense, entre 2012 y 2022. De ellos, 8.123 los percibió en los años previos a que Pedro Sánchez llegara a la Presidencia del Gobierno, en 2018. Por otro lado, la declaración del exvicerrector dejó otras afirmaciones que sí refuerzan las tesis de las acusaciones populares en relación con el delito de malversación, que está centrado en las gestiones que realizó Cristina Álvarez, la asistente que Begoña Gómez tiene asignada en la Moncloa y que es un puesto que han tenido todas las mujeres de los presidentes del Gobierno. Doadrio manifestó que Begoña Gómez le visitó en su despacho “cuatro o cinco veces” y que, a partir de ahí, la comunicación pasó a ser principalmente a través de email. “Ella venía a visitarme al despacho, pero debió de venir cuatro o cinco veces y luego casi todo era por correo. Al principio con ella y luego a través de Cristina Álvarez”, afirmó. De hecho, cifró en “ciento y pico” los correos intercambiados con ambas. También afirmó que Begoña Gómez le introdujo a Cristina Álvarez como una persona de su confianza y que, a partir de entonces, la interlocución llegó a ser “casi más” con la asesora, también imputada en la causa. La Audiencia Provincial se basó en su testimonio para avalar que se investigara si la asesora “se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas” para favorecer el “plan delictivo” de Begoña Gómez a través de “la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados”. Durante el primero de los interrogatorios a Doadrio, las acusaciones populares también trataron de averiguar si la creación de la cátedra en 2020 fue fruto de otro tráfico de influencias por ser Begoña Gómez la mujer del presidente del Gobierno. El exvicerrector era en el momento de los hechos el responsable de la creación de las cátedras extraordinarias. De hecho, fue él quien suscribió el convenio junto a los patrocinadores (Reale y Fundación La Caixa) y propuso el nombramiento del profesor Jose Manuel Ruano como codirector. “¿Usted por ser doña Begoña Gómez se sintió obligado a iniciar los trámites para crear esta cátedra?”, preguntó la letrada de Vox, Marta Castro. El exexvicerrector lo negó de forma tajante y dejó otro apunte hasta el momento desconocido: su cercanía al Partido Popular. “No, no, porque yo creo que cuando el rector [Joaquín Goyache] me dice que si yo tenía algún inconveniente se refería a que yo soy un miembro activo del Partido Popular. Entonces, no me siento obligado para nada. Es más, miré toda la documentación. Y yo le dije lo que pienso: si la documentación viene bien, adelante. Pero si no, no. Claro”, afirmó.

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