La iniciativa popular para regularizar migrantes languidece en el Congreso en pleno choque entre Junts y Podemos

Las negociaciones que el Gobierno trató de acelerar antes del verano se interrumpieron tras el estallido del caso Cerdán y los grupos no se han vuelto a reunir en un inicio de curso marcado por el endurecimiento de los discursos xenófobos de la derecha y también de Junts El Gobierno plantea una regularización de migrantes llegados antes del 2025 para corregir los efectos de su nuevo reglamento El auge de la extrema derecha en España que pronostican todas las encuestas ha conseguido colocar en la opinión pública la cuestión de la inmigración como problema y ha arrastrado a las formaciones tradicionalmente conservadoras a discursos cada vez más escorados. El Congreso es un termómetro directo de ese cambio: en las últimas semanas los diputados han votado varias propuestas relacionadas con las personas migrantes mientras la iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria de más de medio millón de personas sigue estancada en el trámite parlamentario. Esta semana la Cámara Baja debatió la toma en consideración de una ley pactada entre Junts y el PSOE para traspasar las competencias de inmigración a Catalunya. El texto no salió adelante con el rechazo de PP, Vox y Podemos, que cree que detrás de la iniciativa se esconde una pelea de los independentistas con el partido xenófobo de Aliança Catalana. Esa pugna alrededor de la inmigración entre los dos partidos frena las pocas esperanzas de los grupos para impulsar las negociaciones de la ILP, en barbecho desde antes del verano. Todas las fuentes involucradas en la negociación de esa iniciativa reconocen que el diálogo está totalmente parado desde el verano. En mayo, el Gobierno aceleró los contactos con los grupos y les llegó a plantear un borrador con la idea de alcanzar un acuerdo antes del parón de agosto. El detonante de aquel despertar por parte del Gobierno fueron las críticas recibidas por el nuevo reglamento de extranjería, que empujará a miles de solicitantes de asilo a la irregularidad. El Ejecutivo presentó a los grupos un borrador que planteaba conceder los papeles a migrantes llegados a España antes del año 2025, siempre que cumplan una serie de requisitos por concretar. El texto original de la ILP que tomó en consideración el Congreso, tras reunir más de 800.000 firmas, apostaba por una regularización extraordinaria sin condiciones, que permitiese conseguir los papeles a aquellas personas que no lograban obtener la residencia debido a la dificultad para cumplir los distintos requisitos incluidos en la vía ordinaria. Pero las enmiendas de los grupos pusieron de manifiesto los problemas para poner de acuerdo a la heterogénea mayoría con la que el Gobierno cuenta para sacar las leyes en esta legislatura. En resumen, se plantearon tres bloques de enmiendas. Las del PP y el PNV, que buscan asociar la autorización de residencia con un contrato de trabajo o algún tipo de actividad económica. Las de Junts, que condiciona cualquier negociación al traspaso de competencias a Catalunya. Y las de las fuerzas de izquierda, pactadas con el movimiento Regularización YA, con la idea de que la ley abarque el máximo tiempo posible, atado a la futura fecha de entrada en vigor del texto. El PNV, no obstante, se mostraba antes del verano receptivo a negociar con el Gobierno. En su enmienda, vinculaban la autorización de residencia con la existencia de un contrato de trabajo o algún tipo de actividad económica, sin excepciones. Presentaron una propuesta muy detallada, con un gran número de casuísticas, pero todas con el foco puesto en la incorporación laboral de los beneficiados, lo que a juicio de los principales impulsores de la iniciativa se aleja del objetivo humanitario de la misma y podría dejar a “mucha gente atrás”. Fuentes del grupo vasco aclaran no obstante que más allá de pedir esa vinculación con un contrato de trabajo son “plenamente conscientes” de que muchas personas “pueden estar en una situación de especial vulnerabilidad”. “No nos cerramos a analizar si existen otras causas que puedan ser suficientes para la regularización, como personas vulnerables por enfermedad o edad, en trámite de asilo, menores u otros, pero entendemos que la causalidad debe estar bien definida, así como el procedimiento”, sostienen. El problema es que las prisas del Gobierno se frenaron en seco tras el estallido del caso Santos Cerdán y las conversaciones nunca se volvieron a retomar. “Antes del verano el Gobierno estuvo muy implicado, tenía muchas prisas, estábamos presionando a los grupos, pero explotó el caso Cerdán y explotó la ILP”, asegura un diputado de la comisión que aborda la regularización. Este miércoles, la ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, pidió a los grupos llegar a un “punto de encuentro”, a un “terreno común” a partir del cual avanzar en el acuerdo. “Es el momento”, dijo. “Los grupos han presentado sus enmiendas, señorías, pero el éxito para la ciudadanía sería llegar a un punto de encuentro, a un terreno común. Creo que hay espacio para avanzar”, dijo en una comparecencia en el Congreso a petición propia. La pugna entre Junts y Podemos Una de las claves de la negociación estaba precisamente en conciliar los intereses más conservadores del PNV y los de partidos como Podemos, que se mantienen firmes en que la iniciativa sea la que presentaron las organizaciones sociales. En Sumar han tratado de acercar posturas con la defensa de una posición intermedia, conscientes de que en esta legislatura es prácticamente imposible una iniciativa de máximos. Una vía que se planteó durante las negociaciones es que hubiese varios criterios con la posibilidad de cumplir algunos de ellos para acceder a la regularización. Pero las voces consultadas coinciden en que los acontecimientos de la última semana entierran todavía más las posibilidades de alcanzar una negociación exitosa, con Junts enconado tras la derrota de su proposición de ley para delegar las competencias de inmigración a Catalunya por el rechazo de Podemos. Ambos partidos se han enzarzado en duras críticas en los últimos días. Después de la votación del martes, en la que los de Ione Belarra tumbaron la ley de Junts, la portavoz de los independentistas, Míriam Nogueras, se quejaba precisamente de la falta de reciprocidad de Podemos y recordaba que ellos votaron a favor de que se pudiese tramitar la iniciativa de regularización. Algunos diputados, de hecho, creen que el movimiento de los cuatro diputados fue un error porque agota las posibilidades de negociación con Junts en la ILP. “Ahora lo veo difícil si Junts responde con la misma lógica destructiva que Podemos”, sostiene un diputado sobre el futuro de las negociaciones de la ILP. Podemos ha pedido como condición para apoyar la delegación de competencias que Junts elimine los contenidos “racistas” de su ley pero también que apoye la iniciativa popular en los términos en los que llegó al Congreso. De hecho, el partido pide desde hace tiempo al Gobierno que la apruebe mediante un real decreto para evitar las demoras de la tramitación parlamentaria. El problema es que esa vía también necesita el concurso de la mayoría de la investidura, en la que están el PNV y los independentistas catalanes. Los grupos de izquierda lamentan que la negociación haya quedado estancada precisamente en un momento en el que la derecha, considera, está logrando instalar los marcos de la conversación sobre inmigración. Hace apenas una semana, el PP vota a favor de una propuesta de Vox para acabar con la regularización por arraigo, la única vía para los migrantes que llevan años en España, así como para ampliar las expulsiones de migrantes. En julio, la extrema derecha planteó una expulsión masiva de inmigrantes, en línea con los postulados del presidente estadounidense, Donald Trump. “Ahora mismo el Congreso está siendo altavoz de discursos xenófobos, lo que han presentado entre Vox, PP y Junts en las últimas semanas es una barbaridad y no hemos sido capaces de contrarrestar con la aprobación de esta ILP”, lamenta el diputado de Sumar Vicenç Vidal.

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