Los socios piden al Gobierno acelerar el plan de regeneración democrática que sigue atascado en el Congreso

El Ejecutivo apenas ha aprobado algunas de las medidas que podía impulsar sin pasar por la Cámara Baja, pero siguen en vía muerta la reforma de la ley mordaza o la de secretos oficiales Las 31 medidas del plan de regeneración del Gobierno: de la reforma de los secretos oficiales al plan de medios Más de un año después de la pausa que se tomó Pedro Sánchez para valorar si seguía en el cargo, el plan de regeneración democrática que su Ejecutivo impulsó el Gobierno apenas ha tomado vuelo. El Consejo de Ministros ha aprobado un puñado de iniciativas, pero el grueso de las medidas tienen que pasar por el Congreso y apenas han dado pasos en los últimos meses ante la incomodidad de los socios de investidura, que piden a la coalición acelerar los trabajos parlamentarios para sacar adelante el plan. La idea de este paquete de medidas partió de la idea de que se deben reforzar algunos elementos de control del sistema democrático como el de los medios de comunicación ante la proliferación de pseudomedios de extrema derecha en los últimos años que basan su trabajo en la publicación de bulos, noticias tergiversadas o directamente falsas. La sensación entre los socialistas y también entre los socios de investidura es que hay una convergencia de intereses políticos y mediáticos para atacar a las fuerzas progresistas y en este caso también al Gobierno. Esa idea llevó a Sánchez a anunciar el pasado julio un paquete de medidas en esta línea, que cristalizó unos meses después en una lista de 31 puntos que anunció el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una rueda de prensa en el Consejo de Ministros. Medio año después y a pocas semanas de que termine el periodo de sesiones esa batería de propuestas está prácticamente en blanco. Entre las principales ideas que anunció el Gobierno está la creación de una ley para que los medios hagan pública su propiedad y detallen cómo se financian. En su comparecencia en julio, Sánchez también anunció la actualización de la Ley de Publicidad Institucional para “limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios para que no haya ninguno que tenga más financiadores públicos que lectores”. En aquel momento acababan de comenzar las informaciones sobre los supuestos negocios de la pareja de Sánchez, Begoña Gómez, que después el juez Juan Carlos Peinado ha llevado al límite en su causa contra ella. Un año después, el magistrado sigue buscando en todas partes sostenes para el proceso mientras la Audiencia Provincial de Madrid pone coto a la investigación por falta de indicios. Y el plan de regeneración anunciado apenas avanza ante las críticas de los socios de la investidura. El pasado miércoles, 28 de mayo, en la sesión de control, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, pidió a Bolaños más detalles sobre el calendario para aprobar el conjunto de las medidas. “El lawfare, las campañas de desprestigio, la persecución judicial y política contra disidentes políticos no es algo nuevo en España. Lo conocemos bien, en Euskal Herria y en Catalunya. ¿Pero qué ocurría? Que hasta ahora algunos miraban para otro lado o incluso lo justificaban. Lo curioso, lo paradigmático en este momento, es que quien es la principal víctima de esa campaña es el propio Gobierno. Para derrocarlo”, le dijo. “Teniendo en cuenta que en este momento estamos en el momento álgido de esas campañas de persecución y de ataque, me gustaría saber qué calendario manejan, porque tenemos toda la maquinaria en marcha y tenemos a los mayores pirómanos que están detrás de toda esa campaña anunciándose como los bomberos de la situación”, le advirtió. El ministro de Justicia le aseguró que ya están o en marcha o aprobadas casi la mitad de las 31 medidas que se anunciaron y que la voluntad del Ejecutivo es que la práctica totalidad estén en marcha en este 2025. También anunció que en las próximas semanas el Consejo de Ministros aprobará una de las medidas dentro del paquete, la reforma de la Ley de Protección de Derecho al Honor. “¿Para qué? Para que las personas que se vean difamadas injustamente puedan tener una reparación justa. Buenas noticias para los demócratas. Malas noticias para los acosadores y los difamadores”, dijo. El Gobierno ciertamente ha aprobado de forma definitiva algunas medidas, aunque son pocas y no están entre las más importantes del plan. Entre otras, ha puesto en marcha una autoridad independiente para proteger a quienes denuncien ilegalidades ante la Justicia, ha ampliado la plantilla de la Fiscalía con 79 plazas y la creación de dos nuevas fiscalías centradas en delitos económicos y contra la administración y ha impulsado el inicio de un paquete de ayudas para la digitalización de medios de comunicación, con un primer desembolso de 35 millones de los 125 previstos. También se ha empezado a poner en marcha la creación de una estrategia nacional contra la desinformación. Todas estas medidas se han podido activar gracias a reales decretos que dependen exclusivamente del Gobierno; las medidas que dependen del parlamento van mucho más lentas aunque algunas todavía no han salido del Consejo de Ministros hacia el Congreso. Sin ir más lejos, el plan para crear un registro de medios todavía está trabajándose en el seno del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, liderado por Óscar López, que en febrero aprobó un primer anteproyecto de ley que debe pasar en segunda vuelta por el Consejo de Ministros antes de viajar a las Cortes. La segunda parte del plan sobre medios, la ley para regular la publicidad institucional, figura en el plan normativo para este año, pero todavía no hay más noticias. En una situación parecida está la reforma de la ley electoral para hacer los debates obligatorios y forzar a las encuestadoras a que publiquen los microdatos de sus sondeos. Algo más avanzado va el texto con el que el Gobierno busca regular los grupos de interés, que llegó hace unas semanas al Congreso y pasó su primer trámite. Sin reforma de la ley mordaza El Gobierno anunció el plan de regeneración democrática después de varias conversaciones con los grupos parlamentarios, que incluyeron algunas demandas. Muchas de ellas son reclamaciones que el bloque que sustenta la investidura lleva reclamando desde hace varios años, como la nueva ley de secretos oficiales, un empeño especial del PNV, sobre la que no hay ningún tipo de avance. Tampoco lo hay sobre la reforma de los delitos de libertad de expresión, una vieja reivindicación de la izquierda para despenalizar las injurias a la corona o las instituciones religiosas. De momento, hay una ley registrada pero en barbecho impulsada por Sumar. Este punto llegó a protagonizar un choque entre los dos socios del Gobierno durante las negociaciones para cerrar el plan de medidas. El Gobierno sí consiguió un gran avance a finales del curso pasado en la que es sin duda una de las grandes ambiciones de estos partidos, la ley mordaza que impulsó Mariano Rajoy para cercenar el derecho a la protesta y que está a punto de cumplir diez años en vigor. Aunque el compromiso que figuraba en el paquete de regeneración era muy escueto, el PSOE negoció con EH Bildu una amplia reforma que contenía las principales demandas de los independentistas vascos y también de ERC. El texto que ambos partidos registraron en el Congreso fue tomado en consideración, pero hasta ahora ha habido poco movimiento, según las fuentes al tanto de esas negociaciones. Todo ello pese a que la idea era que la norma no cumpla esa línea roja de los diez años desde su puesta en marcha. Críticas de los socios Además de EH Bildu, los socios suelen recriminar en sus preguntas al Gobierno la falta de avances en muchas de estas medidas. Más allá de la complejidad parlamentaria, los grupos creen que es el PSOE el que tiene que empujar con más fuerza para armar los acuerdos necesarios en el Congreso. Mucho más en un aspecto, la regeneración democrática, en el que la mayoría de investidura está mucho más de acuerdo que en el flanco de las medidas sociales. La líder de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz, recordó de hecho la pasada semana las tareas “pendientes” que el Gobierno tiene en este ámbito. “No son medidas frente a nadie, nuestro país tiene tareas pendientes, como las más de 19 recomendaciones del GRECO pendientes de sacar adelante”, dijo en una entrevista en Radio Euskadi sobre esas medidas contra la corrupción, precisamente en una semana en la que han aparecido publicados una serie de audios en los que una militante del PSOE maniobra para encontrar pruebas contra la Guardia Civil. “Tenemos que dar un paso adelante para tomar cuantas medidas sean precisas y evitar lo que estamos viendo. Es un problema estructural en nuestro país y ha llegado el momento de abordar este tema en serio”, redundó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. En otra sesión de control de mayo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, advirtió a Sánchez de que la derecha estaba perpetrando un “golpe blando” con su ofensiva política, mediática y judicial. “¿Qué van a hacer? ¿Qué más les tiene que hacer la derecha y la otra derecha y la derecha catalana de este país para que reaccionen? De momento lo que hacen es repartirse los jueces con la derecha, comerciar con un Estado genocida como Israel, frenar la ley de viviendas con la derecha catalana y dejar que se carguen la reducción de la jornada laboral”, le apremió. Podemos lamenta que no haya novedades tampoco en este frente y el BNG cree que las medidas contempladas en el plan tienen que “implantarse con celeridad”. “Ya no solo porque es un compromiso que ha asumido el Gobierno para caminar en la democratización del Estado, sino que es necesario avanzar en la conquista de derechos y libertades”, sostienen fuentes de la formación.

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