Miguel Ángel Rodríguez: año y medio de ataques a los jueces y fiscales que han investigado a la pareja de Ayuso

El jefe de gabinete de la presidenta cuestiona a la magistrada que ha abierto juicio contra González Amador tras haber arremetido contra la fiscal responsable de su denuncia de fraude fiscal ante el silencio del Poder Judicial y las asociaciones conservadorasLa pareja de Ayuso enfila el banquillo por un fraude a Hacienda que prolongó durante su relación con la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, llevan año y medio desacreditando a los jueces y fiscales que han investigado por fraude fiscal a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde la fiscal provincial de Madrid hasta la jueza que ha enviado a Alberto González Amador al banquillo, los ataques de las caras visibles de la Comunidad de Madrid chocan con el discurso del Partido Popular y se suceden ante la pasividad de las asociaciones mayoritarias y conservadoras de jueces y fiscales y del Consejo General del Poder Judicial. El último ataque ha llegado a través de la cuenta de la red social X de Miguel Ángel Rodríguez, donde el jefe de gabinete de Ayuso acostumbra a comentar o vaticinar la actualidad de las causas judiciales con dimensión política con expresiones como “pa’lante”. En esta ocasión, ha cargado contra la jueza Carmen Rodríguez-Medel por abrir juicio oral a González Amador, acusado de defraudar 350.000 euros usando facturas falsas. “Resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto”, escribió Rodríguez. Menos de 24 horas después, el PP de Feijóo desautorizaba las palabras al decir que no creían en el “lawfare”. Por el momento, solo dos asociaciones judiciales han realizado comunicados en defensa de esta magistrada tras el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez: la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente. La Asociación Profesional de la Magistratura, que ha cargado con dureza y de forma pública cuando políticos como Pedro Sánchez han criticado a jueces, ha optado por guardar silencio. Rodríguez-Medel es la última en una larga lista de funcionarios en recibir los ataques del entorno de Ayuso por su relación con la causa de fraude fiscal de su pareja. La magistrada, provisionalmente encargada de tramitar estas diligencias, ha protagonizado diversas investigaciones relevantes en la última década. Imputó y llevó a juicio a Cristina Cifuentes por el caso Máster desvelado por elDiario.es, también trató sin éxito de que se abriera una causa al exlíder del PP Pablo Casado por otro título dudoso, y finalmente lideró la causa judicial en la que investigó al Gobierno de Pedro Sánchez por permitir la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020, en las primeras semanas de pandemia. La jueza a la que Miguel Ángel Rodríguez define ahora como “hermanita” de un mando de la Guardia Civil ascendido el año pasado fue, por tanto, la magistrada que abrió una causa contra el entonces delegado del Gobierno de Madrid a instancias de un abogado estafador por permitir esa concentración feminista. La causa terminó archivada, pero, por el camino, supuso una de las mayores crisis de la Guardia Civil en democracia y fue usada por el PP y Vox como munición política contra el Gobierno en la pandemia. Sin respuesta del Poder Judicial No se espera que el último embate de Rodríguez tenga respuesta por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya presidenta, Isabel Perelló, sí pidió frenar las “descalificaciones” a los jueces poco después de que el presidente del Gobierno afirmara que algunos miembros de la carrera judicial “hacen política”. Lo hizo en el acto solemne de la apertura judicial, donde insistió en que esas críticas “son inoportunas y rechazables”. Y después de que el bloque conservador del órgano le pidiera visibilizar su “rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo” a raíz de las citadas palabras que Sánchez. Las palabras del jefe de gabinete de Ayuso no han gustado a la mayoría de los vocales progresistas, que consideran que “debilitan la confianza en la independencia del Poder Judicial y generan confusión en la ciudadanía al ignorar las reglas básicas del funcionamiento de tribunales”. No obstante, distintas fuentes reconocen que en ningún momento ha estado encima de la mesa la posibilidad de promover ninguna acción coordinada dentro del órgano para reprobar estas consideraciones. De acuerdo a las fuentes consultadas, el sentir mayoritario dentro de este sector es que los jueces son servidores públicos que deben estar a expensas de la “crítica razonable”. Y, aunque enmarcan las declaraciones de Rodríguez en un “ataque directo” y “poco acorde con la lealtad institucional” que deberían tener todos los cargos públicos, no creen que el órgano deba reaccionar cada vez que desde el ámbito político se hagan apreciaciones sobre el trabajo de los jueces. De Hacienda a la fiscal de Madrid Ayuso y su entorno, con y sin micrófonos, se lanzaron a atacar a cualquier empleado público relacionado con el caso de su pareja la misma mañana en que elDiario.es desveló que había sido denunciado por fraude fiscal. El primer objetivo fue Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid y superior jerárquica del fiscal que investigó y denunció al empresario. La presidenta madrileña cuestionaba veladamente la posición de la Fiscalía en el caso de su pareja horas antes de que su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, pusiera en circulación el gran bulo del caso: que un fiscal había ofrecido un pacto silencioso a González Amador para zanjar el caso de forma discreta, pero que se había retirado por “órdenes de arriba”. Rodríguez difundió entre decenas de periodistas la mentira poco después de que la presidenta regional pusiera la sombra de la duda sobre Rodríguez. Las críticas contra la Fiscalía, desde el fiscal general hasta el fiscal del caso, se han sucedido durante meses sin que la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales o el Consejo Fiscal hayan emitido ningún tipo de comunicado en defensa de sus compañeros. También se han enmarcado en una estrategia más amplia: asegurar que González Amador está siendo “asediado por todo el poder de un Estado” a través de una “inspección fiscal salvaje” y una Fiscalía a la que ha acusado en decenas de ocasiones de actuar a las órdenes de Pedro Sánchez para perjudicar su carrera política a través de su pareja. Este mismo martes Ayuso ha insistido en que todo fue una “inspección fiscal” y ha intentado dar a entender que la causa judicial contra su pareja ha avanzado a medida que ha sido necesario para el Gobierno opacar los avances judiciales de las causas contra el fiscal general, la esposa o el hermano de Pedro Sánchez. Los métodos de Ayuso y su entorno chocan con la estrategia del Partido Popular y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, que han hecho de su supuesto respaldo a los jueces uno de los ejes de su tarea de oposición al Gobierno.

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