Sánchez invita a las eléctricas a presentar un plan para prolongar las nucleares siempre que asuman los costes

El presidente tacha al PP de "lobista" de las grandes empresas y rechaza vincular el apagón con las renovables: "Es irresponsable y una gigantesca manipulación"El apagón pone el foco en el mix energético en plena ofensiva de la derecha por las nucleares Apenas había terminado de restablecerse el suministro eléctrico cuando la semana pasada el debate público ya había sido impulsado por quienes vieron en el gran apagón del 28 de abril un terreno abonado para señalar a las energías renovables y reivindicar la nuclear. En ese contexto, el presidente del Gobierno no esperó este miércoles siquiera a su turno de réplica para confrontar con la bancada de la derecha durante su comparecencia en el Congreso. Pedro Sánchez llegó a llamar “lobistas amateur” de las grandes empresas energéticas a los diputados de PP y Vox. Y lanzó un mensaje explícito a esas compañías, a las que pidió una propuesta formal sobre el futuro de las centrales nucleares siempre y cuando asuman tres requisitos previos. “Si las empresas acuerdan entre ellas otro calendario que prorrogue las centrales, las escucharemos como escuchamos a todos los sectores. Pero lo haremos siempre y cuando se cumplan tres requisitos de absoluto sentido común. El primero, que esa prórroga garantice la seguridad de los ciudadanos. Segundo, que sea económicamente viable y no sea a costa del bolsillo del contribuyente, sino de los ultrarricos que presiden esas grandes energéticas que son propietarias de esas centrales. Y tercero, que la medida sea conveniente para garantizar la seguridad del sistema eléctrico”, enumeró. El Gobierno explica que, con sus palabras, el presidente quiso recordar que son siempre las empresas las que tomaron la iniciativa en su día para concretar el calendario de cierre. Y que hasta ahora ninguna de ellas ha movido un dedo para prolongar la actividad de las centrales programadas para el cierre porque, aseguran fuentes del Ejecutivo, ni siquiera esas empresas tienen claro si resulta rentable. Y de ahí que Sánchez subrayara que en ningún caso pasa por los planes de su Gobierno asumir el coste de las inversiones necesarias ni tampoco que esos costes repercutan en la factura de la luz. Antes, el líder del Ejecutivo hizo una defensa encendida de las energías renovables, a las que mantuvo al margen de la crisis de la semana pasada. “El 28 de abril nuestro sistema operaba con niveles de renovables inferiores a los de otros días anteriores. El asunto es un poco más complejo, por no decir mucho más complejo. Vincular el debate a las nucleares es irresponsable y una gigantesca manipulación”, aseguró. En esa línea, Sánchez recomendó a la ciudadanía “desconfiar de quienes les dicen que esto va o de renovables o de nucleares, porque no es así”. Y recalcó que, según los datos recabados, “no hay ninguna evidencia empírica que diga que el incidente se produjo por el exceso de renovables o por la falta de nucleares”. Por eso acusó directamente a Feijóo de no actuar como un dirigente político sino como un representante de las grandes empresas. “Está en su derecho de convertirse en portavoz de los intereses de esas empresas, pero le propongo que lo haga desde la sala de prensa de sus sedes y no desde esta tribuna”, le dijo, tras afearle que introdujera exigencias en materia nuclear en la negociación del paquete de medidas económicas para proteger a la industria española de la guerra comercial con Estados Unidos. “¿Pero qué tiene ver que la velocidad con el tocino, señor Feijóo? ¿Qué línea de puntos une en su cabeza la política ante los aranceles con las nucleares?”, le preguntó. En sus declaraciones públicas, tanto Feijóo como otros dirigentes autonómicos, desde Isabel Díaz Ayuso a María Guardiola, han señalado reiteradamente como culpables del apagón del 28 de abril a las renovables, mientras han colocado a la nuclear como solución a futuros problemas similares. La tesis de Génova es que el apagón se debió a un error en el mix energético, a la falta de “tecnologías de respaldo” o a un abuso de “fuentes inestables”. Con las primeras, el PP se refiere a la hidráulica, el gas o la nuclear. Con la segunda, a la solar fotovoltaica o la eólica. “Aparentan ser los más verdes del mundo y llevaron a España a negro”, le espetó Feijóo al presidente del Gobierno durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. “Tuvo que mendigar energía nuclear a Francia”, aseguró. En su intervención, el líder del PP volvió a defender expresamente a la energía nuclear como compañera inseparable de un mix dominado por la solar o la eólica. “No va de renovables o de nucleares. Va de renovables y de nucleares”, dijo. De hecho, Feijóo recuperó un documento suyo de abril de 2022 en el que propuso al Gobierno un pacto en materia energética en el que se apostaba por “mantener las nucleares”. Desde la dirección del PP se sostiene que las empresas energéticas quieren prolongar la vida de las nucleares, aunque todavía no lo han solicitado formalmente por “complicaciones fijadas por el Gobierno que no se dan en otros países”. Fuentes consultadas por elDiario.es ven una “buena noticia” que Sánchez pueda abrir la puerta a reconsiderar el calendario de cierre de las centrales basadas en el uranio. Eso sí, la decisión de mantener o no las centrales abiertas, aseguran en el PP, es de las empresas. “Si las compañías quieren cerrar, nos parece bien”, defienden en la dirección del principal partido de la oposición. Y las mismas fuentes conceden que “el mix puede sobrevivir con energía de respaldo que no sea nuclear”. El Gobierno espera a las empresas Mientras, el Ministerio para la Transición Ecológica lleva meses invitando a las eléctricas a que planteen una propuesta formal si quieren que se revise el calendario de cierre que acordaron en 2019, antes de la guerra en Ucrania y de la mayor crisis energética en décadas. Lo más inmediato es el futuro de la central de Almaraz (Cáceres), cuyo primer grupo está previsto que cierre en noviembre de 2027, mientras que la unidad 2 cerraría en octubre de 2028. Su futuro depende en primer lugar de que se pongan de acuerdo sus propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy (cuyo negocio nuclear es residual). Antes del apagón, las empresas tenían prevista una reunión para el 20 de mayo para tratar este asunto que se ha aplazado a junio, sin fecha prevista. De entrada, y ante los bajos precios del mercado mayorista de electricidad que han traído consigo las renovables que hacen muy difícil que los reactores operen en el mercado, las eléctricas exigen algo que el Gobierno rechaza, porque entiende que sería una socialización del problema: que se reduzcan los impuestos a los reactores. Tanto las tasas estatales, como las autonómicas, que suponen unos 18 euros por megavatio hora (MWh) producido, como la denominada tasa Enresa, que nutre el Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos. Con esa tasa con la que esta empresa pública recaudó el año pasado 600 millones, los reactores financian (mientras funcionan) el fondo que debe sufragar el coste del desmantelamiento y de la gestión de los residuos nucleares, estimado en 26.000 millones. El fondo, que las eléctricas alimentan desde 2005 (hasta entonces lo pagan los consumidores en su tarifa) acumulaba a cierre de 2023 (último dato disponible) 8.000 millones. Las compañías han recurrido en los tribunales la subida del 30% de esa tasa que el Gobierno aprobó el año pasado para sufragar un nuevo plan de residuos radiactivos que estaba caducado desde 2010 y que se adaptó a la nueva realidad: ante la falta de consenso para construir el almacén temporal centralizado (ATC) en ninguna comunidad autónoma, los residuos nucleares se van a dispersar en siete almacenes individuales (ATIs), con el consiguiente sobrecoste (de unos 2.000 millones). Todo ello, a la espera de un almacén geológico profundo (AGP) para el último tercio de este siglo donde se enterrará esa basura radiactiva que mantiene su peligrosidad durante decenas de miles de años. ¿Qué ocurriría si se rebajara esa tasa? El anterior presidente de Enresa, José Luis Navarro, advertía hace un par de días que llegará el momento en que se producirá una “insuficiencia de fondos” y “el responsable de haber generado esos residuos ya no tendrá ninguna responsabilidad”. Y solo habrá dos alternativas: impuestos o la tarifa eléctrica, como antaño. Lo más inmediato y candente es Almaraz. El protocolo firmado en 2019 por las dueñas de las centrales y Enresa establece que el siguiente cierre llegaría ya en octubre de 2030, con Ascó I (de Endesa), que se ubica en Catalunya, territorio que va muy por detrás del resto en implantación de renovables. Un mes después se clausuraría Cofrentes (de Iberdrola), ya para septiembre de 2032 sería el turno de Ascó II y en 2035 llegaría la clausura de Vandellós II (febrero) y Trillo (mayo).

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