La anomalía del Banco de España: el único banco central que hacía recomendaciones sobre pensiones en Europa

El análisis de los informes anuales y de estabildad financiera de los bancos centrales de los países del euro con mayor gasto público en pensiones (como Francia o Italia) demuestra que las propuestas y recomendaciones de nuestra institución no son comunesEscrivá contesta a las críticas sobre las opiniones del Banco de España: “Meteré el menos ruido posible sobre pensiones” “Yo meteré el menos ruido posible sobre pensiones”, dijo el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, el miércoles pasado, tras presentar a la prensa el nuevo plan estratégico de la institución monetaria. El cambio de posición del regulador sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones —de muy crítica en la etapa del anterior gobernador a ceñirse a la última valoración técnica de la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal)— ha levantado un intenso debate estas semanas y fue una de las razones que precipitó la dimisión del director general de economía, Ángel Gavilán, después de publicar el primer informe anual del Banco de España con el ex ministro al frente, hace apenas 15 días. José Luis Escrivá, que precisamente lideró la última reforma de las pensiones como ministro de la Seguridad Social, defendió que “el Banco de España no tiene capacidad de información ni técnica para aportar sobre el tema de la sostenibilidad de pensiones” al nivel de como lo ha hecho la AIReF, sobre la que la ley descarga la responsabilidad de la evaluación del sistema. Desde 2018 hasta ahora, las recomendaciones del Banco de España han incidido en alargar la edad de jubilación, invertir en planes de pensiones privados, reducir el coste fiscal de estos productos financieros o en no revalorizarlas según el IPC (Índice de precios de consumo), pese a que así lo contempla la última reforma, desde 2021. Una batería de propuestas, casi siempre en el mismo sentido, que el Banco de España se ha esmerado en justificar con proyecciones de envejecimiento de la población, de aumento del gasto público respecto al PIB (Producto interior bruto) y de la deuda de nuestro país. No es común que los bancos centrales nacionales de la zona del euro hagan recomendaciones a sus gobiernos en este tipo de materias. Un análisis de los informes anuales y de estabilidad financiera de los últimos años de los bancos centrales de los países con el gasto en pensiones más elevados de la zona del euro —según el Ageing Report 2024 de la Comisión Europea— demuestra que el Banco de España es el único que incluye en sus principales documentos referencias a la sostenibilidad del sistema público. El estudio se ha realizado con dos inteligencias artificiales que han permitido bucear en las miles de páginas que abarca —más de 100 por cada informe, por 20 años—. Concretamente, ha analizado los informes anuales y de estabilidad financiera de los bancos centrales de Francia, Austria, Bélgica, Italia, Finlandia y Grecia, que son los países que tienen un gasto superior al promedio de la Unión Europea (UE). Algunas conclusiones del estudio son que en 20 años de “relaciones anuales (2004–2023)” de la Banca d’Italia y de informes de estabilidad financiera, los economistas de este banco central no han dedicado ninguna sección ni párrafo a la sostenibilidad de las pensiones, ni a posibles reformas del sistema público italiano, cuyo gasto alcanzó el 16,1% del PIB en 2024, frente al 12,9% de España. Lo mismo ocurre con los informes de referencia de la Banque de France, que están dedicados a exponer la actividad de la institución en materia monetaria, de estabilidad financiera supervisión bancaria y de gestión de sus propios recursos, pero no contienen análisis ni comentarios sobre el sistema público de pensiones nacional, cuyo peso en el PIB del 14,4%. Esta es la norma en el resto de bancos centrales, en Finlandia, en Austria, en Grecia... Referencia al informe “vinculante” de la AIReF Según argumentó el gobernador José Luis Escrivá, “si la institución [española] en algún ámbito hace una aportación genuina, complementaria, la sacará. Pero cuando realmente ha salido unas semanas antes un informe de la Autoridad fiscal con ese nivel de detalle, con ese nivel de exhaustividad, hay que decir que ahí está lo que ha dicho la AIReF, y es lo que hace el [último] informe anual, recoger esa pieza completamente”. A finales de marzo, la Autoridad Fiscal concluyó que se cumple el gasto en pensiones, según el marco previsto y pactado con la Comisión Europea, por lo que no habrá que hacer ajustes adicionales, según se explica en esta información. Esta evaluación era vinculante para el Gobierno, mientras que ningún documento similar del Banco de España lo sería, puesto que su mandato se limita a “asesorar” a los ejecutivos en las políticas económicas y financieras. Además, José Luis Escrivá defiende que “ningún banco central opina sobre distribución de renta, porque no tenemos legitimidad democrática”. Según añadió, “las decisiones sobre impuestos o cómo se redistribuye el gasto... Esto lo tiene que decidir el Parlamento y los gobiernos. Somos muy cuidadosos en eso”. En los últimos años, los del ex gobernador Pablo Hernández de Cos —nombrado por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy en 2018 y que designo a Ángel Gavilán como director general de economía en 2022—, el Banco de España se ha posicionado en contra o ha cuestionado políticas y reformas como la de las pensiones, pero también la laboral, la subida del salario mínimo (SMI)... Unos años de anomalía comparativa con el resto de bancos centrales del Eurosistema marcados por el sesgo ideológico conservador del regulador financiero en nuestro país. Más crítico con las reformas de los gobiernos progresistas Ese sesgo conservador del Banco de España se puede detectar en el contenido de las recomendaciones sobre pensiones y en el tono según el color del gobierno de cada etapa. Hasta 2010, apenas había referencias a la sostenibilidad del sistema. A partir de ese momento, pasó a ser muy crítico, en los estertores de los ejecutivos del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, en plena crisis financiera. En cambio, las reformas de 2011 (PSOE) y 2013 (ya con gobierno del PP) recibieron un enfoque neutral de la institución monetaria, pese a que no se conseguían aplicar elementos básicos de la reforma de 2013, como el factor de revalorización y el de sostenibilidad. En 2014, se crea la AIReF, pero los informes del Banco de España no hacen referencias a sus valoraciones sobre la reforma de pensiones de 2013. En 2018, algo antes de la formación del primer gobierno de Pedro Sánchez, los economistas del regulador se enfocan en “las tensiones demográficas”. Desde ese momento, el Banco de España adopta una posición muy crítica con la sostenibilidad de las pensiones que sobre todo enfatiza en 2022 y 2023, años en los que hace referencias mínimas a los estudios de la Autoridad fiscal. Hasta el informe anual de este 2024 —presentado este 2025, el primero de José Luis Escrivá como gobernador—, en los últimos ejercicios, la institución monetaria asume parte de ese papel e incide en su “preocupación estructural”, por la urgencia de las presiones demográficas y la fragilidad de la sostenibilidad financiera. En 2023, refuerza la crítica con proyecciones y distintos escenarios. En junio de 2022, en la presentación del informe anual en el Congreso de los Diputados, el ex gobernado Pablo Hernández de Cos pidió que las pensiones no se actualizaran ese año según el IPC (Índice de precios de consumo), justo en el peor momento de la reciente crisis de inflación y pese a estar establecido así en la reforma de 2021. Unos meses después, elDiario.es desveló los detalles del generoso fondo privado de pensiones del que disfrutan los trabajadores de la institución, que es una fórmula que el Banco de España ha incluido entre sus recomendaciones. “El ahorro privado puede desempeñar un papel relevante como complemento de las prestaciones ofrecidas por el sistema público de reparto”, recoge su informe anual de 2021. “Un trabajo reciente del Banco de España sugiere que realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo puede ser un instrumento útil para generar nuevo ahorro destinado a la jubilación”, añade. En 2020, el ex gobernador del regulador también criticó que en los Presupuestos se recogieran los incrementos del 0,9% de las pensiones y de los sueldos de los empleados públicos. A pesar de la exigua subida, Pablo Hernández de Cos sostuvo que no consideraba adecuados estos incrementos en un contexto de “fragilidad de la economía”. En el análisis comparativo con otros bancos centrales, fuera de los informes anuales y de estabilidad financiera, sí que se pueden encontrar documentos técnicos concretos sobre pensiones de la Banca d’Italia. En esos textos, se insiste en que los parámetros vigentes —edad de jubilación, fórmulas de cálculo, revalorizaciones... — no bastan para afrontar las proyecciones demográficas y fiscales, y se proponen líneas de reforma, como subir la edad de jubilación, ampliar la base contributiva, ajustes automáticos de coeficientes...

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