Muface se reinicia con dudas sobre su futuro

Las tensiones para salvar el convenio, que entró en vigor el 1 de mayo, han hecho evidentes la necesidad de cambios en el sistema: Función Pública afirma que requiere reformas, Sanidad pide que sea la última licitación y la Autoridad fiscal propone que sea voluntarioLos funcionarios tendrán que decidir en mayo entre los seguros privados de Muface y la sanidad pública Muface vuelve a la casilla de salida. Tras la crisis abierta después del verano y una negociación a cara de perro, las aguas volvieron a su cauce este 1 de mayo. El día antes, la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, y Adeslas y Asisa firmaban el nuevo convenio por el que las aseguradoras privadas podrán prestar asistencia sanitaria a más de 700.000 mutualistas y sus familias con cargo a fondos públicos. Una agradecía el trabajo por llegar a un acuerdo, mientras las compañías destacaban la “dedicación y voluntad” del ministro Óscar López. El pulso terminó con 4.808 millones de euros en el puño de las empresas y una tregua de tres años, hasta el 31 de diciembre de 2027 que dura el nuevo concierto. Más allá de la foto y los mensajes amigables, los tira y afloja de los últimos meses han convertido la renovación del concierto en la negociación de este tipo más dura que se recuerda. Es la primera vez, por ejemplo, que las aseguradoras dejan desierta una licitación y fuerzan al Ejecutivo a elevar la oferta económica hasta en tres ocasiones, hasta rascar 1.276 millones de euros más que en el convenio anterior. En este contexto, este modelo heredado del franquismo y de una época en la que las mutualidades suplían por gremios la falta de una prestación sanitaria pública y universal, ha salido debilitado y la incertidumbre ha reforzado los argumentos de los partidarios de su extinción y ha dado otros nuevos a quienes tienen actitudes más tibias, pero admiten que requiere cambios. “¿Creen que Muface es perfecto? Créanme, no lo es. ¿Requiere reformas? Créanme, las requiere”, llegó a verbalizar el ministro del ramo Óscar López. El propio Ministerio de Función Pública deslizó en medio de la negociación la idea de que era necesaria “una reflexión sobre el modelo”, planteando incluso que los funcionarios elijan entre sanidad pública o privada “para siempre”, pero tres meses después, la mutualidad anunció que incorporaba a la nueva licitación la posibilidad de cambiar no una, sino dos veces al año. Cada mes de enero, los mutualistas pueden elegir entre una de las opciones privadas o la seguridad social. Según los datos de Función Pública, actualmente hay 734.000 titulares y 280.000 beneficiarios acogidos a un seguro privado. A principio de año se activó este periodo pero, en medio de una prórroga forzosa, solo se permitía el cambio de la privada a la pública. “Más de 45.000 personas abandonaron el concierto sanitario durante este tiempo, casi el doble de las personas que se fueron a la Seguridad Social el año pasado”, indican desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) muy combativa por el mantenimiento del concierto, pese a que han denunciado cientos de quejas de mutualistas a los que, aseguran, las compañías cancelaron citas o pruebas médicas a las que tenían derecho. Desde este 1 de mayo, Función Pública ha habilitado un periodo de permuta, entre la Seguridad Social y las compañías Adeslas y Asisa. Además, los asegurados de DKV, que ha dejado el concierto tendrán que elegir a qué compañía pasan o si prefieren la pública. En este largo camino, desde el Ejecutivo habían hecho alusión incluso a un informe que preparaba la Autoridad fiscal. En el Consejo Extraordinario de Muface en diciembre, con el concierto en el aire, la propia Mapelli señaló que en la reflexión de futuro, sería “providencial el informe sobre gasto que está elaborando la AIRef”. El trabajo se dio a conocer a finales de marzo, ya con el concierto enfilado y sin posibilidad de incorporar sus propuestas, como que la mutualidad sea voluntaria. “Esta reforma permitiría racionalizar el sistema y generar ahorros tanto para el funcionario como para las arcas públicas, al eliminar aportaciones de aquellos que opten por abandonar el sistema mutualista”, señalaba el informe. No solo eso. La Autoridad fiscal proponía también “la progresiva incorporación de los nuevos mutualistas” al sistema pública, ante la “ineficiencia” de un sistema dual la “preferencia revelada en los últimos años para la modalidad pública de los nuevos mutualistas de los cuerpos más numerosos”. De hecho, según las cifras de Función Pública, dos de cada tres nuevos funcionarios eligen la sanidad pública. El informe señalaba además un dato relevante que desmonta un argumento clásico de las aseguradoras, que hacen hincapié en que el importe de las primas que reciben por los mutualistas es menor que el gasto medio por paciente de la sanidad pública: ante una enfermedad grave —y más cara— los funcionarios eligen cambiarse a la sanidad pública frente a la privada. “Mientras las aseguradoras privadas abandonan cuando el negocio deja de ser rentable, la sanidad pública nunca se mueve por criterios de rentabilidad”, afirmaba la ministra de Sanidad, Mónica García, en una columna publicada en elDiario.es. García, crítica con la propuesta de Función Pública, en manos del PSOE, para salvar Muface, apostaba ya entonces porque esta sea “la última licitación”. De hecho, su departamento publicó un informe en el que acusaba a las aseguradoras de seleccionar pacientes y consideraba “una opción tanto viable como razonable” extinguir la mutualidad. A tres años vista de la próxima renovación, está por ver si esa reestructuración se lleva a cabo o si, en 2027, cientos de miles de funcionarios estarán atrapados en lo que los sindicatos CCOO y UGT llegaron a catalogar como un “chantaje” de las aseguradoras.

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