Conflicto generacional, un debate tramposo

El argumento de que el gasto en pensiones va en detrimento de otras necesidades parte de la tramposa premisa de que la riqueza no puede crecer y no se puede distribuir más equitativamente vía un mercado de trabajo más justo y una fiscalidad más redistributiva En los últimos tiempos proliferan análisis que sitúan la confrontación entre generaciones como el epicentro del conflicto social. A partir de una realidad indiscutible, la precarización laboral y vital de buena parte de las personas jóvenes, se enfrenta a estos con los mayores en una lógica de agravio comparativo, que hace desaparecer las clases sociales y el conflicto entre capital y trabajo de los análisis. Este imaginario forma parte de la estrategia del neoliberalismo, que ha impuesto su hegemonía ideológica, incluso entre sectores de la izquierda, hasta hacernos creer que los conflictos de clase son cosas de nostálgicos izquierdosos anclados en el pasado. Es cierto que las sociedades y sus conflictos se han hecho más complejas, aunque en realidad siempre lo fueron, como saben bien las mujeres. Entre esta complejidad aparecen fracturas generacionales fruto de un aumento de los desequilibrios en el reparto de la riqueza entre trabajo y capital, especialmente el rentista. Pero clases sociales “haberlas haylas”. Lo explicó con provocadora sinceridad el magnate Warren Buffet: “Hay una guerra de clases, es cierto, pero es mi clase, la clase de los ricos, la que está haciendo la guerra. Y vamos ganando. La clase trabajadora está perdiendo” Se utiliza la precariedad laboral y vital de los jóvenes como coartada para presentar a las personas jubiladas como privilegiadas -los más descarados incluso les culpan de la precariedad de sus hijos y nietos. En estos análisis se presenta la generación cómo una categoría social compacta sin diversidad en su composición. Es cierto que en los últimos años se ha reducido la tasa de pobreza de las personas mayores mientras aumenta la infantil y juvenil, especialmente en familias monomarentales con un solo ingreso. Pero ese cambio no responde a lógicas de vasos comunicantes. Mientras la reducción de la pobreza entre los pensionistas se ha conseguido gracias a políticas progresistas concertadas con el sindicalismo confederal, los recursos públicos destinados a reducir la pobreza infantil y juvenil han sido insuficientes ante un “libre mercado” que fabrica precariedad laboral, habitacional y vital a espuertas. Con los datos en la mesa no se puede afirmar que los pensionistas estén sobreprotegidos. En agosto 2025 el 48,6% del total de pensiones (el 63,3% en las mujeres) es inferior a 1.000 euros/mes. En las de jubilación la pensión media está situada en 1.507,63 euros/mes (1.572 los hombres y 1.081,33 euros/mes las mujeres) mientras un 39% (el 60% las mujeres) de los jubilados perciben menos de 1.000 euros/mes. Por supuesto no ignoro las dificultades -casi imposibilidad- de acceder a una vivienda por parte especialmente de los jóvenes, pero aquí también son evidentes las diferencias de clase. Mientras muchos jóvenes ven como se atrasa cada vez más la edad de su emancipación, algunos disfrutan por 2.000 euros al mes de una plaza en residencias de estudiantes. Al tiempo que la precariedad habitacional afecta también a personas mayores con bajos ingresos como se comprueba en las imágenes de algunos desahucios. En el imaginario de la confrontación intergeneracional como epicentro del conflicto social, la clase y la responsabilidad del capital, en forma de precariedad laboral o especulación, no existen, han desaparecido de sus tramposos análisis. En realidad, el debate está siendo instrumentalizado al servicio de otro dogma, el de la insostenibilidad económica del sistema de seguridad social, por la imposibilidad, se afirma, de dedicar tantos recursos a pagar las pensiones públicas. Aunque el resultado final va a depender de la evolución económica y demográfica, las previsiones de gasto para el 2050, incluyendo pensiones no contributivas y clases pasivas, se sitúan entre el 15,8% y el 17% del PIB. La sociedad española debe decidir si considera oportuno dedicar esta proporción de la riqueza a financiar las pensiones de una población que en el 2050 será el 30% del total. El argumento de que el gasto en pensiones va en detrimento de otras necesidades parte de la tramposa premisa de que la riqueza no puede crecer y no se puede distribuir más equitativamente vía un mercado de trabajo más justo y una fiscalidad más redistributiva. En términos económicos lo que resulta insostenible es que por la vía de los beneficios fiscales las arcas públicas dejen de ingresar unos 45.000 millones de euros (PGE 2023), eso sin sumar los de las CCAA. Son recursos que en parte podrían servir para paliar los niveles de pobreza infantil extrema Lo que es insostenible socialmente es obligar a las personas jubiladas a continuar trabajando para complementar sus pensiones de mínimos, como ya sucede en Alemania con más de un millón de “minijobs” de 556 euros al mes. Otra de las trampas del debate sobre la sostenibilidad de las pensiones consiste en presentar nuestro sistema de seguridad social con la lógica actuarial de los seguros privados. Se afirma que los ingresos por cotizaciones son insuficientes para garantizar las pensiones, obviando que en ningún sitio está escrito -el Pacto de Toledo dice justo lo contrario- que la financiación de la seguridad social deba recaer exclusivamente en el factor trabajo. Recordemos que las cotizaciones, también las empresariales, son salario. Presentan la aportación fiscal del estado como déficit cuando en realidad se trata de implicar –aún de manera insuficiente- a otros factores productivos en la financiación de una estructura social como las pensiones. En esta maraña en la que se mezclan análisis serios, se comparta o discrepe de ellos, con “cuñadísmo retribuido”, algunas voces han planteado una reformulación del debate. ¿Qué sistema de jubilación podemos permitirnos hoy con la riqueza que generamos? Sugiero recoger el guante, aunque como el orden de las preguntas determina siempre el terreno del debate y condiciona las respuestas propongo ordenarlo a partir de estos otros interrogantes. ¿Es posible aumentar la riqueza que generamos como sociedad? ¿Es posible reducir los niveles de pobreza infantil y juvenil? ¿Qué modelo productivo necesitamos para ello? ¿Es sostenible económica ecológica y socialmente nuestro sistema socioeconómico? Creo que sí, que tenemos margen para aumentar la riqueza colectiva, también para dedicar más recursos públicos a reducir la pobreza infantil y juvenil, aunque sea difícil mientras se mantengan las lógicas de “libre mercado” que tanta precariedad laboral y vital están provocando. Para conseguirlo hay que abordar algunas transformaciones de calado. Entre ellas, trabajar para que nuestro sistema productivo deje de malgastar tanto potencial humano, después de los esfuerzos personales y colectivos dedicados a la formación. O combatir la idea de que las empresas para subsistir requieren de precarización salarial y vital, con largas jornadas de trabajo. Para aumentar la riqueza es imprescindible mejorar la productividad del capital, incrementando la inversión. Pero eso casa mal con un sistema productivo en el que los beneficios empresariales en sectores como el turismo son muy superiores a otros que requieren de niveles mucho más importantes de inversión y riesgo. Para que este crecimiento de la riqueza sea sostenible hay que abandonar un modelo de competitividad construido sobre la externalización de riesgos y costes sociales y ecológicos a terceros. Como sucede, entre otros, en el sector de la logística, con los explotados autónomos del transporte y el uso ineficiente de la carretera en detrimento del ferrocarril. Si se pretende sinceramente abordar la precariedad vital de las personas jóvenes urge transformar un sistema socioeconómico que ha convertido un derecho fundamental como la vivienda en un bien de inversión sometido a las lógicas de mercados globales. Si se quiere hacer debates rigurosos sobre la precarización laboral y vital de los jóvenes y sobre la sostenibilidad del gasto en pensiones, sin utilizar la tramposa confrontación entre generaciones, hagámoslos. Con algunas condiciones, que la clase social y los conflictos entre capital y trabajo no desaparezcan del debate y que no eludamos las preguntas sobre la sostenibilidad de nuestro sistema socioeconómico.