El Gobierno encarece el alquiler

Como si de un patrón perverso se tratara, de nuevo una ley del Gobierno termina por perjudicar a quien pretende proteger. En este caso, el Ejecutivo actúa empeorando uno de los principales problemas que aquejan a nuestro país, como es el acceso a un inmueble de alquiler a un precio razonable, una misión que se hace cada vez más difícil, sobre todo para las personas más vulnerables. Esta es una consecuencia directa de la ley de Vivienda que entró en vigor en 2023 y que, lejos de atajar un problema, claramente lo empeora. Desde su aplicación, los alquileres son cada vez más escasos y, al mismo tiempo, más caros. Es difícil encontrar en la historia regulatoria de nuestra nación una norma que, lejos de ser una solución al problema, suponga, por medio de un ideológico artificio, un claro empeoramiento. Los datos pesan como una losa: dos años después de la puesta en marcha de esta norma, hay menos vivienda y es más cara. El acceso a un alquiler se ha convertido en una odisea para aún más ciudadanos. En el mercado hay 120.000 pisos menos (eran 855.518 y ahora son 734.000) y la renta media ha subido de 906 a 1.146 euros. Un cuarto de los pisos del parque del alquiler se ha esfumado y cada vez hay más demandantes por cada inmueble. Las ofertas de interesados por piso en los primeros diez días se han triplicado y han superado el centenar en la media nacional. El efecto de la aprobación de la ley es general, aunque las regiones en las que se ha aplicado con más brío son las más perjudicadas. En Cataluña y País Vasco, las primeras comunidades en solicitar la declaración de zonas tensionadas para techar el precio de los alquileres, los efectos han sido más devastadores: los precios han subido más, la oferta se ha restringido y cada vez son mayores las colas de interesados. En Cataluña más de la mitad de las viviendas han pasado a ser de alquiler temporal, cuando antes de la ley este porcentaje era del 15 por ciento y las casas vacías se han multiplicado por ocho. La enumeración de datos podría seguir, aunque es suficiente para evidenciar que la ley de Vivienda del Gobierno, que pretendía más pisos asequibles para los más vulnerables, los ha hecho más caros y escasos. Esto sucede, como es habitual, cuando se interviene ideológicamente el mercado y el realismo económico pone en evidencia planteamientos de trazo grueso como este. Todos los agentes pueden compartir la necesidad de facilitar el acceso a una vivienda a los ciudadanos, máxime si se trata de personas y familias con rentas más bajas o en situación más precaria. Esto se habría conseguido si se hubiera abordado el problema desde puntos de vista razonables, como el de aumentar la oferta del mercado del alquiler mediante la construcción de más inmuebles. Desgraciadamente, el Ejecutivo, en connivencia con sus socios de gobierno, no pudo ceder a la tentación ideológica de demonizar a los propietarios –malvados y culpables en su simplista sistema de pensamiento– y terminó por expulsarlos de un mercado en el que ya no se sienten protegidos ni seguros. La vulnerabilidad de estos ante okupaciones y situaciones de impagos, en los que son ellos los que se tienen que hacerse cargo de los gastos de una situación que no les compete, les empuja a optar por formas legítimas y diferentes al alquiler en una tendencia que es fácil de accionar, pero difícil de revertir. Los propietarios que se quedan en la modalidad huyen de inquilinos en situaciones vulnerables, con lo que las familias sin recursos, con rentas bajas e hijos pequeños a su cargo, a los que debía proteger la norma de manera urgente, se han visto en realidad perjudicadas y lo tienen más difícil que nunca.

Comentarios

Opiniones

mundo deportivo

Comentarios

Opiniones

Lo que puedas hacer hoy...

De Tito a Hansi

Enhorabuena, Barça

Lamine y la Masia

Pedro Sánchez y Nicolás Redondo: dos hombres y un partido

¿Juez por oposición o por atajos?

Tintín, Ryanair y el precio por metro cuadrado en España

En el Congreso de los Estados Unidos, la alianza de los judíos y Ucrania

¿Será el Papa León XIV un antídoto al presidente Trump?

Poder, economía y corrupción

Lo que une a Sánchez y Netanyahu

Lo que va de defender el derecho a la privacidad a aplicar la ley del embudo

Responsabilidades derivadas de una amistad

Muerte y resurrección de un ironista

Indefinible perfume

Cuál será el próximo escándalo

Harvard, tienes un problema

La alimenticia patata de la muerte

La viñeta de Sansón

El sínodo del PP

Más violencia en Trípoli

¿Se puede apagar la luz de la democracia?

Envidiar y provocar envidia

Crisis y claveles, Portugal vota hoy

Sonrisa oriental

Crítica de 'Jane Austen arruinó mi vida' (2024): La librera ensimismada

Presionar a Putin y a Trump

Gaza, destrucción y silencio

La paz social, un arma de doble filo para Pradales

Problemas bajo montañas de dinero

Un albergue en Barajas

Un perro de tres patas

Arquitectura sistémica

El sueño de Iara Mantiñán Búa

La causa de la democracia no es el Banco Sabadell

No es tan grave

"¿Es tu primera niña?"

No es el Pelicot catalán, se llama Teófilo Lapeña

Murphy y el riesgo de guerra en la Unión Europea

Las dos orillas o confundirse de enemigo

La nueva política

Roglic hace bien de perder el liderato

#19 Lo que hay que leer

Keynesianismo bastardo

Los centros de datos son clave para la resiliencia digital: necesitamos visión a largo plazo

Fiebre verde global: del Congo a Brasil

Innovar con cultura o innovar mal

Tecnología vs. aranceles

La Liga de...

El Barça del señor Dalmau y Viñas

La plantilla responde

La razón del método

Y se comieron el mundo

¿Existe una brecha ideológica creciente entre hombres y mujeres?

Proteger nuestras redes de telecomunicaciones no es optativo: es una obligación

El circo de la consulta pública de la opa de BBVA; más inseguridad jurídica

Los rescatadores

Si una nota de prensa valía unas vacaciones, ¿cuánto se pagó por rescatar a Air Europa?

La falsa reforma de la Justicia

Gallego & Rey