El Gobierno impulsa el aborto

El Gobierno ultima un informe para actuar contra las comunidades autónomas que no practiquen el aborto en la Sanidad Pública y prosigue así con su inaceptable persecución a los doctores que se acogen a la objeción de conciencia. Lo ha explicado la ministra de Sanidad Mónica García pese a que el 78 por ciento de los abortos se producen en clínicas privadas . El ataque a los médicos que se niegan a participar en este tipo de intervenciones –siguiendo el juramento hipocrático que les obliga a curar a sus pacientes y no impedir su desarrollo como aquí se trata–, resulta de suma gravedad en cuanto supone una coacción el derecho fundamental de los doctores a la objeción de conciencia ante la obligación de eliminar una vida humana. Resulta paradójico que se aluda a que los plazos en los que las mujeres puedan abortar –una convención cuestionada por una parte de la sociedad–, están respaldados por un consenso científico que no es tal y, al mismo tiempo, se pretenda torcer el brazo de los científicos que se niegan a practicarlo. En lugar de pretender arrollar la posición de tantos ginecólogos, el Estado debería plantearse si, siendo ellos los que mejor conocen el desarrollo del embrión, no estarán en lo cierto y el que insiste en el error será el propio Gobierno. Las cifras no paran de crecer y alcanzan tasas escandalosas que parecen celebrarse desde el Ministerio de Sanidad y los partidos de la izquierda. En una época en la que existe un consenso sobre la necesidad de aumentar la natalidad, en España se provocaron 106.172 abortos quirúrgicos durante 2024, uno de cada cuatro de los niños concebidos en ese mismo periodo. La cifra ha crecido un 3 por ciento con respecto al pasado año en que se superó por primera vez la barrera de los 100.000. Con todo, al Gobierno deben parecerles pocos y, en lugar de mantenerse en una posición neutral, el Estado parece promocionar esta práctica e intenta que las opciones de las que deciden terminar con la vida del 'nasciturus' (que goza de protección constitucional) sean las mayores posibles, en lugar de procurar que sean las que menos. De esta promoción del aborto dan medida todas las decisiones que limitan la información sobre la durísima realidad de la intervención a la que se enfrentan sus mujeres, las consecuencias que puede tener sobre ellas en un futuro tanto física como psicológicamente, y las opciones que pueden tener para proseguir su maternidad. Todas las mujeres deberían ser informadas de todas las alternativas y del alcance de que tiene la decisión que van a tomar y no ser orientadas hacia el fin de su gestación como así sucede en la práctica en muchos casos. Es necesario que las futuras madres entiendan las consecuencias de lo que van a hacer y la ayuda con la que contarían en el caso de seguir adelante con el alumbramiento de la vida. Informar a las mujeres no supone una coacción, sino una responsabilidad que los poderes públicos deben asumir. Las oportunidades –económicas, de apoyo social y acompañamiento emocional–, y cualquier ayuda para que tengan a su hijo las gestantes que se planteen abortar deben ser las mismas para todas o el aborto se convierte de facto en una salida a la que se aboca a mujeres con pocos recursos. No podemos asumir este fenómeno como algo aceptado por el conjunto de la sociedad y tenemos el deber de recordar que, lejos de representar una conquista de las libertades de las mujeres, el aborto es, en último término, un fracaso colectivo.

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