¿Fin del miedo a la historia?

El proyecto de ley de secretos oficiales, con todas sus matizaciones, críticas necesarias y reformas que pueda sufrir en el trámite parlamentario, es un paso adelante para la salud democrática del país Vivimos en la época de los relatos. Desde hace un tiempo, la guerra cultural y las narrativas emocionales compiten con los hechos y con las evidencias analíticas y científicas. Incluso en algunos momentos, se imponen a ellos, lo que afecta negativamente a nuestra calidad democrática. Esto se agrava cuando, como es el caso de la historia más reciente de España, los historiadores e historiadoras no pueden acceder a determinados documentos históricos. En este marco, el anteproyecto de Ley de Información Clasificada aprobado este martes en el Consejo de Ministros para renovar la caduca Ley de Secretos Oficiales es crucial para la salud de nuestra democracia, para homologarnos con otros países europeos y para perder el miedo a conocer nuestro pasado, tal y como se tratará de argumentar. En los últimos años, cualquier acontecimiento es susceptible de ser cuestionado a través de relatos con escasa profundidad analítica y veraz, pero con un respaldo ciudadano considerable. Es el caso, por ejemplo, de las declaraciones de Manuel Marical, diputado de Vox, afirmando que la dictadura “fue una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación”, y de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, asegurando que “a la larga, la dictadura fue mejor que la II República”. Frente a esas narrativas, y lejos del ruido político, se encuentran los cientos de estudios académicos históricos que demuestran, entre otras cuestiones, que el franquismo murió matando y que la transición fue un proceso exitoso pero complejo y poliédrico. Todos estos estudios, realizados de manera sosegada y no a golpe de tuit, requieren de acceso a fuentes históricas, la mayoría custodiadas en archivos históricos de dominio nacional. Y este es uno de los problemas con los que se han encontrado hasta ahora los historiadores e historiadoras que se dedican a estudiar la segunda mitad del siglo XX. Una parte de los documentos, sobre todo los relacionados con la Ley de Secretos Oficiales de 1968, no han podido ser consultados por la pervivencia de una legislación de la propia dictadura (matizada en una reforma de 1978). La aprobación de la nueva ley no cambiará sustancialmente lo que ya se conoce sobre nuestro pasado (aunque sí lo completará), pero permitirá mejorar la calidad democrática de nuestro país por varias razones. En primer lugar, porque un estado democrático no puede tener miedo a su pasado más reciente. En una época marcada por la promoción de la memoria democrática, el reconocimiento de quienes defendieron la libertad y la democracia, y la lucha contra las dictaduras, derogar una ley franquista obsoleta representa un acto fundamental de compromiso con los valores democráticos. En segundo lugar, porque la ciudadanía española debería tener derecho a conocer y acceder a su pasado, exceptuando únicamente las cuestiones que afectan a la seguridad nacional. Y, en tercer lugar, porque es necesario legislar de manera clara sobre el acceso a fuentes para que este se atenga a razones objetivas y no a la arbitrariedad. En definitiva, el proyecto de ley, con todas sus matizaciones, críticas necesarias y reformas que pueda sufrir en el trámite parlamentario, es un paso adelante para la salud democrática del país y para que los historiadores e historiadoras, entre otros gremios, puedan analizar el pasado. Como ya anticipó Tony Judt, uno de los grandes historiadores del siglo XX en una entrevista de 2005, “una sociedad bien organizada es aquella que conoce la verdad sobre sí misma de forma colectiva, no aquella que se cuenta mentiras agradables sobre su pasado”.