Sobre la modernización de la Ley de Secretos Oficiales

La redacción de las normas transitorias en el anteproyecto de ley no me parece adecuada. Existe el riesgo de perennizar más de lo recomendable el continuado cierre de la documentación relacionada con la época franquista No he seguido muy al día la política española más reciente, salvo en el caso de la DANA valenciana y la controversia sobre la aportación al caprichoso aumento de las futuras “cotizaciones” a la OTAN con el consiguiente desbarajuste de las magnitudes macroeconómicas españolas y la demostración de la adhesión casi ciega a los caprichos de quien está en boca de todos. Pero sí he seguido la postura del presidente del Gobierno en la materia. También me parece interesante la lista de mejoras para la actuación futura del Ejecutivo. He echado de menos que no haya dicho nada sobre la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, por la cual en el pasado se habían manifestado varios partidos que han apoyado al Gobierno. Yo la estudié en su momento y considero que va en la buena dirección... salvo en un punto. La redacción de las normas transitorias en el anteproyecto (APL) publicado el Boletín de las Cortes no me parece adecuada. Existe, en mi modesta opinión, el riesgo de perennizar más de lo recomendable el continuado cierre de la documentación relacionada con la época franquista. Reconozco que puede ser una casualidad, pero todos mis intentos por analizar las negociaciones militares con Estados Unidos en los años 1952 y 1953 han topado siempre con la negativa a abrir los archivos correspondientes por parte del Ministerio de Defensa. Me permito, pues, airear algunas reflexiones. No porque espere nada, sino para demostrar que a veces las mejores intenciones no se cumplen o topan con obstáculos no previstos o su conveniencia no está adecuadamente estudiada. No me guía otro propósito. A los 84 años pienso en los futuros historiadores que puedan o quieran continuar la labor de despeje de un terreno minado. Me parece imprescindible modificar la aplicación prevista de una de las disposiciones transitorias en 1968. Se trata de mejorar el acceso a la documentación franquista, que probablemente el PP y/o VOX no querrían tocar. Se deriva de la propia ley de secretos oficiales franquista: “Las atribuciones concedidas al Jefe del Estado por las Leyes de treinta de enero de mil novecientos treinta y ocho y de ocho de agosto de mil novecientos treinta y nueve, así como las prerrogativas que le otorgan los artículos sexto y trece de la Ley de Sucesión, subsistirán y mantendrán su vigencia hasta que se produzca el supuesto a que se refiere el párrafo anterior”. Es decir, hasta que Franco desapareciera del mundo de los vivos. Hace meses el presidente del Gobierno afirmó que se retomaría el trabajo y se sometería a discusión parlamentaria. Pues bien, en el APL se encuentra una disposición transitoria que da que pensar. Reconozco que puedo equivocarme y que a veces he visto fantasmas dónde no los había. Tal disposición transitoria se titula 'Desclasificación de la información clasificada con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley'; es decir, la documentación de la dictadura y de la democracia hasta la entrada en vigor de la futura ley. Regula la equiparación de las categorías de clasificación hasta hoy existentes y su conexión con las que la anunciada futura ley crearía. Me fijo exclusivamente en los papeles que llegan hasta 1975, óbito del Generalísimo. Para la abundante documentación franquista clasificada como “alto secreto” o “secreto”, la desclasificación la seguiría haciendo el Consejo de Ministros. Para las categorías inferiores, de “confidencial” o “restringido”, lo haría la autoridad que puso el sello de clasificación. Ahora bien, la equivalencia automática entre las viejas y las nuevas categorías podría obstaculizar el conocimiento de muchas de las actuaciones de importancia en y de la dictadura. Tomo como ejemplo la documentación sobre las negociaciones militares con los norteamericanos en 1952-1956. Toda la calificada de “secreta” se mantendría bajo el nuevo sistema, bien como “alto secreto” o como “secreto”. Si, tal y como está hoy redactado el APL, la futura Ley de Secretos Oficiales entrara en vigor en 2026, es decir, cumplidos los cincuenta años del fallecimiento de Franco, la documentación generada durante su régimen no se desclasificaría, a tenor del artículo 16 del anteproyecto de ley, hasta cumplirse los 50 y 40 años de su clasificación, pero podría alargarse 15 y 10 años más, respectivamente. Para el ejemplo que nos ocupa, la desclasificación de la documentación fechada en 1952 podría empezar, en el peor de los casos, a partir de 2017 (1952 + 65) y, en el mejor, en 1992 (1952 + 40). No habría, pues, que aguardar mucho. Pero, ¿qué ocurre si se toma como base la documentación franquista generada el año 1975? Llegaríamos, en el peor de los casos, a 65 años más, es decir, a 2040. Para quienes piensen en los enigmas que subsisten sobre la Transición y hasta el intento del golpe de Estado de 1981 cabe pensar en 65 o 50 años después, según las decisiones que adopte el Consejo de Ministros y pasen el filtro de las Cortes. Es más, el apartado 7 de la disposición transitoria en el APL prevé que lo establecido no será aplicable a “la información clasificada protegida por Tratado internacional para el intercambio y protección mutua de la información clasificada suscrito por España con otros Estados u organizaciones internacionales”. Es lógico, pero no sé si los que hubiera habido en los años cincuenta (no se me ha informado de ninguno) continúan en vigor o si han sido endurecidos en el período democrático. Fuera de un acuerdo público de 1985 con Estados Unidos y que cabe leer en el BOE se ignoran los no públicos. Si los hay. A todo ello cabe añadir que en 1979, 1983 y 2005 quien esto escribe dio a conocer el contenido de los acuerdos secretos que subyacieron a las negociaciones de 1953. Que se sepa no ha ocurrido nada en detrimento de los intereses de la España democrática. Tampoco es probable que ocurra si se desclasifica algo más. Ojo, pues, al canto, no sea que con la leche se tire también al lechero. ¨¨¨¨¨¨ El próximo libro de Ángel Viñas y Guillem Martínez Molinos se titula 'El oro negro de Franco' (Ed. Crítica)

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