Juicio a las amnistías de Sánchez

Las decisiones políticas que ponen en jaque el Estado de derecho desarrollan efectos secundarios, normalmente ignorados o despreciados por quienes las toman, confiados en su voluntarismo de que el ejercicio del poder los hace irresponsables. En el manual del buen autócrata está la prioridad de controlar las instituciones que hacen de contrapeso en un régimen democrático, pero, en lo que afecta a España, ese empeño iliberal de Pedro Sánchez topa con la existencia de la Unión Europea, en concreto de la primacía de su Derecho y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, encargado de aplicarlo. Ese Tribunal de Justicia de la UE va a tener sobre la mesa las dos amnistías con las que el sanchismo ha blanqueado la corrupción de sus socios y la interna del PSOE. La primera amnistía la aprobaron los amnistiadores y los amnistiados para liquidar las condenas impuestas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el juicio por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos a los responsables de la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017. La segunda amnistía la ha aplicado el Tribunal Constitucional con las sentencias que revocaron sustancialmente las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla, y ratificadas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a los cargos socialistas responsables del desvío de 680 millones de euros en subvenciones ilegales de falsos ERE. En ambos casos se han dado dos hitos judiciales que comprometen al Gobierno y al Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido. Este martes se celebró la primera vista oral en la Corte de Luxemburgo para resolver la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas contra la amnistía contable a los malversadores del 'procés'. El representante de la Comisión Europea fue muy claro y ratificó el informe que se conoció hace semanas: la amnistía fue realmente una «autoamnistía» que ha provocado división y que no perseguía ningún interés general, solo la investidura de Pedro Sánchez. Esta opinión no vincula al TJUE en una decisión que tardará meses en ser dictada, pero expresa la percepción que se tiene en Bruselas de las burdas trampas legales de las que se ha servido Sánchez para ser presidente del Gobierno. Lo que Conde-Pumpido y la magistrada Montalbán no quisieron ver lo están viendo con nitidez en el órgano político más importante de la Unión Europea. Y también este martes se conoció el auto de la Audiencia sevillana que lleva al TJUE las sentencias del TC sobre los ERE falsos financiados por los gobiernos socialistas de Andalucía. En 71 páginas de claros y severos razonamientos, los magistrados andaluces ejercen también como jueces europeos y preguntan por la compatibilidad de las sentencias del TC con el Derecho europeo. Sus preguntas van precedidas de un análisis demoledor para el TC, por haber suplantado al Tribunal Supremo en la interpretación de la legalidad penal y por haber creado una doctrina sobre el delito de prevaricación a la medida de la absolución de los cargos socialistas. Una doctrina que regala la impunidad a todo gobierno que prevarique en un proceso de preparación de proyectos legislativos de presupuestos, con el riesgo que esa impunidad conlleva para los intereses financieros de la UE y la lucha contra la corrupción. Se trata de dos expresiones de impunidad de dos episodios gravísimos de corrupción , que tienen en común la cooperación militante de Conde-Pumpido con el Gobierno socialista y la ambición de Pedro Sánchez de someter al Estado a sus intereses personales.