Demasiado burdo hasta para el Tribunal Supremo

El Auto contra la decisión del juez Peinado de imputar al ministro Bolaños no es una prueba de que no hay 'lawfare', sino justamente una constatación de que lo hay. No es decente intelectualmente utilizar este Auto en el que nuestro más alto tribunal ratifica lo que la mayoría de juristas ya habíamos advertido sobre el escrito del juez instructor para negar la politización del SupremoEl juez Peinado se estrella contra el Supremo en su intento de implicar a Moncloa en el caso contra Begoña Gómez Se le fue la mano. Al juez instructor que investiga a Begoña Gómez se le fue la mano en su última astracanada. Se ve que el magistrado en cuestión debe ser seguidor de Napoleón y se le subió a la cabeza la frase atribuida a este de que “el juez instructor es la persona más poderosa del imperio”. Cuando uno empieza una senda indebida suele hacerlo titubeante y con cierta prudencia. Sin embargo, a medida que avanza y ve que no pasa nada se va sintiendo más cómodo en la irregularidad. Al final acaba por embalarse. Es lo que debe haberle pasado a este juez que empezó hace muchos meses una instrucción más que dudosa, investigando a la mujer del presidente del Gobierno en busca de cualquier delito posible. No se ha cortado de hacerlo del modo más lesivo para un partido político y el más conveniente para otro, despreciando con frecuencia creciente las normas jurídicas en vigor. Así lo demuestran incluso las sucesivas correcciones por órganos superiores. Pero se ve que le ha ido cogiendo gusto. Y claro, cuando uno se siente cómodo procesando sin necesidad de pruebas al mismísimo ministro de Justicia en vísperas de una huelga judicial, pues acaba por descuidar las formas. Hasta el punto de elevar un escrito sin corregir, ininteligible y sin el más mínimo sustento. Y claro, pues llega un momento en que tu superior ya no puede apoyarte, por mucho cariño que te tenga. El Tribunal Supremo español no es en estos momentos un órgano judicial que se caracterice por su imparcialidad. Desde los sucesos de Cataluña en 2017, sobre todo su Sala penal, se ha convertido en un auténtico actor político, ariete de las iniciativas conservadoras y uno de los principales activos del Partido Popular en su intento de alcanzar el poder. Pero incluso la intervención de los jueces en la política tiene un límite. En esta ocasión, ratificar una petición huérfana de cualquier argumentación, mal redactada y contradictoria solo podía acabar con el desprestigio del propio órgano supremo de nuestra jurisdicción y posiblemente un durísimo varapalo constitucional o europeo. En esta tesitura, algún magistrado medianamente astuto del Supremo ha entendido que la torpeza del juez Peinado les ofrecía la posibilidad de un efectista lavado de cara. Han decidido ir con buena parte de su artillería contra el instructor desmelenado. Su Auto es contundente. Rechaza la posibilidad misma de acusar a alguien de falso testimonio cuando aún no se sabe lo que es verdadero o falso; destaca que no está que la asistente de la señora Begoña Gómez haya prevaricado, ni de que el ministro lo supiera y ni siquiera de que él hubiera tenido conocimiento de su nombramiento. Para terminar, destaca rotundamente la “absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud”. Quizás, destacando por una vez lo evidente, el tribunal busca legitimarse públicamente para decisiones mucho menos razonables. Algo de esto debe haber, visto que a los propagandistas habituales de la derecha judicial les ha faltado tiempo para salir en público a proclamar que esta decisión demuestra que el lawfare no existe. Así; sin ningún rubor y menos rigor. Inundan los espacios de opinión diciendo con rotundidad que el Tribunal Supremo es neutral y trata por igual a los cargos y activistas de uno u otro color político. Y lo dicen cuando sigue adelante la errática instrucción contra la mujer del presidente del Gobierno en este mismo asunto o el más que probable procesamiento del fiscal general del Estado por los mismos jueces que se han visto abocados a rechazar los disparates del instructor Peinado. Más aún, si normalizamos que este juez instructor –tan olvidadizo que sus errores obligan a menudo a archivar los casos que le tocan contra cargos del Partido Popular– ha intentado procesar a un ministro sin el mínimo indicio y llevado en apariencia por su inquina personal se abren muchos interrogantes sobre el resto de sus actuaciones. Sobre todo, si tenemos en cuenta que normalmente no necesita pedir al Supremo que investigue a nadie y lo hace él mismo, sin ningún tipo de control. Así las cosas, la ciudadanía puede, legítimamente hacerse un puñado de preguntas inquietantes. Cuando este instructor empieza una investigación contra la mujer del presidente del Gobierno a partir de titulares de prensa, intenta imputarla sucesivamente por cinco delitos distintos, obliga a declarar al presidente del gobierno en persona sin ninguna utilidad para el procedimiento y facilitando que se filtren las imágenes de esa declaración, etc… ¿lo hace con algún indicio y respaldo jurídico o es lo mismo que lo de Bolaños pero ligeramente menos burdo? Quizás el Tribunal Supremo no sea consciente y los periodistas de tribunales conservadores intenten taparlo, pero este Auto legitima muchas de las dudas de la ciudadanía sobre las erráticas actuaciones de un juez instructor aparentemente empeñado en perseguir al Gobierno aunque no haya datos que lo permitan. El Auto no es una prueba de que no hay lawfare, sino justamente una constatación de que lo hay. Y lo de menos es que en este caso concreto el propio sistema se haya visto obligado a frenarlo antes de que llegar a más. Lo que se conoce como lawfare es, realmente, la utilización política del proceso judicial con fines políticos, es decir buscando alterar los resultados electorales. No implica necesariamente condena. De hecho, una modalidad cada vez más frecuentes de este tipo de interferencias ilegítimas del poder judicial son las instrucciones que se prolongan en el tiempo aunque no lleguen, en ocasiones, ni siquiera a materializarse en un proceso penal. Lawfare es investigar durante años, sin indicios suficientes, a la mujer del presidente del Gobierno, a la vicepresidenta del gobierno valenciano o a un actor que se ha cagado en Dios. Aunque después no haya condena ni juicio. Porque el daño reputacional ya está hecho. Y si no, que se lo digan a la espigada y elocuente diputada del Partido Popular que lleva pidiendo la dimisión de Bolaños desde que el instructor Peinado pergeñó su infame escrito. No, no es decente intelectualmente utilizar este Auto en el que nuestro más alto tribunal ratifica lo que la mayoría de juristas ya habíamos advertido sobre el escrito del juez instructor para negar la politización del Tribunal Supremo, su pérdida de imparcialidad y el abuso constante de su posición constitucional para hacer política. El Tribunal Supremo que ahora ha rechazado el disparatado intento de procesar al ministro Bolaños es el mismo que condenó a un diputado sin más prueba que la singular y errática afirmación apodíctica de un policía y que luego, vulnerando la autonomía del poder legislativo, amenazó a la Presidenta del Gobierno si no ejecutaba la condena del modo más lesivo posible. Es el mismo Tribunal Supremo declarado en rebeldía frente al Parlamento que se niega a aplicar la ley de amnistía invocando una interpretación absurda que ruboriza a cualquier estudiante de derecho. Es, en definitiva, el mismo Tribunal Supremo que con ocasión del procés en Cataluña decidió que su papel no es aplicar la ley, sino defender a la patria de separatistas y rojos. Afortunadamente, el Tribunal Supremo es también un órgano plural y entre sus más de ochenta magistrados hay juristas responsables que intentan ejercer sus funciones con imparcialidad y la moderación que les exige la separación de poderes y el sometimiento a la ley. Por ellos, y por la masa crítica jurídica que lee y comenta sus sentencias, en esta ocasión la sala de lo penal ha decidido que lo de Peinado era ya demasiado burdo. Es buena noticia saber que en algunos casos extremos la presión externa empuja incluso a los magistrados más montaraces a cumplir con su deber. Pero eso no puede hacernos olvidar la trágica posición en la que muchos jueces sin escrúpulos están colocando a la justicia española.

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