Cuidado con lo que deseas

Recordemos que en el momento de la ilegalización de Batasuna se habían producido unos 830 asesinatos por la banda terrorista ETA y unos 2.500 heridos. No fue desde luego una ilegalización "preventiva" como la que plantea el diputado Alberto Ibáñez por si "pronto tendremos muertos", una aserción meramente especulativa por su parte Cualquier sociedad que renuncie a un poco de libertad para ganar un poco de seguridad, no merecen ninguna de las dos cosas Benjamin Franklin Los vergonzosos hechos acaecidos en Torre Pacheco son inaceptables, sin que eso implique magnificar su relevancia ni intentar establecer proyecciones a futuro sobre su reiteración o incremento. Es particularmente peligrosa la introducción en el debate siquiera como posibilidad de la ilegalización de un partido político como Vox. En mi opinión es más peligroso jugar con ese deseo, con esa remota posibilidad, que la situación real del racismo o la violencia racista en nuestro país. Torre Pacheco tuvo un brote de intolerancia y odio racista, eso es cierto, pero también lo es que sin bulos patrios y rusos, sin las cámaras de televisión apuntándolo y sin la gran repercusión mediática que ha tenido no se habrían movilizado ni grupos de ultraderecha de otras provincias ni por supuesto de otros países, como de facto ha sucedido. El primer paso para analizar un problema es no magnificarlo ni minimizarlo sino acreditar su verdadera dimensión. La propuesta pública de un diputado de Compromís, realizada en dependencias del Congreso, de proponer su ilegalización supone un salto cualitativo peligroso en porque la ilegalización de un partido es una cuestión tan grave y tan arriesgada en democracia que sólo puede ponderarse en casos tan extremos y tan demostrados que no quepa duda alguna. Así sucede en países de nuestro entorno donde incluso hay grupos de ultraderecha más radicales y mejor organizados. La Ley de Partidos que en 2002 abrió la puerta a ilegalizar a Herri Batasuna ya supuso un paso que muchos partidos de izquierda, como IU, consideraron peligroso por abrir una puerta a la “criminalización de las ideas” en palabras del propio Llamazares. Tampoco los constitucionalistas ni los observadores internacionales, como Amnistía Internacional, dejaron de alertar sobre el problema que suponía saltar esa barrera. Recordemos que en el momento de la ilegalización de Batasuna se habían producido unos 830 asesinatos por la banda terrorista ETA y unos 2.500 heridos. No fue desde luego una ilegalización “preventiva” como la que planteaba el diputado Alberto Ibáñez por si “pronto tendremos muertos”, una aserción meramente especulativa por su parte. La ilegalización de un partido político no acaba tampoco con las ideas o ideología que lo sostiene. Abre además la vía a la concurrencia de diferentes siglas, que soporten las mismas ideas, para soslayarla. Así sucedió con Herri Batasuna, Batasuna, Partido Comunista de las Tierras Vascas, Acción Nacionalista Vasca o Askatasuna que fueron sucesivamente ilegalizados antes o después de haber concurrido a comicios. Una especulativa ilegalización de Vox produciría, sin duda, el mismo efecto con el añadido de la victimización y el argumento añadido de la represión. Lo cierto es que la ilegalización no cabría en términos jurídicos ya que las propias decisiones del Tribunal Supremo (Sala del 61) acumuladas hasta ahora determinan que no vale con que exista coincidencia de ideas o incluso un respaldo esporádico o soterrado a acciones violentas sino que es preciso que éste sea estructural dentro de la actividad política y que se materialice en apoyo, encubrimiento, justificación y colaboración demostrable empíricamente y no sólo mediante un relato. No existe pues base legal para siquiera hablar de la ilegalización de Vox como tampoco la había cuando el propio Vox propuso en el Senado ilegalizar a Junts y ERC. Las armas jurídicas excepcionales las carga el diablo y las disparan los tontos, conviene no olvidarlo. Más allá del tema puramente jurídico me gustaría hacer una reflexión sobre la sociedad española que es pertinente y que versa sobre su extraordinaria madurez, su resiliencia, su estoicismo y su capacidad para mantener la democracia elegida por encima no sólo de elementos aislados sino también de agresiones violentas continuadas durante décadas, con víctimas y con graves riesgos para la convivencia. Toda la Transición se realizó con violencia política, de extrema derecha y de extrema izquierda, con sangre en las calles pero pudo más la voluntad común de avanzar. Toda la lucha contra ETA se basó en la determinación común de vivir en paz. El denominador común de ambas situaciones fue la unidad inquebrantable de todos los demócratas de este país, del signo político que fuera, por acabar con la violencia de forma legal y democrática. El intento nefasto de hacerlo por otros medios, utilizando el terrorismo de Estado, no solo fue deplorado y perseguido y le costó el poder a González sino que no resultó en modo alguno útil. La unidad también debiera de ser constituir la principal fortaleza contra el racismo. El debate teórico en torno hasta qué punto ha de ser la democracia tolerante con los intolerantes ha vertebrado los estudios políticos durante el siglo XX. Desde la postura de Popper a la de Habermass o Rawls abarca todas las posibilidades: desde considerar que proteger la tolerancia nos lleva a ser intolerantes con la intolerancia hasta la que propugna que una sociedad tolerante debe ser tolerante incluso con doctrinas intolerantes mientras estas se mantengan dentro del marco constitucional o legal. No es un debate cerrado. No obstante mi postura personal es la de apostar siempre por la libertad más amplia, la de participación política y también la de expresión. Estoy convencida de que nuestro Estado de Derecho tiene herramientas más que sobradas para perseguir los comportamientos ilícitos de personas concretas, incluso dentro de organizaciones, sin que sea preciso bordear los límites de la democracia de forma peligrosa. Respecto a los sucesos racistas me parece que la información real, la empatía, la educación y la implementación de programas sociales que minimicen la desigualdad y la falta de integración siguen siendo la respuesta. Nuestro país nunca ha seguido el camino de formación de guetos que ha puesto en apuros a nuestra vecina Francia aunque, mirándonos en ese espejo, sí que hay que avanzar en la consideración de las generaciones de españoles nacidos de padres inmigrantes y en su integración efectiva personal y laboral; han nacido y se han educado como españoles y quieren vivir como españoles con todas las de la ley, no como españoles de segunda. Esta cuestión puede producir fricciones que tenemos que ser lo suficientemente avispados para solventar. Por último, no basta con decirle a la gente que sus problemas no existen y si los perciben por manipulación o por falta de instrumentos de asimilación o por desidia de los poderes públicos, mejor va a ser escucharlos, atenderlos y ayudarles a comprender la nueva sociedad en que vivimos o a minimizar sus posibles consecuencias. El pueblo español, en general, es mucho más abierto, mestizo, comprensivo y acogedor de lo que muchos quieren propagar y, sobre todo, quiere vivir en paz y en libertad. Esa fuerza es más contundente que mil ilegalizaciones y, sobre todo, mucho más democrática y menos peligrosa.

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