El delegado del Gobierno niega ante Peinado haber participado en la contratación de la asesora de Begoña Gómez

Francisco Martín responde solo a su abogado y asegura que no detectó "ningún incumplimiento" de Cristina Álvarez en el desempeño de su puesto de asistente mientras él fue secretario general de PresidenciaEl juez Peinado se apoya en Vox para endurecer su ofensiva contra la Moncloa El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha declarado este miércoles ante el juez del caso Begoña Gómez que no participó en la contratación en 2018 de Cristina Álvarez, cuando era jefe de Gabinete de la Secretaría General de Presidencia, como asesora de la esposa del presidente del Gobierno. También ha asegurado que no conocio de “ningún incumplimiento” en el ejercicio de las funciones de Álvarez cuando ascendió a secretario general de Presidencia, informan fuentes jurídicas. Su comparecencia ha durado unos minutos, los que ha tardado en responder a tres preguntas de su defensa. Martín se ha acogido a su derecho a no declarar al resto de las partes porque tiene recurrida su imputación ante la Audiencia Provincial de Madrid y está a la espera de una resolución en ese sentido. “Todo va a terminar en nada porque no hay nada”, ha dicho a la salida del juzgado. El juez ha comenzado preguntado a Martín si iba a declarar y éste ha expuesto al juez que ha recurrido el auto de imputación del 5 de mayo y que se acogía a su derecho a contestar únicamente a su letrado mientras se resuelve el recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, tal y le había recomendado el abogado del Estado que le asiste. Las tres preguntas han sido cuándo fue nombrado secretario general de Presidencia, a lo que ha respondido que en julio de 2021; cuándo fue contratada Álvarez, a lo que ha confirmado que en 2018; y si fue informado o conoció de “algún incumplimiento” en el desempeño de sus funciones como asistente de Gómez una vez él desempeñó el cargo de secretario general de Presidencia, a lo que ha contestado negativamente. Peinado había citado a Francisco Martín Aguirre en busca de indicios del delito de malversación que investiga por las tareas realizadas por Cristina Álvarez, la asesora encargada de coordinar la agenda de la esposa del jefe del Ejecutivo y también imputada. Su citación parece motivada por el hecho de que Martín Aguirre —entonces Secretario General de la Presidencia del Gobierno— era el “responsable y superior jerárquico” de la asesora cuando esta envió correos “a diversas personas e instituciones” donde Begoña Gómez realizaba actividades “totalmente desvinculadas” de su condición de esposa del presidente, aunque el juez también menciona en el auto de citación su supueseto papel en la contratación de Álvarez. El magistrado ahonda en esta línea de investigación apoyado en Vox, que el pasado diciembre presentó una querella que se basaba en la existencia de dos correos electrónicos que la asesora envió en 2021 en nombre de Begoña Gómez a directivas de Reale, entidad aseguradora que financiaba la cátedra que la mujer de Sánchez dirigía en la Universidad Complutense en relación a un evento en el que iba a participar. La existencia de esos correos sirve al juez para sostener que “procede” investigar al actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid por un delito de malversación que vincula a su “aparente participación” en el nombramiento de la asesora “para el ejercicio de funciones privadas” de Begoña Gómez “con cargo a los presupuestos generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza pública”. Sin embargo, en la información que consta en la causa figura que la asistente fue contratada en junio de 2018, cuando Martín Aguirre era jefe de gabinete del entonces Secretario General de la Presidencia del Gobierno, cargo que ocupaba en ese momento el actual ministro Félix Bolaños. Este último, compareció como testigo el pasado 30 de abril ante el juez y aseguró que no conoció a la asesora hasta “semanas después” de ser contratada. Previamente, el magistrado ha interrogado al cargo de la Moncloa Raúl Díaz Silva, coordinador de cargos en la Moncloa del que dependía la asistente según la documentación que el Gobierno remitió al juzgado en uno de sus requerimientos de información. Peinado ha descendido al detalle burocrático de la contratación de la asesora, lo que ha provocado que el testigo le contestara llegado a un punto que no conocía la respuesta. El juez ha interrumpido entonces la declaración, le ha ordenado que recabe esa información y le ha adelantado que le volverá a citar. En su breve declaración a los medios a la salida del juzgado, el delegado del Gobierno ha reiterado su disposición a colaborar con la justicia y ha expresado su confianza en el sistema judicial y en el Estado de Derecho. A pocos metros, dos mujeres gritaban consignas propias de la extrema derecha. El patrocinio del software Peinado también ha interrogado este miércoles, a petición de Vox, a varios empresarios en busca de indicios en otra de las ramificaciones de la causa, la relativa a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Universidad Complutense, donde dirigía una cátedra. El instructor investigó primero si su contratación en ese centro educativo se debía a un nuevo tráfico de influencias. Un informe de la Complutense rechazó la existencia de irregularidades en la cátedra, pero pidió al juez que investigara si gestionó de forma ilegal un software desarrollado para la misma. El patrocinio empresarial de ese software está detrás de las citaciones de estos directivos. No hay ningún indicio de que el citado software propiciase ningún beneficio económico ni a Begoña Gómez ni a nadie. Uno de esos empresarios es Rosauro Vauro, citado por su cargo en Telefónica. Vauro ha dicho que su relación con Gómez es únicamente profesional y ha añadido que la esposa del presidente le sugirió la paticipación de la compañía en el proyecto para el máster de la Universidad Complutense en una ceremonia de premios.

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