De la energía como lastre a imán de inversiones: así mejoran las renovables la competitividad de la economía española

Diversos informes apuntan a un cambio de tendencia y a una economía más competitiva gracias a la energía limpia, con precios para la industria inferiores a los de la zona euro, Alemania o Francia El Gobierno eleva un 62% el límite de inversión a las redes y planifica 13.590 millones hasta 2030 La bajada de precios de la electricidad en España en los últimos años gracias a las energías renovables está reforzando la competitividad de la economía del país, tal y como apuntan recientes informes de instituciones como el Banco de España y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o entidades como CaixaBank, BBVA o Deloitte. En octubre de 2023, el director general de la eléctrica pública catalana (L'Energètica), Daniel Pérez, publicaba su libro La superpotencia renovable, que sostenía que a España “le ha tocado la lotería” con la transición energética. Pérez, entusiasta de las energías limpias, aseguraba que España puede convertirse en una Arabia Saudí energética del siglo XXI, algo así como la pila eléctrica de Europa, gracias a sus privilegiadas condiciones de insolación y a su disponibilidad de terreno. “España se encuentra ante una oportunidad sin precedentes para erigirse como el nuevo motor energético e industrial de Europa”, aunque “capitalizar este potencial exige actuar con visión a largo plazo, agilidad y una coordinación efectiva entre agentes públicos y privados”, señalaba un estudio publicado en julio por Deloitte. Diversos análisis apuntalan la idea de que las energías limpias ya son un factor diferencial que explica parte del impulso de la economía española, que este año liderará el crecimiento en los países desarrollados con un avance que la OCDE acaba de elevar al 2,6%. En mayo, CaixaBank Research explicaba en un informe cómo los menores precios de la electricidad en el mercado español respecto a otros competidores europeos han favorecido un buen desempeño del sector manufacturero en los últimos ejercicios. “Esta ventaja en la generación de electricidad sostenible y de bajo coste posiciona la industria española en una situación aventajada”, apuntaba el estudio, que arranca explicando cómo “entre 2018 y 2024, la economía española ha experimentado una mejora sustancial en los precios relativos de la electricidad y el gas, pasando de pagar más que la media europea a beneficiarse de tarifas más bajas”. Ese hito, impensable hace menos de una década, lo explica el fuerte crecimiento de la producción solar fotovoltaica y eólica, las fuentes más competitivas, como recogen datos de la US Energy Information Administration. La clave la dio el Banco de España en septiembre de 2024, al calcular que los precios mayoristas de la electricidad han sido un 40% más bajos que esas dos fuentes hubieran mantenido su producción en niveles de 2019. La entidad que dirige José Luis Escrivá estimó que, si se cumplieran los ambiciosos objetivos de penetración de renovables que prevé el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030, España disfrutaría de una caída “adicional” del 50% en los precios mayoristas de la electricidad. El PNIEC aspira a elevar la participación de las energías renovables en la generación eléctrica del 37% de 2019 al 81% en 2030. En febrero, BBVA cifró esa posible reducción de precios mayoristas en el 20% de cumplirse el PNIEC, algo que el sector eléctrico duda hace tiempo. En cualquier caso, la tendencia está ahí. Ese informe de BBVA recogía que entre 2021 y 2024, el incremento de unos 20 puntos porcentuales en la participación de solar y eólica en el mix de generación eléctrica ha reducido los precios mayoristas de la luz en España casi un 20%. Como explica el Banco de España en su último informe anual, “la industria de nuestro país se ha visto favorecida por una moderación más intensa de la factura energética desde los máximos registrados en el verano de 2022”, tras la invasión rusa de Ucrania, “impulsada, en parte, por el despliegue de las energías renovables” y por la menor exposición a las disrupciones ocasionadas por ese conflicto bélico que aún perdura. Y esto, según el Banco de España, ayuda a explicar el mejor comportamiento de la economía española respecto a otros países del euro. El lunes, el gobernador, José Luis Escrivá, insistía en esa idea en una ponencia en el Consejo General de Economistas y citaba a las renovables como una de las claves que están mejorando la competitividad de la economía española en términos relativos, al contrario de lo ocurrido en otras como Alemania, muy dependiente del gas ruso: tras este shock, España está “persistentemente un 30% por debajo” en los costes de la energía para las empresas respecto a otros países europeos, gracias a esa “ventaja competitiva” de las renovables, que “se está explotando”, dijo el exministro. Como resumía ese estudio de CaixaBank, “esta ventaja en la generación de electricidad sostenible y de bajo coste posiciona la industria española en una situación aventajada con respecto a sus competidores”. La entidad estima que en 2018, antes del boom renovable de los últimos años, los precios de la electricidad en España ejercían “una presión negativa en el sector manufacturero español” de unos 0,6 puntos porcentuales respecto al crecimiento del valor añadido bruto de este sector en la eurozona. Así, como muestra el siguiente gráfico, entre 1997 y 2018 las manufacturas españolas registraron un crecimiento anual del 0,6%, un punto por debajo de la eurozona y muy por debajo de Francia (1,3%) y Alemania (2%). El resultado: el peso de la industria española en el PIB se desplomó en España esos años casi seis puntos porcentuales. Mientras, en Alemania se mantuvo (en Francia e Italia se redujo, respectivamente, en 4,6 y 3,7 puntos). Según el análisis de CaixaBank Research a partir de datos de Eurostat, en 2024 los menores precios relativos de la electricidad en España explicarían un crecimiento de la producción industrial española 0,8 puntos porcentuales por encima de la eurozona: 1,7 puntos, cuando en Francia fue del 0,2% y en Alemania cayó medio punto. Los datos de Eurostat muestran que entre 2018 y 2024, los precios relativos de la energía para uso industrial evolucionaron a favor de España en comparación con el resto de Europa. En 2018, la industria española pagaba un 31,5% más por su electricidad que la industria europea. En 2024 pagó un 20,9% menos. En ese periodo, la generación de electricidad renovable de bajo coste (fotovoltaica y eólica) pasó del 22,8% del al 40,2% del mix, gracias fundamentalmente a la pujanza de la fotovoltaica, que multiplicó su potencia instalada por casi siete. En junio, la OCDE apuntó que “algunos países” de la UE con altos precios de la energía “desean mantener industrias con un uso intensivo, pero solo podrían ser competitivas en regiones con bajos precios, como el sur de España o el norte de Suecia”. Y “es posible que la producción deba realizarse en lugares de la UE con menores costes energéticos”. El cambio de tendencia es especialmente significativo respecto a Alemania, que importaba en 2021 el 52% del gas natural que consumía a través de los gasoductos con Rusia. Tras la invasión de Ucrania, la locomotora industrial europea se despidió de ese gas barato del que disfrutó durante décadas. España, sin una dependencia especial del gas ruso y con pobres interconexiones con el resto de Europa, aprovechó su red de regasificadoras, única en el mundo (e infrautilizada durante años) para soportar mucho mejor que otros países de la UE el cierre de las tuberías que conectaban Europa y Rusia. España, en suma, está recogiendo los frutos de una apuesta que empezó hace casi veinte años con mal pie. Un generoso régimen de primas a las renovables convirtió al país en líder mundial en eólica, pero una oleada de instalaciones (en especial, fotovoltaica aún no competitiva) y una burbuja de incentivos derivó en un déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico) de casi 30.000 millones. El agujero, con garantía del Estado, llevó al Gobierno de Mariano Rajoy a aprobar durísimos recortes (que derivaron en una catarata de arbitrajes internacionales) y una moratoria a las primas que paralizó años el sector. Sin embargo, en los últimos años España ha aprovechado sus bazas y los drásticos descensos de costes de la fotovoltaica, en un contexto de enorme demanda latente para nuevos usos como el hidrógeno verde (que, no obstante, sigue sin ser competitivo respecto al de origen fósil), grandes centros de datos o electromovilidad. Pero hay también nubarrones. El citado estudio de BBVA advertía de que sostener este crecimiento y los beneficios de las renovables requiere avances regulatorios, más interconexión, elevadas inversiones públicas y privadas y almacenamiento (a través sobre todo de instalaciones de bombeo hidroeléctrico, con largos plazos de construcción) para evitar la llamada canibalización de precios (horas negativas en muchos momentos del año). Y existe un monumental atasco de peticiones de acceso y conexión a la red eléctrica, reflejo de ese enorme apetito inversor y un importante componente especulativo. El Ministerio para la Transición Ecológica subraya que desde 2020 se ha otorgado acceso a la red de 43 gigavatios (GW) de capacidad para nuevas demandas, “equivalentes a otra España entera”, incluyendo 12 GW de centros de datos, “el triple” de lo previsto por la Estrategia de IA para 2030; 11,3 GW de proyectos industriales, 6 GW de planeamientos urbanísticos, 3 GW para hidrógeno y 2,3 GW para infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. El ministerio ha “anticipado” la nueva planificación de las redes, que prevé elevar un 62% los topes de inversión con inversiones de casi 13.600 millones hasta 2030, y “dará acceso a la red a los mejores proyectos firmes con el mínimo coste para los consumidores de electricidad que sufragan las redes”. Transición Ecológica destaca que las peticiones de acceso a demanda se han multiplicado por 80 respecto a la vigente Planificación 2021-2026, modificada puntualmente para dar cabida a demandas estratégicas, ligadas a inversiones de 489 millones. “Hay peticiones equivalentes a dos veces la demanda de España, más de 100 GW”. A esta nueva hoja de ruta se suma la fijación de garantías para otorgar acceso a la red de instalaciones de generación y demanda, la celebración de concursos de acceso en los nudos más congestionados, o el rescate de algunas medidas del decreto antiapagones que tumbó el Congreso en julio: caducidad del derecho de acceso en las redes de distribución a los cinco años, como en las redes de transporte, y obligación de identificar el CNAE del proyecto asociado al permiso de acceso a demanda en el momento de solicitarlo, que debe ser el mismo cuando se formaliza el contrato de acceso para evitar la especulación. Una de las incógnitas estriba en si eléctricas y Gobierno lograrán que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mejore su propuesta de retribución para las redes de distribución. Los próximos años dirán si España, hasta ahora al margen de las grandes revoluciones industriales de los últimos siglos, aprovecha la oportunidad, porque la historia no se repite, pero rima. Un espejo en que mirarse es un trabajo publicado este año por investigadores de Oxford y Harvard que analizó cómo los condados estadounidenses con acceso a los gasoductos que el Gobierno de ese país construyó en la II Guerra Mundial disfrutaron durante décadas de mayores tasas de empleo en sectores asociados al uso intensivo de energía. “Estos efectos persistieron hasta mediados de la década de 1980 en todas las industrias intensivas en energía” y hasta finales de los noventa en las más dependientes de la electricidad, “a pesar de los efectos perturbadores de la crisis energética de la década de 1970”.

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