El reto del Gobierno con la vivienda: solo uno de cada cinco nuevos pisos es protegido

Sánchez apuesta por un "cambio de paradigma" y el blindaje de la vivienda pública a perpetuidad, tras perder más de dos millones de casas con algún tipo de protección en las últimas tres décadasLa falta de obra nueva y la demanda no residencial disparan la vivienda de segunda mano a cifras récord Una primera piedra y un proyecto de 3.500 viviendas. 1.123 serán públicas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este martes al inicio de las obras de urbanización del futuro barrio de Retamar, en Alcorcón (Comunidad de Madrid), en el que será “uno de los mayores desarrollos de suelo de toda la región”. Lo ha hecho acompañado de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en cuya agenda se vienen repitiendo en los últimos meses inauguraciones y entregas de llaves de vivienda protegida; los secretarios de Estado del ramo, David Lucas e Iñaqui Carnicero, que el lunes reclamaron en una reunión de alto nivel con los ministros de la UE su implicación en la lucha contra la especulación; y la directora de Sepes, la base de la nueva empresa pública, Leire Iglesias. El acto se ha convertido en una escenificación del impulso del Gobierno a las políticas públicas de vivienda, a las que el presidente se ha referido como “un cambio de paradigma”. “En siete años hemos hecho mucho, es verdad que insuficiente, pero hemos multiplicado por ocho la inversión en vivienda y se han construido 80.000 viviendas de alquiler asequible”, ha defendido. La evolución de la producción de vivienda pública o con algún tipo de protección ha sido desigual desde que hay registros, a principios de los 90. Como muestra el siguiente gráfico, solo ha bajado del 10% del total en los años 2000, 2002 y 2017, pero las diferencias entre los primeros ejercicios y el último son notables. El 9% a principios del milenio suponían 47.000 viviendas, mientras que 17 años después esa misma tasa representaba poco más de 7.000. En 2024, las administraciones han dado un impulso inversor y desde el Gobierno central se han inyectado recursos para aupar la producción de vivienda protegida hasta el 18% del total de casas que se iniciaron. Una de cada cinco. La cifra total continúa siendo tímida en un momento en el que el sector trata de despegar, pero suponen casi 24.000 viviendas, frente a las 12.300 del año anterior. Desde el sector de la construcción reclaman una mayor disponibilidad de suelo finalista y menos burocracia para animar las obras y nuevas promociones en un contexto de alta demanda y crédito barato por los recortes en los tipos de interés. Los datos recogidos para los gráficos que acompañan esta información se refieren a viviendas con calificación provisional, la que se da al inicio, para poder analizar la evolución sin el decalaje del proceso, que se puede alargar durante años. En total, se concedieron 14.371 calificaciones definitivas, más de 10.000 fueron impulsadas por promotores privados y casi 6.000 fueron vendidas a familias como residencia habitual. Solo 3.700 fueron destinadas a alquiler, según la estadística de Vivienda. Esta diferencia por tipología de vivienda marca una tendencia a la propiedad frente a la apuesta por el parque público de alquiler. Permite a las clases medias acceder a viviendas a precio asequible en propiedad, pero también limita la capacidad de las administraciones a la hora de disponer de la palanca de los alquileres. “Habría que aumentar, sobre todo, el parque de vivienda social, pero también la Vivienda de Protección Oficial (VPO), principalmente en alquiler, ya que la propiedad impide su rotación hacia población más necesitada”, señala la experta en vivienda y doctora en sociología de la Universidad Rey Juan Carlos, Almudena Martínez. “La VPO tuve su auge en los años 80 y 90. Eran, sobre todo, viviendas que se compraban y luego se descalificaban para venderlas en el mercado libre y obtener plusvalías”, explica el consultor y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, Alejandro Inurrieta, que indica que esa dinámica ha dejado el volumen de este tipo de casas en mínimos históricos, lastradas también por unos precios de módulo “fuera del mercado, que las hacían poco atractivas para las constructoras”. “Ahora se empieza a hacer VPO, aunque partimos de números tan bajos que cualquier incremento parece un mundo”, aclara. En cualquier caso, Inurrieta coincide con que “la VPO en compra sigue siendo un error”. “La única ayuda pública debería ser a la construcción y la generación de un parque público de vivienda siempre en alquiler y que no se pueda vender nunca. Ni compra, ni alquiler con opción a compra. Solo VPO en alquiler, como funciona en el resto de países europeos”, insiste. Precisamente, el nuevo Plan Estatal de Vivienda incluye una ayuda de 30.000 euros para jóvenes de hasta 35 años que accedan a un alquiler de vivienda protegida con opción a compra. Pero una de las claves no está tanto en el número de viviendas que se construyen con algún tipo de protección, sino en qué pasa luego con esas casas. Según el Ministerio de Vivienda, el parque público actual ronda el 3,4% del total de viviendas principales, frente al 2,5% de 2018. Según los datos de Eurostat, serían 596.693 viviendas sociales, entendidas como aquellas diseñadas para proporcionar viviendas asequibles a familias trabajadoras, jóvenes, mayores o grupos vulnerables y garantizar que una mayor parte de la sociedad tenga acceso a condiciones de habitabilidad dignas y seguras. La tasa está muy por debajo de la media europea, en el 9,3% y alejadísima de países como Países Bajos (29%), Austria (24%), Dinamarca (20%) o Suecia (16%). “La baja tasa de VPO ha sido clave en la crisis actual. La existencia de un parque de vivienda público en alquiler, al igual que en otros países europeos del norte, hubiera, al menos, amortiguado la escala de precios y la creciente especulación financiera de la vivienda”, considera Martínez. Diferentes analistas vienen a señalar que controlando desde lo público un 10% del parque total, se pueden limitar las subidas en el mercado libre. El gerente de la empresa pública de vivienda de Navarra, Javier Burón, escribía en su ensayo 'El problema de la vivienda': Es fácilmente comprensible que ciudades con el 20% de oferta de vivienda pública y privada subvencionada asequible (París, Londres, Berlín y Estocolmo), 30% (Copenhague y Helsinki), 50% (Ámsterdam) o incluso en el entorno del 60% (Viena) tienen más capacidades para hacer frente a la especulación que Madrid, Barcelona y el resto de urbes españolas, donde esa vivienda social apenas supera el 2%. Pese al exiguo parque público español, como puede apreciarse en el siguiente gráfico, solo en la década de 1991 al año 2000 se levantaron más de 760.000 y, hasta 2010, otras 746.000. Sin contar con los datos testimoniales que dejaron los años siguientes al estallido de la burbuja inmobiliaria, en las dos décadas previas se habían levantado más de un millón y medio de viviendas protegidas. Pero hasta estos días solo habrían llegado con esa calificación algo más de 600.000. Según los datos que maneja la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, si las viviendas construidas con dinero o en suelo público durante la democracia no se hubieran desamortizado, ahora habría en España un parque público de 2,5 millones de casas. Un informe del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, publicado la semana pasada, indica que “existe un enorme déficit de vivienda pública, derivado de la descalificación sistémica de las viviendas protegidas construidas en el pasado, y el desinterés mostrado en los últios años por la promoción de vivienda con algún régimen de protección, tanto por parte de la administración, como por la promoción privada”. Según este trabajo, “si no se hubieran descalificado las viviendas protegidas en España, tendríamos actualmente un parque de vivienda protegida del 38%”. Esa cifra parece abultada, pero si el análisis se retrotrae a la segunda mitad del siglo XX, de los 5,4 millones de viviendas que se construyeron entre 1960 y 1979, el 63% —3,4 millones—, lo fueron a precios limitados, como indica el investigador Jaime Palomera en su libro 'El secuestro de la vivienda'. Las políticas de vivienda del franquismo, que buscaban convertir a proletarios en propietarios en línea con la idea atribuida al propio Franco de que “un propietario más, un comunista menos”, pasaban por levantar pisos con ayudas públicas, garantizando plusvalías y que terminaban en el mercado libre a los pocos años. Un modelo que, como indica Palomera, “los Gobiernos de todos los colores han seguido cultivando”. Esa salida de lo público al mercado privado que se ha producido en las últimas décadas es “un problema estructural” que “ha generado un proceso especulativo en torno a la VPO por sus expectativas de revalorización”, indica Martínez. Muchas de esas viviendas terminaron en el mercado libre, sin ningún tipo de calificación, al cabo de unos años, que varían en función de la comunidad autónoma, pero otras miles fueron a parar a fondos privados, conocidos como fondos buitre,que las adquirían a precio de saldo. Los casos más sonados de estas prácticas de desvío de recursos públicos a fondos privados fueron las 1.860 que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid malvendió a Blackstone por 72,8 millones de euros. O los 3.000 pisos que la Comunidad de Madrid vendió a Goldman Sachs-Azora por 201 millones de euros. Este jueves, la ministra de Vivienda ha convocado a las comunidades autónomas a una Conferencia Sectorial para abordar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, en el que se incluye el requisito de blindar el parque público a perpetuidad, para evitar que viviendas construidas sobre suelo o con dinero público acaben en manos privadas y poder alcanzar esa media europea del 9% del parque total a la que los consejeros del PP llegan con el guion marcado desde Génova, que acusó al Gobierno de “pasar por encima de las comunidades, invadiendo sus competencias para imponer sus recetas de fracaso”. Sánchez, por su parte, ha defendido este martes la intervención del sector, frente a quienes apuestan “por una liberalización del mercado, que es lo que llevamos haciendo 40 años”. El cambio, barruntan los expertos, será lento. Como indica Inurrieta, que fue director de la empresa pública de alquiler que creó el presidente Zapatero y fulminó Rajoy, “cada vez se hace más necesario el contrapeso de la vivienda pública, pero hasta que alcancemos una tasa del 30% sobre el total, pasarán muchas décadas y muchas generaciones”.

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