30 años de gobierno y 100 de condenas por corrupción

El 28 de mayo se cumplirán tres décadas del PP en Madrid, las mismas que el PSOE de Andalucía sumaba en 2012 al frente de la Junta cuando la derecha política y mediática pedía un cambio por higiene democrática y porque el poder durante tantos años deriva en prácticas corruptas, en la construcción de redes clientelares y en la descomposición moral Que 30 años no es nada. O mucho. Depende. Si es por hacer frente a la nostalgia, quizá sean pocos. Si es cuestión de permanencia en el poder, quizá demasiados. El PP está a punto de cumplirlos al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Tres décadas se cumplirán el próximo 28 de mayo desde que Alberto Ruiz Gallardón llegase en 1995 a la Puerta del Sol. Luego vinieron Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, Pedro Rollán e Isabel Díaz Ayuso. Juzguen ustedes mismos sobre la evolución de la calidad política entre el primero y la última ahora que tanto se lleva cuando se habla de la izquierda eso de que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. Basta con que echen un vistazo a los debates parlamentarios de entonces y a los que protagoniza hoy la actual presidenta regional. O a su forma de desenvolverse en la vida pública. O a su formación. O a su gestión. 30 años, por cierto, son los mismos que el PSOE de Andalucía sumaba allá por 2012 al frente de la Junta y entonces eran ellos, los populares y sus terminales mediáticas, los que decían que no era solo cuestión de alternancia, sino de higiene democrática. ¡Hace falta aire fresco!, decían. ¡Es necesario abrir puertas y levantar persianas! ¡El cambio es una obligación democrática! Que ya se sabe, insistían, que el poder corrompe; que ejercido durante muchos años puede derivar en prácticas corruptas; en la nula la rendición de cuentas; en la construcción de redes clientelares y hasta en la descomposición moral…. Solo cuando gobierna la izquierda porque cuando lo hace la derecha, todo marcha como la seda. A ojos, de los que no quieren ver, claro. O si ven, prefieren callar. Mejor el silencio a perder la mamandurria. El PP ha convertido Madrid en un negocio y la mancha de la putrefacción se ha extendido sin disimulo por toda la región. Pero ahí siguen los asuntos más turbios protagonizados por la derecha madrileña en estos años: Gürtel, Púnica, Lezo, la financiación ilegal, la Ciudad de la Justicia, el caso máster… No solamente están en la memoria colectiva de los madrileños, sino que algunos siguen pendientes de ser juzgados. Solo los cargos que formaron parte de los gobiernos de Esperanza Aguirre acumulan ya más de 100 años en diferentes condenas por corrupción. Vicepresidentes, consejeros, viceconsejeros, directores generales y gerentes de empresas públicas, además de un secretario general del PP, varios alcaldes y no pocos concejales han pasado por el banquillo de los tribunales y han sido condenados. La gestión del agua, el suelo, los colegios , los hospitales, los centros de salud, las adjudicaciones públicas… Todo era susceptible de negocio para un PP cuyo hecho diferencial siempre fue la destrucción de lo público para engordar lo privado. Y así sigue siendo a pesar de que las siglas han sobrevivido a todo tipo de desmanes, de políticos desvergonzados y de un electorado, al parecer, desmemoriado con la inestimable colaboración de una gran variedad de medios subvencionados. Curiosamente, son los mismos que hoy sentencian comportamientos corruptos antes de producirse las imputaciones, airean supuestos informes policiales sin que hayan sido aún redactados y siembran todo tipo de sospechas con mensajes de WhatsApp entre dirigentes políticos que no revelan, de momento, comportamientos ilícitos, pero siempre generan confusión y ruido en la opinión pública. Y, entretanto, esa misma ley del embudo pasa por alto que Feijóo elija a la número tres de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán, como una de las organizadoras del próximo congreso nacional del PP mientras está siendo investigada judicialmente por hasta cuatro delitos de corrupción por supuestamente cobrar de un empresario a cambio de adjudicaciones. La jueza elevó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que Millán es diputada autonómica y, por tanto, aforada, además de vicesecretaria de Organización del PP de Madrid y exalcaldesa del municipio de Arroyomolinos. El tribunal ha devuelto el caso a la jueza al considerar que la investigación de la Guardia Civil no es suficiente para imputarla.

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