El derecho a ser víctima

No hace falta que la niña o el niño tengan que sufrir un daño directo, e incluso ser asesinados, para que se les otorgue ese derecho a ser víctimas. Lo son de por sí desde el momento en que hay violencia machista en su hogar Un padre mata a su hija de 13 años y luego se suicida. Ha sucedido en Bilbao. De este crimen importan varios elementos y uno de ellos es si se ha producido en un contexto de violencia machista. De confirmarse, estamos ante un crimen machista, es decir, ante un caso de violencia machista. Y, como tal, debe ser abordada desde una perspectiva de derechos de la infancia para reconocer tanto el carácter estructural de esta violencia como la condición de víctima directa de esta persona menor de edad. Conocer y reconocer lo que lleva a un hombre a quitar la vida a su hija es fundamental para poder hacer frente –prevenir, detectar, atender y reparar– a la violencia que sufren las niñas, niños y adolescentes. Esta respuesta debe venir desde el conjunto de la sociedad: desde las políticas públicas, la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los ámbitos educativos, sanitarios y comunitarios. Esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos permite señalar correctamente no solo a los culpables de su comisión, sino, sobre todo, identificar aquello que como sociedad decidimos no tolerar. Solo así podremos exigir medidas que prevengan la repetición de la violencia machista contra la infancia. Desde hace una década, el ordenamiento jurídico español reconoce a las niñas, los niños y adolescentes el derecho a ser víctimas de la violencia de género cuando esta sucede en el ámbito familiar. No tiene que llegar a que exista una instrumentalización de la hija o el hijo de la mujer por parte del hombre contra ella para que se dé ese reconocimiento. No hace falta que la niña o el niño tengan que sufrir un daño directo, e incluso ser asesinados, para que se les otorgue ese derecho a ser víctimas. Lo son de por sí desde el momento en que hay violencia machista en su hogar. La exposición a la violencia machista tiene efectos devastadores en la salud emocional, física y mental de las niñas, de los niños y también de las y los adolescentes. Pero, además de las graves consecuencias inmediatas y traumáticas para su estabilidad emocional y su integridad, marca de forma determinante su aprendizaje de actitudes y creencias ante la vida. Es sobre ese marco conceptual de la violencia sobre el que vino a legislar la conocida como LOPIVI, en 2021, para garantizar los derechos de las infancias de cara a su protección integral ante cualquier tipo de violencia, también la machista. Nombrada de forma explícita en esta ley como una de las manifestaciones de violencia que pueden sufrir las niñas y niños, especialmente cuando son hijos de mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, todo ese marco legal de protección a la infancia choca una y otra vez con su propia aplicación en los espacios donde debería desplegarse: los juzgados, los servicios sociales, los equipos psicosociales o los sistemas de salud y educación. Una inacción o desconocimiento –y en demasiados casos, también desidia– que solo se pone en cuestión y analiza cada vez que ocurre un asesinato como el de esta niña de 13 años en Bilbao. Pudiera parecer que solo en estas situaciones extremas cuando se vuelve a plantear por enésima vez lo que ya se ha dicho en veces anteriores y que debería ser evidente: que las políticas de prevención no pueden depender solo de las madres. Sobre todo, cuando, además, se criminaliza y castiga a estas cuando tratan de proteger a sus hijas e hijos por las mismas instituciones que deberían garantizar su protección. Hasta que estas instituciones traten a niñas y niños como sujetos con derechos propios –y no como extensiones de sus madres o posesiones de sus padres–, la respuesta institucional seguirá llegando tarde, será solo reactiva y, por tanto, insuficiente. Es urgente una respuesta estructural que sitúe a la infancia en el centro de la protección frente a la violencia machista, sin esperar a que haya una denuncia para actuar. Reconocer el derecho a ser víctima es también una forma de decir que estas niñas y niños existen, que cuentan, que su dolor importa. No como símbolo, no como instrumento, no como daño colateral. Como personas. Como sujetos de derechos, también a ser víctimas de violencia machista. Esa niña tenía 13 años, no era una víctima secundaria, tengámoslo en cuenta cuando hablemos de “violencia vicaria”. Fue asesinada por su padre, que decidió quitarle la vida para dañar a su madre porque en la lógica del patriarcado las hijas y los hijos no son sujetos, son objetos. Tengamos esto en cuenta a la hora de hablar de este crimen machista y tengamos presente el riesgo de colocar el foco exclusivamente en la intención del agresor —dañar a la madre—, con lo que se refuerza una narrativa patriarcal en la que los hijos e hijas quedan relegados al papel de “instrumentos” o “rehenes”, de propiedad. Solo tengámoslo presente para no invisibilizar a esta niña su reconocimiento como víctima… directa.

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