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España lidera en Europa la oposición a Netanyahu

España lidera en Europa la oposición a Netanyahu
La iniciativa más importante, hasta ahora, es el anuncio del presidente Sánchez de decretar formalmente un embargo total del comercio de armas. Ahora se trataría de ejecutar la prohibición de una manera absoluta. El Gobierno ha retrasado por dos veces la aprobación del decreto, causando un notable enfado en la izquierda. Y es que una cosa es la decisión política -que solo necesita voluntad- y otra las complicaciones de su puesta en práctica, que tiene lógicamente repercusiones legales, económicas y -sobre todo- en el campo de la defensa nacional, difíciles de gestionarEl éxito del boicot y el fracaso de las siglas Las protestas y manifestaciones contra el genocidio en Gaza que han llegado a paralizar en España un evento deportivo importante como la vuelta ciclista -más allá de las críticas injustas, falaces y cínicas de los mismos que apoyaron activamente, no hace mucho, los cortes de tráfico y los disturbios en la calle Ferraz, y de los que parecen dar más importancia a una prueba deportiva que a la muerte de 18.000 niños- son fruto de un brote popular de indignación, que honra a la sociedad española y da un toque de atención a la inactividad de buena parte de la clase política ante este drama. Ha tenido repercusión en Europa y en parte del mundo, y podría producir un cierto efecto contagio que despierte en otros lugares conciencias adormecidas y saque a mucha gente a la calle, hasta que esta pequeña ola se convierta en un tsunami que detenga las acciones criminales del Gobierno de Israel contra el pueblo palestino. Más vale tarde que nunca. España está siendo uno de los países más activos, tal vez solo por detrás de Sudáfrica entre los más relevantes, y junto con algunos pequeños estados europeos como Irlanda, Bélgica o Eslovenia, en la escasa oposición que ha tenido en el mundo el sistemático exterminio de los palestinos programado y ejecutado por el Gobierno de Netanyahu. Al apoyo explícito del presidente Pedro Sánchez a la protesta de los españoles -no a la violencia de unos pocos-, que le ha valido la calificación de podemita por parte de la derecha, ha seguido la decisión de Televisión Española de renunciar a participar en Eurovisión si admiten a Israel, y la solicitud del Consejo Superior de Deportes al Comité Olímpico Internacional para que Israel sea excluido de todas las competiciones internacionales oficiales, como se ha hecho con Rusia por su invasión de Ucrania. No es mucho aún, pero lo suficiente para que un político de derechas, como el liberal Dominique de Villepin, que ha sido primer ministro de Francia, haya declarado en una entrevista en France Info que España está salvando en este asunto el honor de Europa. Y también para que el secretario general de la ONU haya elogiado la posición española. Con todo, la iniciativa más importante, hasta ahora, es el anuncio hecho por el presidente Sánchez de decretar formalmente un embargo total del comercio de armas y cualquier material de uso militar entre Israel y España, así como su tránsito por nuestro país. Aunque teóricamente desde que empezó la destrucción de Gaza este comercio habría sido paralizado, la realidad es que la cooperación en el sector de defensa ha continuado, tal vez no con nuevos contratos, pero sí con la continuación de los que ya estaban en marcha. Y tampoco la prohibición de tránsito se ha llevado a cabo con el rigor suficiente. Ahora se trataría de ejecutar la prohibición de una manera absoluta. Pero el Gobierno ha retrasado por dos veces, en dos Consejos de Ministros sucesivos, la aprobación del decreto que debe establecer el embargo, causando un notable enfado en la izquierda, que desearía medidas mucho más contundentes contra Israel, pero exige que al menos se cumpla la promesa hecha por el presidente sin más dilación. Y es que una cosa es la decisión política -que solo necesita voluntad- y otra las complicaciones de su puesta en práctica, que tiene lógicamente repercusiones legales, económicas, y -sobre todo- en el campo de la defensa nacional, difíciles de gestionar. El problema no es lo que exportamos a Israel: desde el principio de la guerra esto solo se ha producido de forma residual y con suministros no letales. Ni tampoco la importación directa de armas, que no ha sido relevante, aunque aquí sí que ha habido excepciones: recordemos el contrato de suministro de balas de pistola israelíes para el ministerio del Interior que tardó seis meses -hasta abril de este año- en ser rescindido. La dificultad estriba en el futuro de ciertas armas y equipos que han sido contratados en Israel por su calidad tecnológica o fabricados en España en colaboración con empresas israelíes, que proporcionan la tecnología y, en ocasiones, alguno de los componentes y han acordado con empresas españolas uniones temporales o licencias de fabricación. Hay más de 40 programas de armamento y equipos militares que dependen de esta cooperación, en sectores tan sensibles como ciberdefensa, radares o drones, aunque algunos ya han sido suspendidos. Los más importantes para las Fuerzas Armadas españolas son: SILAM, un programa desarrollado por Rheinmetall Expal y EM&E, en colaboración con la israelí Elbit Systems, que fabrica en Córdoba lanzacohetes múltiples basados en el PULS israelí; SPIKE, un misil guiado antitanque encargado en España a la empresa Pap Tecnos, filial de la israelí Rafael, que ya está instalado en helicópteros españoles Tigre, en cuya fabricación participarían también empresas españolas como Escribano, Tecnobit y FMG; y un POD láser, designación de blancos de guerra aérea, para los cazas Eurofighter, contratado con la empresa israelí Rafael Air & Space. Los dos primeros de estos programas, por valor de mil millones de euros, han sido ya suspendidos por el Ministerio de Defensa, pero aún está por ver si la fabricación de Silam en Córdoba se va a interrumpir, y buscar una alternativa al Spike, que será quizá mucho más cara. Además, habrá que suprimir la colaboración entre ambos países en la fabricación para terceros países, como es el caso del blindado ASCOD Sabrah para Filipinas, del que la empresa española Santa Bárbara Sistemas fabrica el chasis y la israelí IMI la torreta y el sistema de armamento y dirección de fuego.   Ahora hay que ver qué materiales se pueden seguir fabricando -o incluso utilizando- después de la ruptura con las empresas israelíes, si hay otras empresas -como Airbus o Indra- que puedan ofrecer alternativas a los que tengan que dejar de producirse, o dónde podrían adquirirse esos equipos de sustitución. También qué repercusiones tiene la nueva situación para las empresas españolas implicadas, incluso para sus trabajadores, si se interrumpe la producción, qué consecuencias puede tener el cese de la cooperación en la capacidad a corto, medio y largo plazo en las Fuerzas Armadas españolas, porque afecta a capacidades militares críticas, así como los costes financieros que puede comportar la resolución de contratos vigentes y -en su caso- las ayudas que necesiten las empresas españolas que cesen en su actividad o la disminuyan. Todos estos asuntos son enormemente complejos y es de suponer que el Ministerio de Defensa, y probablemente el de Economía y Comercio, sin oponerse a la decisión del presidente, hayan pedido tiempo para estudiarlos y encaminar su resolución. Pero esto no se arregla en quince días ni en veinte, aunque se asuman consecuencias negativas, y como la política manda y los socios de coalición no admiten más espera, es más que probable que el Consejo de Ministros del próximo martes apruebe finalmente el decreto, aunque se siga trabajando en algunos asuntos sin resolver que probablemente sean objeto de polémica política en las próximas semanas o meses. Lo más importante es que otros países, en Europa y en otras partes del mundo, pueden seguir el ejemplo de España e ir poco a poco limitando los recursos de Israel. El temor a que esto suceda puede ser la razón de la desproporcionada, furiosa y prematura respuesta del Gobierno israelí. La actitud de la UE y de la mayoría de sus Estados miembros ha sido hasta ahora muy reticente a tomar ninguna medida contra Israel, a pesar del doble rasero que supone su inacción respecto las 18 rondas de sanciones que ha aplicado a Rusia, cuando en Ucrania, en mucho más tiempo, ha muerto la tercera parte de civiles que en Palestina. Esto pasa porque algunos países europeos consideran que tienen una deuda histórica con el pueblo judío, que les impide sancionar, o incluso criticar, a Israel, y porque la mayoría no quieren enfadar a EEUU, el padrino y valedor incondicional de Netanyahu, cuyos crímenes genocidas apoya sin condiciones. No obstante, algo empieza a moverse. En agosto, Fiedrich Merz, canciller de Alemania, el país europeo que más ha apoyado a Israel por su sentimiento de culpabilidad respecto al holocausto, anunció el fin de la exportación al estado judío de armas que puedan ser utilizadas en Gaza. El Gobierno francés emitió el martes la condena más dura a Israel desde que empezó la guerra, pidiéndole que termine con su campaña destructiva, que ya no tiene lógica militar, en Gaza, y que levante de inmediato todas las restricciones impuestas a la entrada de ayuda humanitaria en la franja. El miércoles la Comisión Europea presentó una propuesta para anular parcialmente la rúbrica comercial del acuerdo de Asociación UE-Israel, algo que España e Irlanda pidieron en febrero de 2024 y que el presidente español reclamó de nuevo en el último Consejo Europeo. Se trata de una sanción muy limitada porque solo afecta a un 37% de las exportaciones israelíes, lo que se traducirá en menos de 230 millones de euros en aranceles, pero es más que nada. Al ser una suspensión parcial no necesita el consenso de los 27 y puede eludir el seguro veto de Hungría -que también aquí, como en Ucrania, apoya al agresor- y tal vez de la República Checa. De todas formas, dentro de 30 días tendrá que ser aprobado por el Consejo Europeo por mayoría cualificada, y eso va a depender sobre todo de Alemania, aunque parece probable que salga adelante. En el aspecto político, el Gobierno israelí ha recibido un duro revés con el informe de la comisión independiente del departamento de derechos humanos de Naciones Unidas, en el que se dictamina sin matices que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. En España, los políticos de derecha y extrema derecha se niegan a aceptarlo, aunque no reconocer la autoridad de la ONU implica situarse en una zona antisistema y marginal. Pretenden que solo el Tribunal Penal Internacional (TPI) puede dictaminar que Israel comete genocidio. No deben saber que el TPI, que ya ordenó en noviembre de 2024 el arresto de Netanyahu y el entonces ministro de defensa, Yoav Galant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, no puede hacer ese dictamen porque no juzga a países, solo a personas. Es sorprendente que no sepan esto. O quizá lo confunden con el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), que se ocupa de los litigios entre países, y que en enero de 2024 ordenó a Israel, ante una denuncia de Sudáfrica, a la que después se adhirió España, que tomara todas las medidas posibles para prevenir un genocidio en Gaza, reconociendo que la denuncia es plausible, y que garantizara la preservación de las pruebas relacionadas con las denuncias de actos comprendidos en el ámbito de la Convención sobre el Genocidio contra miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza. Naturalmente, el Gobierno de Israel ha hecho caso omiso de las órdenes del TIJ, que tardará años en emitir una sentencia final, aunque ya ha dicho suficiente. Netanyahu y su Gobierno pueden seguir acusando de antisemitismo a todo el que le condene o se oponga a sus acciones criminales, incluidas las numerosas personalidades y organizaciones judías que rechazan el genocidio en todo el mundo, incluso en el interior de Israel, aunque eso ya no sirve, pues con su abuso el término ha perdido toda su carga emocional. Pero se le está empezando a acabar el tiempo. La semana que viene se celebrará en Nueva York la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas y en ella muchos nuevos países reconocerán al Estado Palestino, entre ellos algunos tan importantes como Francia o Reino Unido, miembros del Consejo de Seguridad. Inmediatamente después, Netanyahu visitará a Trump y, aunque le pedirá tiempo, es posible que el presidente estadounidense le dé un plazo para detener sus operaciones y hacer la paz, o limite sus ambiciones. Por eso tiene tanta prisa por destruir todo lo que pueda y presionar a los palestinos para que se vayan. Pero es probable que si la reacción que ahora está empezando se intensifica no pueda completar sus siniestros planes. Es cierto que el Gobierno español puede hacer mucho más, que la UE puede hacer infinitamente más, que muchos países, incluidos los árabes, Rusia, China, y otros, guardan un silencio ominoso. Pero esto es solo el comienzo. Así se fraguó el principio del fin del régimen de apartheid de Sudáfrica, con su exclusión de las competiciones deportivas en los años 60 del siglo pasado, seguida por restricciones comerciales y sanciones económicas, hasta llegar a un boicot comercial total a finales de los 80 que logró hacer caer al gobierno segregacionista, en favor de un nuevo régimen multirracial y democrático. Ese debe ser también el camino para acabar con el gobierno criminal y supremacista de Israel. El clamor popular debe crecer y multiplicarse hasta obligar a los gobiernos, empezando por los europeos, incluso algún día al de EEUU, a que eleven la presión sobre Israel y llegar, si es necesario, a la ruptura total de relaciones políticas y comerciales, para forzarle a cesar en este genocidio despiadado. Es nuestra responsabilidad, la de todos. Están muriendo miles de personas, civiles inermes, mujeres, niños, no solo por las bombas, también por enfermedades que no pueden ser tratadas porque no hay medicamentos y los hospitales han sido destruidos, y también por hambre. Se están arrasando sus casas, sus escuelas, sus infraestructuras, para que no tengan donde vivir y abandonen Gaza, que así podrá ser anexionada y colonizada por Israel, como ya está haciendo en Cisjordania. No lo podemos permitir, el silencio es culpable. Tenemos que aumentar nuestra presión sobre el gobierno para que tome medidas más radicales, como la ruptura de relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de Netanyahu, y para que empuje a otros países europeos a hacer lo mismo y a aprobar la total suspensión de relaciones comerciales entre la UE e Israel. Cualquier mensaje, cualquier grito, cualquier acto puede contribuir, por poco que sea. Tenemos que hacerlo por los palestinos, pero también por nosotros mismos, para no sentirnos avergonzados y miserables por consentir este horrible crimen contra la humanidad.   
eldiario
hace alrededor de 1 mes
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