Trump contra su banco central

Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha emprendido un peligroso asalto institucional de la Reserva Federal (Fed), el banco central de los Estados Unidos. Su intento de destituir a la gobernadora Lisa Cook y el nombramiento de su principal asesor económico, Stephen Miran, en la junta de gobierno de la entidad, dibujan una estrategia deliberada para controlar una de las instituciones clave de política monetaria en el mundo. El 25 de agosto, Trump anunció la destitución de Cook basándose en una denuncia del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, por una supuesta falsedad en la solicitud de préstamos hipotecarios. Pulte, un millonario amigo de Trump, ha denunciado a otros dos adversarios del presidente, un senador por California y la fiscal general de Nueva York. Los tres han negado las infracciones y Cook ha rechazado su destitución afirmando que Trump no tiene facultades legales para echarla. La legalidad de la decisión de Trump es muy cuestionable: la Ley de la Reserva Federal autoriza la destitución de un gobernador «por causa grave», sin detallar quién y cómo debe juzgarla. Se trata del típico vacío del derecho consuetudinario. Mientras la política estadounidense estaba en manos de demócratas y republicanos, esto no representaba un problemas, pero la llegada de un elemento disruptor como es Trump ha roto ese equilibrio. Dada la beligerancia del presidente, ahora también se sospecha que Adriana Kugler , miembro de la Fed designada por Joe Biden, pudo ser sometida a presiones indebidas para que dimitiera a principios de agosto. Kugler no explicó los motivos de su renuncia y su puesto fue ocupado por Miran. Con Kugler fuera y Cook bajo un asalto legal-institucional, Trump tiene la oportunidad de inclinar la balanza del consejo, facilitando una política monetaria orientada a recortes de tipos, más alineada con las prioridades políticas del presidente. Este uso de los recursos institucionales va más allá del margen tradicional del presidencialismo estadounidense. No se trata simplemente de un cambio en el liderazgo, sino de una persecución política con fines de control institucional. La independencia de los bancos centrales –valor promovido por Estados Unidos como contrapeso a gobiernos fiscalmente indisciplinados– está en juego. Socavar esa autonomía erosiona la confianza global en la política monetaria estadounidense, con efectos que exceden sus fronteras. Instituciones como S&P Global ya advierten sobre riesgos en la calificación crediticia, mientras los mercados han reaccionado con cautela. Estados Unidos ha construido, desde mediados del siglo XX, un régimen institucional donde la Fed actúa con independencia del ciclo político. Este equilibrio permitió que Paul Volcker derrotara la lacra inflacionaria de la década de 1970 y 1980. Alterar ese sistema mediante destituciones dudosas y nombramientos leales vulnera esa arquitectura institucional, acercando el modelo a prácticas propias de regímenes donde el poder político absorbe todos los contrapesos democráticos. Hoy se libra una batalla crucial por el respeto a las normas que protegían la independencia de la Fed frente a una lógica de poder que aspira a subordinar la política monetaria a los intereses del Gobierno. Defender la independencia de la Reserva Federal es preservar un principio de equilibrio que garantiza la estabilidad económica de EE.UU. y, por extensión, la del mundo.