Los socios reprochan a Marlaska los contratos de armas con Israel y el ministro asume el error “puntual”

Los partidos del bloque de la investidura reclaman al ministro que garantice que no habrá más compraventa de armas con empresas israelíesEl Gobierno tiene adjudicados otros nueve contratos de compra de armamento a Israel pendientes de cerrar “Desajustes o errores puntuales”. Así se ha referido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al contrato de compra de munición a empresas israelíes que generó una crisis sin precedentes en el seno de la coalición. “Al margen de desajustes o errores puntuales hemos sabido resolverlo con la implicación del conjunto del Gobierno”, ha justificado en una comparecencia en el Congreso en la que ha recibido las críticas de todos los socios del bloque de investidura. Marlaska comparecía este miércoles en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre el nuevo reglamento de inmigración y asilo, por un lado, y por otro sobre el contrato con empresas israelíes que provocó una fuerte bronca interna dentro del Gobierno en la que Izquierda Unida llegó a plantear su salida de la coalición. Todos los partidos que sustentan la mayoría de investidura han criticado la falta de transparencia con la que el Ejecutivo gestiona este tipo de transacciones y le han pedido que asuma el compromiso de que no se volverán a repetir operaciones así. El ministro ha asumido el error, que ha calificado de “puntual”. El contrato en cuestión es una compra de dos lotes de munición del calibre 9mm a dos empresas israelíes, por valor de más de cinco millones y medio de euros, que Interior formalizó en plena Semana Santa, a pesar de que en octubre el mismo Marlaska aseguraba tras salir a la luz que había iniciado un “proceso para rescindir el contrato de compra”. Las empresas adjudicatarias son las israelíes IMI Systems LTD, como fabricante, y Guardian Homeland Security S.A., como representante. El contrato fue adjudicado el 21 de octubre de 2024, un día después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, señalara -contestando por carta a una pregunta del ministerio de Derechos Sociales- que las compras de armamento a Israel estaban suspendidas. Según las explicaciones que ha brindado el ministro este miércoles en el Congreso, el 29 de octubre conocieron el origen de la empresa adjudicataria de esos contratos y ordenó para su tramitación “de manera inmediata” para “estudiar la mejor vía para su rescisión”. “Durante 6 meses, hemos explorado en el marco del Ministerio del Interior todas las vías legales posibles para anular la adjudicación, pero no hemos encontrado ninguna que no implicase un perjuicio patrimonial para el Estado, porque estamos obligados a cumplir lo dispuesto en la ley de Contratos del Sector Público. En este proceso, consultamos a la Abogacía General del Estado, cuya recomendación fue formalizar el contrato adjudicado”, ha relatado el ministro, que ha insistido en que exploraron todas las vías y no encontraron ninguna “solución viable”. La solución llegó cuando salió a la luz la formalización del contrato y formaciones como Izquierda Unida comenzaron a hablar de una crisis en el Gobierno de coalición si no se rescindía. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, también se sumó a la presión para que Interior cancelase la compra. Según Marlaska fue entonces cuando el Ejecutivo “articuló una solución mediante un mecanismo que implica a otros departamentos” en “instancias ajenas” a Interior pero que el Miniserio “comparte en su totalidad”. En estos momentos, ha dicho, el contrato está en “proceso de rescisión”. “En el Ministerio del Interior hemos hecho lo que hacemos siempre: analizar bien todo lo sucedido y tomar las medidas adecuadas para evitar que algo así pueda volver a producirse. Tenemos muy claro el compromiso firme de no contratar armamento con empresas israelíes y les garantizo que así lo vamos a respetar”, ha defendido en sede parlamentaria. Los socios del Gobierno, incluido Sumar, no se han conformado con esas explicaciones y le han reclamado garantías para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. “No es lo mismo iniciar el proceso para rescindir la adjudicación que iniciar el estudio sobre la posible rescisión”, le ha señalado el diputado del grupo plurinacional y portavoz de IU en el Congreso, Izquierda Unida, sobre sus palabras en octubre del año pasado. “Las empresas adjudicatarias de ese contrato celebraban en sus redes sociales los bombardeos a hospitales o los arrestos masivos de población”, ha asegurado. Por ello, le ha planteado una serie de preguntas. “¿Van a dejar sin efecto, anular o suspender cualquier compraventa a empresas israelíes? ¿Va a tomar medidas el Gobierno para que los suministros utilizados directa o indirectamente no vuelvan a atravesar nuestro territorio o nuestros puertos y aeropuertos?”, ha querido saber Santiago, que ha reclamado que mientras haya un gobierno de izquierdas no es “posible ninguna colaboración” con el Estado de Israel. Después de que el Gobierno anunciara la decisión de rescindir el contrato, elDiario.es reveló que hay hasta nueve operaciones más pendientes de cerrar con empresas israelíes, a la espera de ser formalizadas. “¿Por qué se hizo caso omiso si era una orden del Gobierno?”, le ha preguntado el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, que ha criticado que después de esos seis meses se decidiera formalizar el contrato siguiendo el criterio de la Abogacía del Estado. “Queremos respuestas claras y no nos vale que se hable de un error puntual. Cuando desde el Ministerio del Interior se nos dice que algo que se ha hecho mal ha sido debido a un error puntual, en Euskal Herria nos ponemos a temblar porque sabemos que acaba siendo práctica general”, le ha dicho. Y al igual que Santiago, ha pedido respuestas para el futuro. “Más importante que qué pueden hacer sería mirar al futuro. ¿Nos puede garantizar que esto no va a volver a ocurrir? ¿Que el anuncio hecho se va a mantener a rajatabla? ¿No tendrá el ministerio más contratos en vigor? ¿Nos lo puede asegurar que es así?”, le ha cuestionado. También fuerzas como ERC, BNG Junts y el PNV han criticado los contratos. “Nuestro crédito con el Gobierno en esta cuestión está roto. Solo hay una manera de restaurarlo, suspendiendo y siendo transparente con las adjudicaciones y promocionando una rápida de la reforma de la ley de transferencia de material militar y doble uso para el embargo con aquellos países que están denunciados en un tribunal internacional”, le ha advertido el diputado jeltzale Mikel Legarda. Este martes el Congreso empezó a tramitar una proposición de ley de los grupos de izquierda impulsada por los movimientos propalestinos que busca imponer un embargo total de armas a todos los países investigados por genocidio en la Corte Penal Internacional. Mucho más dura ha sido la diputada de Podemos Ione Belarra. “¿Cómo podemos creerles si ya nos mintieron?”, le ha dicho a Marlaska. “Me da auténtico asco que se esté usando el esfuerzo de la gente trabajadora de este país para financiar un genocidio. Siguen comprando, vendiendo y permitiendo el tránsito de armas a Israel. No le voy a permitir que mienta como hizo el presidente. Han firmado 46 contratos por valor de 1.044 millones, de esos contratos hay diez que no están formalizados y son cancelables”, le ha dicho. Marlaska ha cerrado con el compromiso de que no volverán a aprobarse contratos con empresas israelíes. “Yo asumo el error, no me gusta asumir un segundo error. Lo asumiría en otro sitio y en otro lugar. Por lo menos esa es mi forma de entender el servicio público”, ha dicho para dejar caer que si algo así volviera a ocurrir renunciaría a su cargo.

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