Alquiler de mujeres: estamos en la calle contra esta explotación

Se necesita una regulación que impida de manera efectiva que se sigan realizando estos “contratos” y estas prácticas radicalmente contrarias a la dignidad de la mujer y al interés superior del menor y que constituyen una inaceptable explotación de la mujer Pues sí, otra vez, vuelve la burra al trigo, siendo yo la burra, claro. Esto es lo que pueden pensar ustedes por mi insistencia en este tema. Es que hay cuestiones que merecen volver reiteradamente a ellas, en tanto no sean resueltas, que merecen nuestra atención cada día y cada hora y que han de mantenerse sobre la mesa de manera permanente. Nadie osaría, entiendo yo, pensar que las hambrunas, los genocidios, las guerras… puedan desaparecer de nuestra mirada y de nuestras reflexiones. En efecto, cada día, en todos los medios de comunicación están presentes de manera sistemática, con toda justicia, algunos de estos temas, pero no otros. A algunos de los que aparecen menos, como este que me ocupa una vez más, decido prestar mi voz, en lo que pueda valer. Resulta que el pasado sábado tuvo lugar en Madrid el “II Congreso Internacional de Mujeres y Gestación por Sustitución”, organizado por varias asociaciones, a saber: “Gure Umeen Ametsak” (traducido del euskera sería “Los sueños de nuestros niños”), “Son nuestros hijos”, “Gestación Subrogada en España” y “Red Latina de Investigadores den Biotecnologías Reproductivas – REDLIBRE -”. El Congreso ha tenido el siguiente lema: “Escuchar para proteger”. “Promoviendo el diálogo sobre mujeres y gestación por sustitución”. Según la información oficial del propio Congreso, sus objetivos han sido los siguientes: dar a conocer las aportaciones realizadas desde las ciencias sociales en torno a la gestación por sustitución y recoger testimonios directos de familias y mujeres que han realizado el proceso de gestar para conocer sus experiencias. En realidad, tal como desde la propia organización se ha expresado, de lo que se trata es de reclamar que España adopte una legislación urgente que permita y regule esta “técnica de reproducción asistida”, garantizando la protección a todas las partes implicadas en el proceso, siguiendo la línea europea de países como Irlanda y Dinamarca, que la han regulado recientemente, y alejándose de otros como Italia y Hungría, que persiguen a las familias que recurren a este modo de reproducción asistida. Con ese objetivo han intervenido, entre otras personas, varias jóvenes nacidas por este método y las mujeres que las gestaron. Algunas de esas jóvenes han manifestado estar “muy orgullosas de nacer así”. Coincidiendo con la celebración de dicho Congreso, ha tenido lugar, el mismo sábado, también en Madrid, una manifestación, un desfile organizado por varios grupos feministas, contra los vientres de alquiler. Destacó la espectacular puesta en escena, con unas 500 mujeres desfilando ordenadamente por el centro de la ciudad, vestidas con hábitos rojos largos y cofias blancas que son los ropajes característicos de las protagonistas de “El cuento de la criada”, ya saben, esa novela de Margaret Atwood, de la que también se ha hecho una serie televisiva, cuya trama se desarrolla en un futuro distópico en un país totalitario y regido por ley divina, en el que las pocas mujeres fértiles que quedan tras una gran guerra son forzadas a la esclavitud sexual y a gestar hijos para determinadas familias. Impactantes resultan realmente las imágenes de la manifestación, que se desarrolló en absoluto silencio, sin corear lemas, en la que las mujeres repartieron octavillas que relatan que entre 2010 y 2023 casi 4.000 bebés fueron adquiridos por ciudadanos españoles mediante contratos de gestación subrogada y conteniendo el siguiente mensaje: “Las mujeres no se usan, no a los vientres de alquiler”. Reiterando la idea de que esta práctica es “violenta” para las mujeres y supone una forma de explotación, así como que “la maternidad no es un derecho” y que “los bebés no se compran”. Del Congreso referido llama la atención la insistencia en “normalizar” esta eufemísticamente denominada “gestación subrogada” o “gestación por sustitución”, ahora solicitando una regulación garantista. ¿Garantista para quién? ¿Qué derechos dignos de este nombre han de ser protegidos por el Estado en este terreno?. O, preguntado de otro modo, ¿qué derechos no se estarían garantizando adecuadamente en este momento en España?. Quienes reclaman esta regulación obvian la realidad, la auténtica. Y tratan, por el contrario, de mostrarnos una realidad idílica, pero irreal, al menos en la generalidad de los casos, una realidad grata y placentera como la reflejada en los testimonios que más arriba he resaltado. Obvian que la Sala de lo Civil de nuestro Tribunal Supremo ya ha dictado varias Sentencias en las que ha reiterado con toda crudeza y rigor, sin paños calientes, que estos llamados “Contratos de gestación subrogada” “cosifican a los menores haciéndolos una simple mercancía, objeto de un contrato que pretende fijar su filiación con base en el pago de un precio a una mujer, que por lo general actúa impelida por un estado de necesidad acuciante, que se somete a los riesgos asociados a un tratamiento de reproducción asistida y que renuncia a los derechos que como madre gestante le deberían corresponder, y pretende privar al menor de esa relación de filiación materna así como de su derecho a conocer a su madre”. Obvian también que, aunque sea un muy pequeño avance, se ha modificado la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo por la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, en cuyo artículo 32 se refiere a la “Prevención de la gestación por subrogación o sustitución”, tras calificarla como “forma de violencia reproductiva”, reiterando que es un contrato nulo de pleno derecho y que, a través de campañas institucionales, se promoverá la información acerca de la ilegalidad de estas conductas, se produzcan con o sin precio, refiriéndose su artículo 33 a la prohibición de la promoción comercial de la gestación por sustitución. Se acerca bastante a la “promoción” el Congreso de referencia, ¿no creen?. Obvian asimismo que, a raíz de otra Sentencia del Tribunal Supremo, se ha dictado la Instrucción de 28 de abril de 2025, de la Dirección de Seguridad Jurídica y Fe Pública, “sobre actualización del régimen registral de la filiación de los nacimientos mediante gestación por sustitución”. Instrucción que se hace expresamente eco de la doctrina jurisprudencial e invoca también las normas internacionales en materia de derechos de los menores y de las mujeres gestantes, para regular correctamente la inscripción del nacimiento y filiación de hijos nacidos mediante gestación subrogada al no admitirse a tal efecto una certificación registral extranjera o la simple declaración acompañada de certificación médica al respecto ni sentencia firme del país correspondiente,y preverse que la determinación de la filiación de estos menores se realizará en España por los medios ordinarios: filiación biológica, en su caso, respecto de alguno de los progenitores de intención y posterior filiación adoptiva del otro u otros, cuando se pruebe la existencia de un núcleo familiar con suficientes garantías. Yo, personalmente, como ya he manifestado en otros momentos, consideraría correcto y necesario que, ya que nuestra propia legislación actualmente vigente califica esta práctica como “violencia reproductiva” y “explotación de las mujeres” y considera que se vulneran de manera inaceptable los derechos de mujeres y menores, afectando gravemente a su dignidad, una de las respuestas a dar desde el Estado sería su tipificación como delito en el Código Penal, tanto se produzcan en España como en el extranjero, pues son conductas que merecen el mayor reproche social considerando la auténtica realidad que subyace en ellas. Por eso entiendo que sí, que es imprescindible una regulación, pero no la que se solicita desde algunas posiciones. Se necesita una regulación que impida de manera efectiva que se sigan realizando estos “contratos” y estas prácticas radicalmente contrarias a la dignidad de la mujer y al interés superior del menor y que constituyen una inaceptable explotación de la mujer. Porque ninguno de los fines de esta tremenda realidad es aceptable desde ningún punto de vista: ni en razón a los fines financieros o similares que no pueden negarse, pues ya es evidente que supone un negocio global, ni la satisfacción del deseo de ser padre o madre, lo que en modo alguno es un derecho. Claro que hay que tener orgullo de haber nacido, aunque no sé si es el término más adecuado. Hay que tener felicidad de haber nacido y de estar en este mundo, si así lo siente cada cual, con independencia de cómo se haya producido la gestación. Lo que no puede impedir perseguir conductas y modos de procreación que causan tanto dolor y vulneran tan fundamentales derechos. ¿O quieren decirnos que hay que admitir que la felicidad que, por lo general, aunque no siempre, da el vivir e, incluso, el parir y cuidar a una nueva pequeña persona pueden borrar que ese nacimiento pueda ser el resultado de algunos delitos tremendos?. Pues no, no es posible siquiera imaginarlo. Y es de esto de lo que estamos hablando también en este caso. A esto se refieren los grupos feministas y las mujeres que se manifestaron en Madrid el pasado sábado y tantas y tantas personas que comparten esta enorme preocupación, a quienes ha de agradecerse también su insistencia y su compromiso. Como termino siempre con este tema: Gobierno, a gobernar y a impulsar iniciativas legislativas que terminen con esta indignidad y, en su caso, Parlamento, a lo mismo.

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