En defensa de lo público

Defender la democracia exige más capacidad de alianza entre servicios públicos y ciudadanía. Hay que defender los servicios públicos desde una concepción mutualista y comunitaria que implique a la gente en el funcionamiento de esos servicios. Evitando la lógica estrictamente clientelar Hay un deterioro bastante evidente de los servicios públicos de todo tipo. Problemas en el transporte público con incidencias excesivamente frecuentes que generan malestar y falta de confianza. Problemas en el ámbito de sanidad por sobrecarga y por la dificultad de dar respuesta al surgimiento de nuevas demandas en salud mental o en la esfera de los servicios sociosanitarios y la atención a los crónicos. Problemas en el sistema educativo, desde la etapa infantil por falta de cobertura universal de la fase 0-3, hasta la etapa universitaria con una ofensiva significativa por parte de la iniciativa privada, pasando por la falta de adecuación de las etapas obligatorias a la nueva realidad tecnológica. Hemos comprobado los problemas de actualización de los planes de emergencia en las recientes catástrofes ambientales, y así podríamos seguir. Pero la carga de profundidad viene de la inexistencia de política pública consistente por parte del conjunto de administraciones públicas en el sector de la vivienda. Ello genera falta de expectativa de mejora para muchas personas y colectivos. Y, si se van uniendo los puntos, la imagen resultante no es precisamente halagüeña. Todo ello facilita la campaña de descrédito que, orquestada desde las posiciones más conservadoras y privatistas, aprovecha para decir que “esto antes no pasaba” y para cargar contra los impuestos como la fuente de la que beben los ineptos y corruptos que pueblan las instituciones y servicios públicos. No es que ello sea nuevo. Los más veteranos recordaremos a Thatcher y a Reagan, y aún son visibles las huellas de lo que implicó abordar en clave neoliberal y privatista la crisis financiera del 2008. No estamos ante un movimiento coyuntural o un simple debate ideológico en el marco del pluralismo democrático. Es una confrontación directa con la democracia entendida como un sistema enfermo. Una democracia a la que se acusa de permitir que muchos vivan a expensas de los impuestos que castigan a los que trabajan y no llegan a fin de mes. Una democracia que cuenta con miles y miles de servidores públicos a los que muchos ven como privilegiados en un mundo de precariedad y como meros gestores de papeleo burocrático. Si las redes y la digitalización han acabado o reducido el papel de tantos intermediarios, ¿por qué no acabar o reducir a la mínima expresión todo lo que suena a trámites sin valor? Ese es el esquema que relaciona estrechamente a los autoritarios de siempre con la nueva casta tecnológica y financiera en una compartida cruzada antidemocrática. Puede parecernos todo ello exagerado y con poco fundamento. Pero no podemos ignorar la potencia de esa simplificación en el escenario actual. No podemos simplemente defender los servicios públicos sin buscar formas de fortalecer sus capacidades y su conexión más directa con la ciudadanía. Y eso empieza por reconocer que no todo funciona como sería deseable. Recuerdo un momento del magnífico documental de Ken Loach, “El espíritu del 45”, en el que uno de los entrevistados (que había luchado para conseguir aplicar el programa de reformas de Beveridge que condujo a las políticas de bienestar del 45), decía algo así como que “la cosa se empezó a torcer cuando convertimos a los ciudadanos en clientes y se desresponsabilizaron de lo que era suyo”. Y algo de eso hay cuando uno ve la actitud de quienes mantienen una actitud similar en las escuelas o en los centros de salud que en el supermercado de la esquina. Necesitamos más conexión e implicación entre los servicios públicos y la ciudadanía organizada. Hoy no tenemos el tejido asociativo y comunitario que se había ido construyendo en los sesenta y setenta y que sirvió de base para la democratización del sistema, más allá de la muerte del dictador. Estoy aludiendo al tejido familiar, de vecinos, en el lugar de trabajo. Unas redes de contactos y vínculos que tenían un papel muy importante para la cohesión social. Y es ahí cuando comprobamos que lo que falta en los servicios públicos no viene compensado por la capacidad colectiva de complementar y relacionar. Los servicios públicos fueron construidos para atender a una sociedad que ha dejado de existir. Y esos servicios no han cambiado lo suficiente para poder atender a personas más aisladas y que presentan demandas mucho más complicadas. La alianza antidemocrática que configuran los ultraconservadores con los magnates financieros y tecnológicos afirma que la respuesta a todo ello es más mercado y más tecnología. Y para ello usan el estado como martillo autoritario. Desde el otro lado, defender la democracia exige más capacidad de alianza entre servicios públicos y ciudadanía. Hay que defender los servicios públicos desde una concepción mutualista y comunitaria que implique a la gente en el funcionamiento de esos servicios. Evitando la lógica estrictamente clientelar. Lo decía muy bien Hirschman, cuando no hay posibilidad de irse de lo que no te gusta, como se hace en el mercado, lo que tienes que ofrecer para generar lealtad y compromiso es voz, es compartir capacidad de decisión. No es un problema solo de ganar las elecciones, por importante que ello sea. Ya que la batalla está en el tejido social y comunitario, que no podemos abandonar en manos de los que azuzan el odio y la insolidaridad. Defender lo que es público, lo que expresa una voluntad colectiva, no puede confundirse con las administraciones públicas. Lo público, lo común, no se agota en lo institucional.

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