El increíble caso del email explosivo

Se quiere juzgar y encarcelar al fiscal general del Estado porque Hurtado, el juez del Supremo, cree lo que le apetece creer y ha convertido un email –desmintiendo un bulo– en una bomba de racimo, que podría acabar también con el gobierno. Pasma que quien puede hacer, no haga; aunque igual también es la forma de hacer. Es indiscutible que se notan intentos de tumbar al Gobierno por varios flancos, pero quizás el más rocambolesco, el más burdo, el menos presentable ante la opinión pública nacional e internacional, es la operación contra el fiscal general del Estado. Da qué pensar semejante osadía y que, asombrosamente y de momento, vaya viento en popa hacia el objetivo: condenar e incluso encarcelar al fiscal general del Estado español y ya, en plena euforia, intentar por extensión hacer lo mismo con el presidente del Gobierno. Se les podía haber ocurrido decir que desde el Ministerio de Hacienda se había montado una red corrupta para alterar hasta leyes de los presupuestos generales del Estado y beneficiarse de ello o montar una policía “patriótica” para ensuciar a adversarios o saquear las arcas del Estado, pero no, todo se reduce en origen a un email. Lógicamente, la nota informativa de la Fiscalía utilizaría esa vía de envío. Resulta increíble y está ocurriendo. A García Ortiz le imputa que fue él quien primero envió un email a los medios, un email trascendental tal como ha evolucionado el caso: una bomba de racimo que multiplica su poder destructivo. Pero, antes de nada, recalquemos: se quiere juzgar y encarcelar al fiscal general del Estado porque el juez instructor, Ángel Hurtado, cree, sin prueba alguna, solo con suposiciones, obviando testimonios contrarios a su convencimiento, que fue el fiscal general del Estado quien mandó un email contando los entresijos del caso Alberto González Amador, más conocido como Alberto Quirón o “el novio de Ayuso”. Claro que un acusado de delitos tiene derechos, como el de preservar sus datos, pero el fiscal general también y se diría que le están negando todos. El 13 de marzo de 2024 elDiario.es publica la noticia: hay un presunto defraudador fiscal de alta cuantía y se trata del novio de Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, con la que convive en un piso de más de un millón de euros, según fuimos sabiendo después. Usando otro más en el piso de arriba. La Agencia Tributaria, tras dos años de investigación por los procedimientos habituales, le acusa de haber defraudado a la Hacienda Pública 350.951 euros con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. La Fiscalía, en consecuencia, ha presentado denuncia en el juzgado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. La Agencia Tributaria los atribuye al intento de evadir impuestos por sus negocios millonarios en la pandemia: dos millones de euros solo en comisiones por contratos de mascarillas. Llega entonces el email de abogado de González Amador. Su cliente admitía los hechos y ofrecía un pacto para hacerse cargo de la deuda, pero limitando la condena de cárcel a ocho meses para no entrar en prisión. El abogado confirmó que había cursado esa petición de pacto. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, dice ese email. Una vez que la noticia es difundida ampliamente, varios medios reciben otro email: del jefe de Gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez. Es un bulo en el que afirma que la Fiscalía le ofrece un pacto al novio de su jefa y después lo retira “por órdenes de arriba”. Era mentira, completa. Y lo publican. En cabeza, El Mundo. Es entonces cuando el fiscal general lo desmiente. Y esa nota informativa, cuando todo dios conoce ya el asunto de Alberto González Amador, sirve para armar este escandaloso caso del fiscal. Y es que, por si lo han olvidado o no los saben fuera, el padrino de Ayuso, el expresidente José María Aznar, lanzó en su día un mensaje inequívoco, sin la menor inhibición, y sin que haya tenido ninguna consecuencia judicial aunque ni se imaginan fuera cómo se han puesto a “hacer” en España. Más de un año llevan en ello. Todo esto se sabe aquí, y pasma que quien puede hacer, no haga; aunque igual es también la forma de hacer. El juez Hurtado famoso ya por su no interrogatorio a Rajoy en la investigación de la Gürtel, de la que le libró –lo enlazo para que recuerden aquel bochorno– o por archivar la denuncia por la muerte del cámara de Telecinco José Couso, asesinado por proyectiles estadounidenses en Irak, es muy suyo en esto de creer o no creer. Hay varios periodistas que saben a ciencia cierta que no fue el fiscal general quien les contó la historia del fraude del novio de Ayuso porque lo hizo otra persona bajo secreto profesional. Así se lo dijeron al juez que ha decidido no creerles, y en cambio sí cree a Miguel Ángel Rodríguez que miente en sede judicial. Ni siquiera le ha pedido el móvil, cuando Hurtado mandó una brigada policial a invadir la fiscalía general del Estado español para registrar el despacho de García Ortiz durante 11 horas ininterrumpidas. Plenamente de acuerdo con Antón Losada: “Esto no va de revelación de secretos, ni de dignidad institucional, ni de correos o servidores de whatsapp: va de tumbar como sea al fiscal general”. Y con el catedrático Jordi Nieva cuando dice: Tendría que caérseles la cara de vergüenza a los magistrados que han decidido encausar al fiscal general del Estado, es ciertamente insólito“. Y tantos otros. De hecho, el voto particular de uno de los tres magistrados del Supremo que han acordado el procesamiento dice lo mismo o más. El discrepante, Andrés Palomo, detalla que las pruebas apuntaban al sobreseimiento desde el principio. Este escándalo está sucediendo en España, con una protección del novio de Ayuso absolutamente desproporcionada. El tipo, a modo de Salomé pidiendo la cabeza del Bautista, se ha permitido hasta fijar la cárcel que quiere para el fiscal general: cuatro años. Le demandó él por supuesta revelación de secretos que conocían decenas de personas. Demasiado poder para un ciudadano particular –como se empeñó en llamarle su novia– acusado de varios delitos de entidad, solo porque convive maritalmente con la presidenta de Madrid, una pieza útil en el organigrama del partido popular y todo el clan que parece actuar al unísono. Si el juez no necesita ni pruebas ni indicios para procesar a alguien que no cometió el delito que le atribuye, el brazo mediático de la operación al completo ni siquiera precisa de juicio o condena para publicar a toda portada lo que le sale de las vísceras soltar al público. “El borrado intencionado de los emails sienta en el banquillo al fiscal general” (ABC), “El Fiscal General irá a juicio por delinquir con al aval de 15 jueces” (El Mundo), “El Supremo diluye la última baza del fiscal general para eludir el banquillo” (La Razón). Todo esto cuando, de tres jueces, son dos los que optan por el procesamiento y uno no, con una argumentación contundente rechazando la imputación. El Gobierno, acosado por los que hacen y no hacen al mandato de Aznar, muestra una incomprensible tibieza ante lo que ocurre. Y eso que las sombras de sospecha planean sobre múltiples temas, pero no salen de una continua impunidad. Durante la pandemia en la que se enriquecieron groseramente el novio y el hermano de Ayuso, mientras se dejó morir sin asistencia médica a 7,291 ancianos en los geriátricos a cargo de la Comunidad, Ayuso mandó construir un hospital –el Zendal– que no sirvió para nada, pero que triplicó su presupuesto de 50 millones iniciales hasta más de 170 millones. Un vistazo habría que echar a los contratos como mínimo, y a otras muchas actividades, que luego pasa lo de la Ciudad de la Justicia de Aguirre y ya nadie se acuerda. Sobre todo, vemos atronadores silencios ante este peligroso ataque al gobierno legítimo que llega por múltiples vías y que evidencia irregularidades en el uso de la justicia, sin duda. En el caso del fiscal y en otros. Ese CGPJ a quien compete pronunciarse y no dice ni media palabra, y si algo suelta alguna vez es de apoyo a sus jueces hagan lo que hagan y de censura a quienes les critican. Sería muy adecuado que el jefe del Estado se pronunciara ante lo que está ocurriendo en España y tiene en vilo a multitud de demócratas. Al fin y al cabo su principal competencia fuera de la labor de representación, es “velar por el regular funcionamiento de las instituciones” y aquí está ocurriendo algo poco regular. Quizás Casa Real no pueda inmiscuirse en temas de fricción entre instituciones de las más importantes del país, pero algo sí convendría decir ante esta situación tan intranquilizadora. Como jefe del Estado. No son momentos de abusar de una prudencia de la que carecen los que están alborotando de tal forma la convivencia en campos esenciales del día a día. En cuanto a ese “fuera” al que me he referido antes, siempre recuerdo las palabras de la hija de quien fuera president del Parlament de Catalunya en el exilio: Antoni Rovira i Virgili, de ERC. Entrevisté a la hija, que había salido de España junto a toda la familia con 10 años cuando el golpe de Franco. Hablábamos de un archivo histórico, de los llamados Papeles de Salamanca. “Mi padre era muy optimista, él pensaba cuando empezó la guerra mundial que ganarían las democracias y Franco saltaría enseguida, nunca llego a imaginar que ganaran las democracias, Franco continuaría y no hicieran nada por nosotros. Entonces sí llegó la decepción”. Europa no hará nada, si en España se concluye lo que hacen para tumbar al Gobierno y llevarse por delante cuanto moleste. Y menos cuando acabamos de ver a la UE ponerse a los pies de Donald Trump. Tampoco hizo nada para detener el fascismo que entraba por la Hungría de Orban cuando, incipiente, aún había tiempo de pararlo. Incluso, gracias a las influencias entre partidos, pueden apoyar la parte, no mínima, que instiga el PP. Esto hay que resolverlo aquí. Porque, en serio, no solo es trágico el objetivo, sino que resultan apabullantes los extremos del insólito caso del email de un fiscal general que explosiona como una bomba de racimo. Solo desmentía un bulo sobre un caso sobradamente difundido ya, pero el acusado de varios delitos fiscales, extralimitado en su poder por su relación sentimental o lo que sea, pone en jaque a la sexta autoridad del Estado gracias a un juez que cree lo que le apetece creer y hace lo que le place hacer, sin la menor objeción en su campo. Si logran cargarle el muerto del email al fiscal García Ortiz, el novio de Ayuso podría acogerse a la vulneración del secreto procesal y quedar libre, a pesar de todos los cargos que ya se le imputan. Y nuevamente con ese triunfo el golpismo intentaría ir más allá y ver si por fin logran echar al Gobierno.

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