Corrupción sin castigo

El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la lucha contra la corrupción en un enunciado puramente retórico. El último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), publicado este 1 de agosto, lo demuestra con crudeza: desde 2019, España no ha cumplido completamente ninguna de las 19 recomendaciones para prevenir la corrupción en el Gobierno y las fuerzas de seguridad. Tres siguen incumplidas del todo y el resto apenas se han abordado parcialmente. GRECO denuncia, con tono insólitamente duro, la «falta de acción decisiva y de resultados tangibles». Menciona expresamente el descontrol de los asesores -como el tristemente célebre Koldo García-, la no regulación de los aforamientos y la opacidad disciplinaria en Policía y Guardia Civil. Además, critica la debilidad de las instituciones de control: la Oficina de Conflictos de Intereses carece de independencia real y presupuesto; la ley de transparencia sigue sin medios efectivos; y la actividad de los lobbies permanece sin regulación. Pedro Sánchez omitió en su plan anticorrupción las tres reformas clave que GRECO reclama: el control de asesores, el recorte de aforamientos y la revisión del régimen disciplinario en las fuerzas de seguridad. El Ejecutivo recibió el borrador del informe en junio, semanas antes de que el presidente compareciera en el Congreso por el caso Cerdán. Tuvo ocasión de incluir esas reformas y no lo hizo. Respecto a los asesores, el Gobierno prometió regularlos mediante una ley de Administración Abierta que nunca se aprobó ni aparece en el plan normativo de 2025. En su lugar, se limita a medidas menores como publicar reuniones con lobbies. Sobre los aforamientos, GRECO insta a España a evitar que impidan juzgar delitos de corrupción. Nada se ha hecho al respecto, pese a casos como el del socialista extremeño Ángel Luis Gallardo, implicado en la contratación del hermano del presidente. Y en cuanto al régimen disciplinario, el Gobierno ha ignorado la petición de GRECO de excluir decisiones unilaterales de superiores en sanciones. La gravedad de la situación no está solo en el contenido del informe, sino en su ocultación. El Ejecutivo pospuso su publicación hasta el 1 de agosto, coincidiendo con el inicio del periodo vacacional de la mayoría de los españoles, en un intento claro de minimizar su impacto mediático. Es una maniobra recurrente: también bloqueó durante meses informes anteriores. Esta estrategia de opacidad es incompatible con una política real de regeneración democrática. El ministro Félix Bolaños ha prometido al Consejo de Europa «el plan más potente contra la corrupción de la democracia». Pero el plan actual excluye lo esencial. Desde 2023, España está bajo procedimiento de incumplimiento y equiparada a países como Polonia o Hungría. La Comisión Europea también ha alertado sobre «alto riesgo de corrupción» en contratación pública y financiación de partidos. La falta de reformas no responde a incapacidad técnica, sino a falta de voluntad política. La transparencia exige controles independientes, rendición de cuentas y legislación contra el abuso. El Gobierno, sin embargo, conserva estructuras opacas que evitan el escrutinio. Reiteramos la necesidad urgente de reformas reales: el Gobierno debe regular a sus asesores con normas de transparencia e integridad, suprimir o limitar los aforamientos, fortalecer la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses, legislar sobre lobbies con rigor y garantizar la independencia de los órganos de control. Lo contrario es institucionalizar la corrupción por omisión. Y eso, en democracia, es inadmisible.

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