El PP y su aversión a las víctimas

Ayuso y Mazón no soportan que les pongan frente al espejo de su incompetencia y siguen con las familias de los muertos en las residencias y en la Dana el mismo patrón que Aznar, Trillo o Camps ante el 11M, el Yak 42 o el metro de Valencia: mentir, manipular, no asumir responsabilidades y maltratar a los damnificadosMazón llama ahora a las asociaciones de víctimas de la DANA para reunirse y estas le piden que les levante el veto en las CortsLa jueza suspende la declaración de los altos cargos de Ayuso imputados por las muertes en residencias Hecho: Siete meses ha tardado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en llamar por primera vez a las asociaciones de víctimas de la DANA. 228 personas perdieron la vida mientras él estaba ausente en la reunión del CECOPI por su ignominiosa sobremesa en El Ventorro. El gesto llega tarde, mal y después de que el presidente del Gobierno las recibiera hace una semana en Valencia y antes, en Bruselas, mantuvieran una reunión con las presidentas de la Comisión Europea y el Europarlamento en busca de un mínimo de empatía. Hecho: 7.291 personas murieron entre marzo y abril del 2020 en las residencias de Madrid durante la primera ola de la covid. 7.291 personas que fallecieron de la peor manera posible: abandonados, sin sedación y, solos, muy solos, sin que nadie pudiera despedirse de ellos porque una decisión política -que no facultativa- les negó el traslado hospitalario. Sus familiares siguen esperando que se haga justicia, pero también que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso muestre un ápice de comprensión por su sufrimiento o asuma alguna responsabilidad por lo ocurrido. “No se salvaban en ningún sitio”, se justificó la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cinco años después se abre ahora para ellos un horizonte de esperanza, después de que un juzgado de Madrid haya imputado por primera vez a dos altos cargos, Carlos Mur y Javier Peromingo, actores clave en la elaboración de los “protocolos de la vergüenza” con los que descartaron la hospitalización de los mayores enfermos. Hecho: el 26 mayo del 2003 quedará para la historia como la fecha de la mayor tragedia de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz, después de que un avión Yakovlev 42, fletado a través de una cadena de subcontratas por el Ministerio de Defensa de Federico Trillo, se estrellara cerca de su escala, Trebisonda, en la costa norte turca. De las 75 personas muertas en el siniestro, 62 eran militares españoles que provenían de Kabul. Las inexplicables prisas del Gobierno de José María Aznar por la identificación y el traslado de los restos mortales de los militares españoles fallecidos supusieron un cúmulo de despropósitos para las familias afectadas. A 30 de ellos se les asignó una identidad errónea y hubo casos en los que se llegaron a mezclar restos de varios cuerpos en un mismo ataúd. La aparición de la pierna de una de las víctimas del accidente 15 años después, a raíz de las gestiones del padre de uno de los fallecidos, confirmó lo que muchos llevaban años denunciando: hubo restos de sus seres queridos que se quedaron en Turquía. Fueron años de maltrato institucional, desplantes, desprecios e insultos a padres, hijos, y viudas que clamaban por conocer la verdad. Archivo - El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en imagen de archivo Hecho: el 11 de marzo de 2004 se registró en Madrid el peor atentado terrorista de la historia de España. Diez explosiones en cuatro puntos de la red de Cercanías, 193 muertos, cerca de 2.000 heridos y un Gobierno, de nuevo presidido por Aznar, que hizo de la manipulación y la mentira el eje de su respuesta ante la barbarie con el propósito de convencer a los españoles de que el atentado había sido perpetrado por ETA y no por los yihadistas. Con su machacona teoría de la conspiración, el PP dividió a las víctimas entre buenas y malas, entre las afiliadas a la AVT y el resto. Pilar Manjón, entonces presidenta de las víctimas del 11M, padeció el descrédito, la humillación, el insulto y hasta el odio de un sector de la derecha política y mediática que durante años defendió la implicación de ETA en los atentados. La machacaron por denunciar sus mentiras y la utilización partidista del dolor e intentaron desacreditarla por tierra, mar y aire por no callar ante su abyecto relato. Hecho: el 13 de julio de 2006, un tren de Metrovalencia descarriló en el trayecto habitual entre las estaciones de Plaza de España y Jesús. El accidente se saldó con 43 personas fallecidas, cuarenta y un pasajeros, la interventora y el maquinista, además de otras 47 personas heridas. Con el PP en la Generalitat Valenciana, el suceso fue silenciado en los medios oficiales, Canal 9 y Ràdio 9, para no empañar la visita del Papa Benedicto XVI, que tuvo lugar días después del accidente. Las familias de las víctimas emprendieron una larga lucha para depurar las responsabilidades políticas y penales de lo ocurrido. El entonces president, Francisco Camps, se negó a recibir a las víctimas pese a insistir en que las llevaba “en el corazón”. El relato ofrecido por los cargos políticos señalaba a un único culpable: el conductor del metro, que atravesó a 80 kilómetros por hora una zona con una velocidad límite de 40 kilómetros por hora. Pero los familiares descartaron el fallo humano como única causa del siniestro y apuntaron desde el principio a una falta de seguridad en la zona. El PP hizo uso de su mayoría absoluta en las Cortes para vetar comparecientes, censurar documentación y legitimar la versión de que el accidente fue “imprevisible e inevitable” y que la única causa fue la velocidad. Tras un periplo judicial en el que la causa llegó a archivarse hasta tres veces, en enero de 2020, el Juzgado de lo Penal número 6 de València dictó una sentencia por la que condenó a cuatro exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a un año y diez meses de prisión después de que las partes —Fiscalía, asociación de víctimas y defensa— alcanzaran un acuerdo. El fallo judicial fue una verdadera enmienda a la totalidad a la gestión de la infraestructura ferroviaria de los gobiernos del PP El histórico no deja lugar a la duda. Ayuso con las víctimas de las residencias de Madrid y Mazón con las de la DANA siguen el mismo patrón que Aznar, Trillo o Camps ante las tragedias del 11M, el Yak42 o el Metro de Valencia. Llevan la mentira en el ADN, tienen aversión a la verdad y no soportan que los afectados les pongan frente al espejo de su incompetencia y negligencia. 7.291 y 228 son los muertos que pesarán sobre sus conciencias mientras vivan, diga lo que diga al final la Justicia que, como en las tragedias anteriores, tardará tiempo en imputar las responsabilidades, pero las determinará sin duda.