La jueza de la DANA se planta: tonterías, las justas

La mujer que lidera la investigación judicial ha frenado en seco y en público el intento de la Guardia Civil de València de darle gato por informe. Todo fue mejorable el 29O, pero todo el mundo sabe que hubo información, fotos, vídeos y datos en webs, correos, redes sociales y la tele. Lo que no había era nadie de la Generalitat recopilando esos datos e imágenes La jueza de la DANA está elevándose como antítesis de quienes quieren tapar con juicios rápidos y simplistas las incompetencias cometidas el 29 de octubre. Asediada por grupos de extrema derecha, protestada por imputados como la exconsejera Salomé Pradas o Emilio Argüeso, acaba de contestar a la Comandancia de la Guardia Civil que hizo un informe a petición suya que no han hecho el trabajo que se les pidió y que la interpretación de los hechos es de la justicia, no de un cuerpo policial. El informe policial no solo revela cierta pereza pericial –no hace la compleja cronología que se les pidió, como desgranar el horario exacto de las inundaciones de cada zona y sobreponerlo al de las muertes y las informaciones que se dieron en medios de comunicación o por otras vías– sino que cae directo en la teoría de que si no se pudo salvar a ninguna de las 228 víctimas fue porque no hubo suficiente información para que la Generalitat tomara decisiones. Una Generalitat que tenía al número uno comiendo en un reservado en el instante en que Utiel pidió a la UME. Un líder que no estaba, que había elegido meses antes para Emergencias a una persona sin capacidad. Un líder que no estaba y que tenía a su equipo más cercano de día libre, marchándose a Alicante –como el conseller encargado de los colegios– o en una entrega de premios –como el responsable de las carreteras donde murieron decenas de personas–. Nueve meses después de la tragedia se sabe que el Cecopi fue una burbuja que, lejos de servir para algo, bunkerizó a los presentes, ajenos a la gravedad de los datos que tenían delante sin verlos ni cruzarlos. Es evidente y público que la Aemet avisó una semana antes de la DANA y que, desde las 7 de la mañana, activó el máximo aviso rojo, comunicando por teléfono las lluvias a los técnicos autonómicos. Es público que alertó todo el día en redes sociales, diciendo premonitoriamente también que en zonas donde no llovía no debían confiarse por peligros de desbordamientos barranco arriba. Todo el mundo sabe que los periódicos locales abrían ese día con la DANA y que la televisión pública autonómica, À Punt, dio en directo cómo se iban llenando los barrancos, con imágenes espeluznantes de desborde en Chiva a las seis de la tarde, donde se les quedó atrapado un equipo delante de sus propias cámaras. Todo el mundo que está algo informado sabe que la protección de la ciudadanía corría a cargo del equipo de Mazón por ley, como así ha sido en las decenas de inundaciones o incendios de las últimas décadas. También sabe todo el mundo que los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) son abiertos y automáticos y consultables en la web, y que se enviaron cientos de correos y que se activó la alerta hidrológica a las 12 de la mañana. Los datos estaban al alcance de todos, por ejemplo de la Universitat de València, que solo con lo que vio en redes decidió cerrarlo todo y salvó vidas con esa decisión. Nadie en el Cecopi tenía la claridad de lo que pasaba, tampoco seguramente los organismos dependientes del Gobierno porque, si la hubieran tenido, se hubieran levantado y gritado para que les hicieran caso. Tampoco los ciudadanos tenían claridad, por eso salieron de compras y cogieron el coche: su administración autonómica, la competente, no les había asustado durante el día sobre los riesgos, es más, los habían minimizado. Toda esa desgracia pasó no porque faltara un correo de la CHJ, sino porque quienes tenían que coger todos los datos emitidos desde distintas fuentes, incluidos vídeos de ciudadanos, y desperdigados desde las 7 de la mañana de ese día estaban tranquilamente siguiendo sus agendas o queriendo pensar que no sería para tanto. Que la Guardia Civil reduzca toda esa negligencia, amplia en el tiempo y que alcanza a numerosas personas que no escucharon ni supieron escalar los riesgos, a que la CHJ no envió el correo específico del Poyo antes de las 18.43 (aunque sea pregunta legítima que también nos debamos hacer), es ridículo e impropio de un organismo que debiera tener acceso a información de calidad. La jueza de Catarroja hace bien en decir en público que el informe no aporta información necesaria para seguir con la instrucción y que además es erróneo. Es normal que lo diga con contundencia, todavía hay tres desaparecidos y 228 familias que viven un drama y necesitan verdad, justicia y reparación.