Los otros responsables

La tragedia de la dana de octubre en Valencia se ha malversado como motivo de unidad política y social. Otra vez, una tragedia en España separa en vez de unir. No se han aprendido las lecciones que imponen las más de doscientas muertes de hace un año sobre cómo prevenir las acometidas de la naturaleza, sean pandemias, sean inundaciones, y cómo superar sus consecuencias sin agrietar, aún más de lo que ya lo está, el cuerpo social. Las responsabilidades penales están debatiéndose donde deben, en un juzgado y en el seno de un proceso, en el que las víctimas deben encontrar las respuestas que los tribunales puedan dar; y los investigados han de recibir el tratamiento garantista que reconocen la Constitución y las leyes, sin dejar fuera del escrutinio judicial nada ni nadie que sea relevante para determinar si hubo negligencia en la cadena de avisos por las lluvias torrenciales, en el control de los barrancos y en los avisos a la población. Solo una respuesta judicial que abarque todos estos extremos dará a las familias de las víctimas algo de la paz que han perdido. El agujero negro de la respuesta a la tragedia sigue estando en la clase política, pero con el matiz de que nadie le ha ahorrado al presidente de la Generalidad valenciana las críticas que se merece por su sucesión de errores inexcusables el día de la tragedia y las versiones cambiantes dadas en las semanas y meses posteriores. Sin embargo, el Gobierno central quiere liberarse de sus responsabilidades escondiéndose cobardemente detrás de Mazón para eludir unas culpas que podrán no ser penales, según el criterio de la jueza que investiga los hechos, pero sí lo son políticas y en dimensiones inocultables. Aquel «si necesitan ayuda, que la pidan» reveló la perfidia que dominó la actitud del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ante la tragedia, sin alterar su estancia en la India, mientras Valencia se anegaba. La excusa competencial no ha sido más que la manera moralmente torpe para justificar la ausencia inicial y la tardanza posterior del Estado central en ayudar a los damnificados. La avalancha de agua acumulada en el barranco del Poyo podría haber sido distinta si el ministerio de la ahora comisaria europea, Teresa Ribera, hubiera realizado las obras presupuestadas para su acondicionamiento. Una mejor y más constante vigilancia de ese barranco por la Confederación Hidrográfica del Júcar habría facilitado información oficial y puntual sobre el caudal que se iba acumulando. Unas predicciones más certeras de la Aemet sobre el rumbo de la tormenta habrían ayudado a tomar decisiones más eficaces. No son el Gobierno central, su presidente o sus ministros, quienes están legitimados políticamente para reprochar nada a Carlos Mazón. Menos aún tras revelarse, como publicó ayer ABC, el cúmulo de irregularidades que cometió el Gobierno al convocar un pseudogabinete de crisis en la noche del 29 de octubre, solo con cargos socialistas y sin convocar a todas las autoridades con competencia en una situación de emergencia, como, por ejemplo, la directora del Departamento de Seguridad Nacional, la general Loreto Gutiérrez Hurtado. Para qué se convocó y qué se decidió en ese encuentro son preguntas sin respuesta, entre otras razones porque su desarrollo no se reflejó en acta, a pesar de constituirse en dependencias oficiales y supuestamente para tratar la tragedia de la dana. Mazón es responsable de mucho, pero no de todo, y en el reproche político debe ser acompañado por el presidente Sánchez y todos aquellos de sus ministros que incumplieron sus deberes públicos para prevenir la tragedia.