No le consta

Nada más parecido a un juicio oral que una comisión de investigación parlamentaria, si bien con fines evidentemente distintos: las responsabilidades penales, en el primer caso, y las políticas, en el segundo. No obstante, en ambos casos los comparecientes están obligados a declarar la verdad bajo pena de prisión (arts. 458 y 502.3 del Código Penal). Viene esto a cuento de la comparecencia de Pedro Sánchez el pasado jueves en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, nada edificante, tanto por parte del PP –bronco y torpe– como del presidente del Gobierno, derrochando sus conocidas habilidades escapistas. Sánchez hizo gala de su acostumbrado malabarismo verbal con sus «no me consta», término intermedio cuidadosamente elegido, entre la negación y la afirmación, y que sin negar los hechos desliza la respuesta a un subjetivismo intencionado poco apto para separar la verdad de la mentira, puesto que es imposible determinar lo que el declarante sabe o conoce. La cuestión, se reduce, por tanto, a constatar si este pudo conocer los hechos por su cercanía a ellos o por la información que recibió desde otras fuentes. Un testigo puede serlo tanto por conocimiento directo como por referencia. Desde este punto de vista resulta poco creíble que Sánchez desconociera, por ejemplo, la ubicación de la gerencia del partido «porque va poco», después de haber tenido su despacho durante años en la sede de Ferraz. La ignorancia del lugar de trabajo va en los genes. Pero el art. 460 del Código Penal aclara que cuando el testigo alterare la verdad con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos será condenado a la pena de multa. Así pues, todo indica que Sánchez incurrió en falso testimonio al declarar que desconocía lo que le era imposible desconocer. Otra cosa es la relevancia que la mentira tiene en nuestro ordenamiento jurídico, muy lejano del anglosajón, que toma muy en serio el falso testimonio. Cualquier operador judicial de nuestro país sabe que la mentira es un hábito en nuestros tribunales sin mayores consecuencias. El caso más conocido por su publicidad ocurrió en el juicio del 'procés', cuando Marchena se vio obligado a advertir al testigo Jaume Mestre sobre las responsabilidades en que podría incurrir por sus evasivas, lo que impulsó al fiscal a pedir se dedujera testimonio al juzgado de guardia para su depuración. Que yo recuerde aquello quedó en nada. Sin embargo, en el caso Gürtel bastó la introducción de una duda –la famosa morcilla en torno al testimonio de Rajoy– para que Pedro Sánchez impulsara la moción de censura que le llevó al Gobierno. Visto lo visto, dudo mucho de que las mentiras estratégicas de Sánchez pudieran tener responsabilidad criminal, pero sin duda la hay de carácter político. El problema es que nos ha acostumbrado tanto a la mentira que unas cuantas más carecen de importancia. Ya se sabe desde Lenin que la mentira es un arma revolucionaria. Rafael Caro Ruiz. Palma del Río (Córdoba)