A las bravas, no

No hay que cerrarse en banda a la modernización, mejora y cambio que predica Bolaños si está llamada a durar y a ser de verdad un avance y para eso es preciso que sea una reforma aceptada y consensuada por todos, sobre todo por los que tienen respeto a las instituciones españolas Las grandes reformas no deben hacerse de una parte contra la otra. Joan Coscubiela Este miércoles, los jueces, fiscales y otros operadores políticos pararon toda su actividad a mediodía para protestar por la vuelta de calcetín que el ministro Bolaños quiere darle a todo el sistema legal de forma unilateral. No es un hecho histórico, puesto que hay precedentes, ya en 2022 se plantaron con las togas puestas ante el ministerio para gritar ¡Gallardón, dimisión!, en protesta por las reformas de alto calado que el ministro de Rajoy pretendía hacer y que curiosamente coinciden con algunas de las que se plantean ahora (darle la instrucción a un ministerio fiscal cautivo y limitar la acusación popular). En ambos casos, los ministros pertenecen a gobiernos que tenían problemas judiciales con la corrupción. Critiqué la posición de Gallardón, entonces el PSOE también, y critico ahora la de Bolaños entre otras cosas porque no se puede dar la vuelta al calcetín de la Justicia sin pactos y contra los interesados y la mitad del país. A Bolaños se le reprocha ahora pretender esos mismos cambios, que tienen los mismos riesgos que entonces, y además alterar el acceso a las carreras judicial y fiscal por vía de urgencia y sin que exista una verdadera demanda ni social ni profesional para ello. No se trata solo de corporativismo aunque, obviamente, también hay intereses profesionales en juego. La idea de convertir a los 1.300 jueces y fiscales sustitutos en miembros de las carreras sin realizar la oposición, por una puerta de atrás no muy aclarada, con la mera exigencia del grado en Derecho y cinco años de experiencia en lo que sea, por medio de un tribunal cuya composición no sabemos quién determinaría y con una antigüedad de salida que les permitiría ser nombrados para puestos de libre designación con preeminencia sobre jóvenes entrados a la vez por la oposición, tiene aristas tanto sociales, como legales y profesionales. Ellos no quieren que les ninguneen el esfuerzo y yo no quiero que me juzgue quien ha tenido menores exigencias, no ha pasado por la Escuela Judicial y ha entrado de arramblada. Difiero de los de las puñetas en pensar que esa entrada masiva busca un control ideológico pues bien sé que muchísimos de los sustitutos son claramente conservadores. Si alguien espera, por algún casual, que se “conviertan” al progresismo por el favor recibido creo que no se cumplirán las expectativas. A mí me preocupa más la cuestión de la calidad que siempre me he cuestionado en torno a la justicia interina. Nunca debió existir. Y si ahora hay que darles una salida, porque llevan media vida de interinos, otras soluciones hay que no pasan por meterlos de rondón y ponerlos al mismo nivel de los que han superado la oposición. No sé, se podría crear el cuerpo de sustitutos o como se quiera llamar y darles estabilidad, formarles y hacerlos lo más parecido a un juez. Desde luego, Europa no obliga a meterlos en la carrera judicial por la cara. Los opositores están que trinan, mientras ellos se queman las pestañas y los años, más de mil van a entrar sin hincar un codo desde que acabaron la carrera, muchos de ellos con el mérito inicial de haber suspendido porque, sí, en muchos casos al seleccionarlos eso se consideraba un mérito. Dicen para compensarles que a partir de ahora van a sacar un huevo de plazas para los opositores, unas 350 al año en tres convocatorias, lo que no terminan de explicar es cómo cubrirían esos mil sueldos de más con unos presupuestos de la legislatura anterior ya que no habrá otros. Ciertamente me preocupa este desmedido afán reformista claramente ligado con los problemas de la propia formación y con una visión ideológica –contagiada de la izquierda radical con la que se gobierna, porque en la genética socialista nunca estuvo– que considera a los jueces una especie de casta a batir, a doblegar o domeñar, a vencer en la lucha de clases, en un pulso ajeno a la institucionalidad democrática. Las grandes reformas no se pueden hacer así, a las bravas, sin diálogo con la oposición y con los sectores implicados dado que un sistema como el legal no puede variarse cada legislatura y debe conformarse para durar. Miento, poder se puede, se ha hecho reiteradamente con la Educación hasta dejarla hecha unos zorros. Choca mucho que un Gobierno que dice llevar en su ADN el diálogo y la negociación vaya a poner patas arriba algo tan sensible como el Estado de Derecho y la Administración de Justicia por la vía de urgencia y sin oír los informes técnicos críticos que se han hecho por los órganos constitucionales llamados a ello. Y eso que negociar va a tener que negociarlo con Junts, que no parece demasiado proclive a apoyar esta revolución peligrosa en sí y más según en manos de quién caiga. Así que a lo mejor ni sale. No hay que cerrarse en banda a la modernización, mejora y cambio que predica Bolaños si está llamada a durar y a ser de verdad un avance y para eso es preciso que sea una reforma aceptada y consensuada por todos, sobre todo por todos los que tienen respeto a las instituciones españolas, ya sabemos que socios hay que piensan que si revienta el estado español mejor les irá. Si Alonso Martínez cambió radicalmente la Justicia en España fue a fuerza de rigor jurídico –que ahora brilla por su ausencia–, consenso parlamentario –que tambiéy social y una cierta neutralidad ideológica porque en el traje institucional que se teja han de caber todos las posibles alternancias de gobierno y sociales, de lo contrario no sería un traje para una democracia. La tensión a la que se está llegando entre el Ejecutivo y el Judicial es insoportable, intolerable y peligrosa. Criticar con argumentos sólidos una resolución judicial es gimnasia democrática, intentar destruirla con soflamas creadas en un laboratorio para confundir al personal y desprestigiar a todo el sistema es un paso terrible hacia la iliberalidad. Lo cierto es que personas y partidos dispuestos a ver el terrible declive trumpista o húngaro o polaco no son capaces o no quieren apreciar los mismos precipicios cuando se producen a su lado y, sobre todo, los provocan sus preferidos. Eso va también por los silentes, por los que callan. Ayer en los paros se vio a título particular a algunos miembros de Jueces para la Democracia, aunque esta asociación se ha quedado fuera de la convocatoria y en sus declaraciones ha hecho hincapié en lo positivo de las reformas sin entrar en lo que, obviamente, también ven negativo como la entrada masiva de los interinos; en privado lo dicen, en público no. Por eso no me resisto a terminar con unas palabras de Perfecto Andrés Ibáñez, fundador de la asociación y últimamente de nuevo en el candelero, cuando escribió en la revista de su asociación: “¿Podría acaso JpD hallarse a gusto, sentirse en casa, en medios políticos institucionales en los que, primero, se convive pacíficamente con la corrupción y luego se promueve la impunidad de los corruptos y se difama a quienes ejercen la jurisdicción y se deslegitima a la instancia judicial?”. Lo mismo serviría para algunas posturas de la Unión Progresista de Fiscales. Hay perlas que nos dan la medida de lo que ha cambiado nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. A las bravas no se hacen las cosas porque parece que se hacen a la desesperada. Y o no salen o salen mal.

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