Váyase, Sr. González. Ríndase, Sr. Sánchez

El PP carece de legitimidad para exigir a Pedro Sánchez la dimisión. A menos que presente una moción de censura y la gane, son los socios de investidura los que tienen que decidir si se mantiene la legislatura o se pone fin a la misma Felipe González y Pedro Sánchez han sido los dos únicos presidentes de Gobierno a los que los líderes de la oposición les han exigido que abandonen el cargo y convoquen elecciones anticipadas. Se trata de dos casos distintos, entre los que hay similitudes y diferencias que conviene que sean tomadas en consideración. En el caso de Felipe González la exigencia se produjo en la legislatura 1993-96, la cuarta consecutiva de Gobierno socialista. José María Aznar consideró que la situación del país era catastrófica y que el Gobierno socialista minado por la corrupción no estaba en condiciones de hacer frente a la misma. Pero, en lugar de presentar una moción de censura, se limitó a reiterar en cada sesión de control el estribillo que da título a este artículo. En el caso de Pedro Sánchez la exigencia se ha producido desde casi el mismo momento en que llegó a la Moncloa. El PP no ha aceptado nunca la legitimidad de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, algo que no se había producido hasta este momento desde la primera legislatura constitucional de 1979 respecto de ningún presidente. Nunca se había considerado que un presidente investido por el Congreso de los Diputados conforme a lo previsto en el artículo 99 de la Constitución carecía de legitimidad democrática. Esta es una novedad que ha introducido Alberto Núñez Feijóo en la política española. No ha sido la única. Además de ilegítimo, “mafioso”. Tampoco hasta el momento el líder del principal partido de la oposición se había atrevido a utilizar el término “mafia” para calificar al Gobierno de la Nación y había llegado a convocar una manifestación bajo la disyuntiva “Mafia o Democracia”. Quiero decir con ello que, si José María Aznar consideraba insoportable para el país la continuidad de Felipe González como presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo ha ido todavía más lejos al afirmar que España está dirigida por un delincuente. Resulta curioso que los dos presidentes del PP hayan dirigido sus exigencias a dos presidentes del Gobierno socialistas, que, estando en la oposición, encabezaron mociones de censura contra un presidente del Gobierno: Felipe González contra Adolfo Suárez y Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. Tanto Felipe González en 1980 como Pedro Sánchez en 2018 consideraron que la situación del país, por circunstancias muy distintas, era de extrema gravedad y que ni el presidente de UCD ni el presidente del PP debían continuar dirigiendo el país. Felipe González no insultó nunca a Adolfo Suárez en el pleno del Congreso de los Diputados, ni le exigió que dimitiera y convocara elecciones anticipadas. Simplemente siguió el camino de la moción de censura previsto en el artículo 113 de la Constitución, que, como el lector probablemente sabe, es una moción de censura “constructiva”, que tiene una primera parte de “censura” del Gobierno y una segunda de “investidura”, en la que el diputado que encabeza la lista de diputados que presenta la moción, expone ante el Congreso su programa de Gobierno, a través del cual se dirige simultáneamente a la nación para transmitirle que, si el actual Gobierno no da la talla, aquí hay una alternativa con un candidato y un programa para hacerlo. La moción de censura tiene una función pacificadora, tranquilizadora. No al presidente del Gobierno, pero con una alternativa. Como es sabido, Felipe González no consiguió la mayoría absoluta exigida para la aprobación de la moción de censura, pero su decisión de presentarla no fue estéril. Dio confianza al país de que había una alternativa de Gobierno y que no había motivo para estar angustiados. Más aún, Felipe González colaboró lealmente con Leopoldo Calvo Sotelo y entre ambos no solamente consiguieron superar la resaca del Golpe de Estado del 23-F de 1981, sino que encontraron una respuesta al problema que había planteado el referéndum de Andalucía de 28 de febrero de 1980, cuyo resultado había bloqueado la respuesta al segundo problema de naturaleza constituyente con el que tenía que enfrentarse la sociedad española: la transformación de un Estado unitario y centralista en otro políticamente descentralizado. Sería con Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno y con Felipe González como líder de la oposición con los que se alcanzarían los “Pactos Autonómicos” en 1981, que harían posible la construcción del Estado de las Autonomías. También Pedro Sánchez consideró que Mariano Rajoy no estaba en condiciones de dirigir el país, porque el PP era un partido constitutivamente corrupto, como quedaría corroborado mediante sentencia de la Audiencia Nacional. Pero no le exigió que abandonara la presidencia, sino que siguió la misma senda de Felipe González y presentó una moción de censura que sería aprobada por mayoría absoluta en julio de 2018. Ha sido la primera moción de censura que se ha aprobado desde la entrada en vigor de la Constitución. La mayoría que aprobó la moción de censura era mayoría parlamentaria desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015, pero no había podido expresarse en la investidura de un presidente de Gobierno, porque el PP consiguió imponer un cordón sanitario al nacionalismo catalán como consecuencia de su protagonismo en el procés, que se había expresado en la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, no calificado como tal, sino como “consulta participativa”, que tuvo lugar en noviembre de 2014. Ante la expectativa de que el nacionalismo catalán volviera a convocar otro, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy consiguió esterilizar políticamente al nacionalismo catalán, invalidando de facto su participación en la formación de Gobierno. Con dicha esterilización no se consiguió la investidura de ningún candidato, aunque Pedro Sánchez lo intentó, y se tuvieron que repetir las elecciones, que dieron una composición del Congreso de los Diputados, que únicamente posibilitaba la investidura del candidato del PP con la abstención del PSOE. La negativa de Pedro Sánchez a dicha posibilidad se tradujo en su dimisión como secretario general del PSOE y en el abandono del escaño. Mariano Rajoy consiguió de esta manera la investidura como presidente del Gobierno. Pero la investidura de Mariano Rajoy era eso, una simple investidura. Mariano Rajoy no disponía de mayoría para gobernar. De ahí que en esa legislatura no se remitieran proyectos de ley ni de Presupuestos a las Cortes Generales. La actividad normativa del Gobierno fue exclusivamente negativa. Hizo uso de la facultad de impedir la tramitación de una proposición de ley presentada por los partidos de la oposición, que tenían mayoría parlamentaria para aprobarla, que supusiera aumento de gastos o disminución de ingresos de los últimos presupuestados para los años de la investidura, reduciendo prácticamente a la nada el ejercicio de la potestad legislativa y presupuestaria. La convocatoria por el nacionalismo catalán de un segundo referéndum para el 1 de octubre de 2017 supondría el mayor conflicto constitucional de la democracia, al que se haría frente mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la traslación de la respuesta a la integración de Catalunya en el Estado de la esfera política a la judicial, en la que se ha mantenido desde entonces, aunque con visos de que deje de ser así próximamente. En este marco, y tras la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, la mayoría parlamentaria que existía desde las elecciones de 2015 y que se revalidó en la de 2016, decidió levantar el veto de facto que se había impuesto al nacionalismo catalán para poder participar en la investidura de un presidente de Gobierno. Pedro Sánchez supo interpretar esa circunstancia y encabezó, con la ayuda inestimable de Podemos, una moción de censura que lo acabaría convirtiendo en presidente de Gobierno. Desde entonces, a pesar de que esa mayoría parlamentaria se ha mantenido, la derecha española ha considerado que el Gobierno surgido de ella no era legítimo y ha hecho uso de todas las armas imaginables para impedirle gobernar y forzar la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones. Todas las armas imaginables, menos la única constitucional: la moción de censura. Alberto Núñez Feijóo no ha demostrado tener el arrojo que tuvo Felipe González en 1980, ni la habilidad que ha tenido Pedro Sánchez en 2018 para tejer una mayoría de investidura que fuera también una mayoría de Gobierno. Esta es la situación en que nos encontramos en este momento, incluso después de que se haya hecho pública la conducta presuntamente corrupta de Santos Cerdán. La mayoría de investidura y de Gobierno sigue siendo la misma. Mientras siga siendo así, el PP carece de legitimidad para exigir a Pedro Sánchez la dimisión. Si se consigue alterar dicha mayoría, Pedro Sánchez tendrá que disolver el Parlamento y convocar elecciones. Su posición es la misma que la de Felipe González en 1995, que se negó a dimitir por la exigencia de José María Aznar, pero que decidió que no podía seguir siendo presidente cuando Jordi Pujol anunció que dejaría de apoyarlo en el momento en que el Gobierno presentara la Ley de Presupuestos. Felipe González dejó de tener la mayoría de la investidura y decidió disolver y convocar elecciones. En este 2025, como en 1995-6, son los socios de investidura los que tienen que decidir si se mantiene la legislatura o se pone fin a la misma. El escándalo Santos Cerdán interpela, por tanto, a todos los grupos parlamentarios. De diversa manera, pero a todos. El tiempo dirá como reacciona cada uno y las consecuencias que tendrá dicha reacción. Váyase, Sr. González, ríndase, Sr. Sánchez son inaceptables en un sistema parlamentario. Felipe González reaccionó bien en 1995. Pedro Sánchez lo está haciendo.