Anónimo no es lo mismo que anonimizado

No estamos ante denuncias en el vacío, anónimas, sino ante relatos serios, trabajados y protegidos de mujeres que, formando parte del grupo de investigación liderado por el catedrático de la UB, narran un patrón claro de coerción sexual Desde principios de julio, a raíz de la investigación periodística sobre las denuncias de coerción sexual contra un catedrático emérito de la UB, se ha impulsado desde su entorno y por él mismo una confusión interesada entre lo que es un testimonio anónimo y lo que es un testimonio anonimizado. La diferencia es decisiva, no solo para entender el trabajo de los medios, sino también para defender la legitimidad de las mujeres que deciden contar las violencias sexuales que han vivido. Un caso muy similar al del catedrático de la UB fue el publicado por El País sobre el cineasta Carlos Vermut, tras un intenso y contrastado trabajo de investigación periodística. Un testimonio anónimo es aquel que llega sin rostro ni voz reconocible. Los mensajes anónimos pueden ser en un buzón, y claro que pueden responder a rumores que, al provenir de una fuente desconocida, no ofrece suficientes garantías. Ese tipo de información, la anónima, puede servir como indicio, pero nunca no se sostiene por sí sola cuando se trata de una investigación periodística o de un proceso institucional como el que ha iniciado la UB al abrir una investigación interna a cargo de una comisión de personas expertas Un testimonio anonimizado, en cambio, como los que aparecen en los reportajes periodísticos, se basa en la declaración de una persona concreta, identificada ante quien recoge el relato -en este caso, Ana Requena, Marta Jaenes, Vicky Bolaños y Samantha Villar-, pero cuya identidad no se hace pública por razones obvias de protección. La anonimización no es un borrado de la identidad y menos de las cautelas que se han de dar, sino una medida de cuidado hacia quien rompe el silencio. Esos reportajes y las declaraciones recogidas, anonimizadas que no anónimas, se basan en entrevistas en profundidad, contraste de datos, comprobación de coherencias e incoherencias, puesta en relación con otros relatos e información documental. Solo después de ese trabajo de semanas o meses se decide si un testimonio tiene la solidez suficiente para ser publicado. Esto es exactamente lo que hicieron elDiario.es, Infolibre, RTVE y Radio Nacional durante varios meses: recoger, acompañar y verificar los relatos de varias mujeres que describían un patrón de coerción sexual por parte de Ramón Flecha. Además, ese trabajo periodístico estuvo en continua comunicación no solo con las supervivientes que relataron las prácticas de coerción sexual, sino con las abogadas feministas de estas mujeres (entre las cuales me encuentro). Frente a esto, la reacción del catedrático y de su entorno está siendo de manual: descalificar el proceso, sembrar dudas y reducir lo sucedido a una supuesta campaña de desprestigio. La palabra mágica que utilizan es “anónimas”: como si las denunciantes no existieran, como si las periodistas se hubieran inventado parte de lo que publican o se hubiesen limitado a publicar acusaciones sin fundamento. La estrategia parece clara: confundir “anónimo” con “anonimizado” para debilitar la credibilidad de las mujeres víctimas e instalar la sospecha sobre estas y sus verdaderas intenciones. Lo paradójico de todo esto es que la anonimización en este tipo de procesos de investigación -periodística e institucional- lejos de ser una trampa, es precisamente una garantía que permite que estas mujeres hablen, no solo en este caso, sino en muchos otros. Es más, es una práctica recogida en los protocolos universitarios sobre violencia machista: proteger la identidad de estudiantes, profesoras o personal que denuncia a miembros de la comunidad universitaria para evitar represalias. Sin esa condición de seguridad, muchas nunca contarían lo que les sucedió. Parece una obviedad. No estamos ante denuncias en el vacío, anónimas, sino ante relatos serios, trabajados y protegidos de mujeres que, formando parte del grupo de investigación liderado por el catedrático de la UB, narran un patrón claro de coerción sexual. Será la investigación de la UB la que determine la gravedad de estas denuncias, pero negar que tras ellas hay testimonios concretos es atacar no solo al periodismo comprometido que las ha publicado o a la legitimidad de la investigación universitaria. Es, sobre todo, negar a las mujeres que denuncian un derecho básico: poder contar lo que vivieron sin exponerse a más violencia por parte de quien señalan como responsable. Es invertir los roles en los que las mujeres víctimas son puestas bajo sospecha por el sujeto al que señalan: un clásico lleno de estereotipos machistas que solo busca desacreditarlas y silenciarlas. Otra vez más.