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El Poder Judicial acepta el pulso

Es lamentable que haya que presenciar escenas como las vividas este viernes en la sede del Tribunal Supremo, durante la celebración de la solemne apertura del año judicial. Lo que debió ser un acto de rutina institucional, de funcionamiento normal de la vida pública, se convirtió en centro de atención general por varias y muy graves anomalías. Aunque la figura del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, encarnara el estado de enfrentamiento provocado por el Gobierno con los jueces, el origen del problema es la decisión del PSOE y del presidente del Gobierno de programar un enfrentamiento constante con los jueces para asegurarse un papel victimista ante los ciudadanos y granjearse el apoyo de nacionalistas y extrema izquierda, unidos por su aversión a la independencia judicial y el imperio de la ley. De nuevo, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, asumió la responsabilidad que la Constitución descarga en la institución que representa y opuso un compromiso de defensa activa de la independencia judicial ante el plan de deslegitimación de los jueces por el Gobierno. Para muchos analistas es posible que las palabras de Perelló sonaran repetitivas, pero lo repetitivo es la serie de descalificaciones, nada imprudentes, sino muy premeditadas, que lanza el Gobierno, empezando por su presidente, contra los jueces. Y aunque fueran recurrentes, no por ello dejarían de ser necesarias y muy expresivas de un mensaje que deben atender en La Moncloa: el Poder Judicial acepta el pulso que le echa el Gobierno y no está dispuesto a renunciar a su independencia. Perelló no ahorró adjetivos para calificar las críticas del Gobierno a los jueces como inoportunas, rechazables e impropias en un Estado de derecho. Su mención al informe de la Comisión Europea, con el ministro Bolaños de oyente silencioso, fue una andanada directa a La Moncloa, porque para Bruselas los poderes ejecutivo y legislativo no deben criticar a los jueces. Hay en esta invocación europea una apertura del espacio de protección de los jueces españoles, que los incorpora al amparo que tanto la UE como el Consejo de Europa prestan al Estado de derecho y a los jueces nacionales. Aquí se entiende que Perelló calificara a los jueces españoles también como «jueces europeos», una referencia que encierra el principio de primacía del Derecho europeo sobre las legislaciones nacionales y de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre las estatales, incluyendo las de los tribunales constitucionales. El mensaje es muy claro para quien quiera entenderlo. Los «juicios de oportunidad política» contra los jueces, como los describió Perelló, jalonan los discursos, las intervenciones y los tuits de los socios del Gobierno, de los portavoces socialistas, de los ministros y del propio Sánchez. Así no es posible mantener una concordia institucional que garantice el buen funcionamiento del Estado. Pero tampoco sería posible que en este proceso de provocaciones y agresiones el CGPJ no atendiera su deber constitucional de asumir efectivamente el gobierno de los jueces, que implica una militancia activa por su independencia. Nada es inocente en la actitud hostil del Gobierno: si se socava la legitimación de los jueces y se pone en duda su independencia e imparcialidad, el siguiente paso será cuestionar el cumplimiento de sus sentencias y desobedecer sus decisiones. En la relación con la Justicia, el PSOE sigue la senda de los nacionalistas, con la diferencia de que los socialistas están en el Gobierno de la nación para proteger sus intereses, no para desampararlos. La inauguración del año judicial es también la del nuevo capítulo de un enfrentamiento que los jueces no deben perder.
abc.es
hace alrededor de 3 horas
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