El PSOE también tiene sobres

La investigación judicial que tramita un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre las finanzas irregulares de José Luis Ábalos y Koldo García ha dado un salto cualitativo con el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El documento policial analiza cuentas corrientes y comunicaciones a través de teléfonos móviles y constata un movimiento de dinero en efectivo desde el PSOE a manos de los dos investigados. Esos movimientos, que ascienden a varios miles de euros, no están justificados documentalmente ni se corresponden con la contabilidad presentada por el PSOE. Además, contradice declaraciones judiciales anteriores de testigos –empleados del partido– que afirmaron que todos los pagos se hacían mediante transferencia bancaria. Los datos del informe de la UCO están contrastados con sus fuentes de prueba: no hay valoraciones jurídicas, ni imputaciones, solo hechos que deberá calificar el magistrado Leopoldo Puente, quien, como primera medida, ha citado de nuevo a José Luis Ábalos y a Koldo García la próxima semana para que tengan la oportunidad de explicar ese trasiego de dinero en sobres con la 'marca PSOE'. Tendrán derecho a guardar silencio, pero cuando un investigado no ofrece una explicación razonable, los indicios contra él se refuerzan. Y los indicios que aparecen en el informe de la UCO no son neutros, sino claramente incriminatorios, porque demuestran que las versiones anteriores de José Luis Ábalos y Koldo García no eran totalmente ciertas. Además, presentan coincidencias temporales significativas, por ejemplo, con el nombramiento de Ábalos como ministro y con las firmas de contratos de obra pública bajo sospecha, de los que podrían proceder esas cantidades en metálico. Por supuesto, el PSOE no sale indemne de esta información policial contrastada. No basta con negar la ilicitud de los pagos cuando su propia contabilidad no respalda esa afirmación. El partido que hizo bandera de la regeneración frente al Partido Popular de la Gürtel debería aplicarse el mismo rasero y dar cuenta, hasta el céntimo, del origen de esos sobres 'marca PSOE' con billetes y monedas. Si el presidente del Gobierno presumió de transparencia al poner los números socialistas en manos del Tribunal de Cuentas y de una empresa auditora, ahora tiene la responsabilidad política de explicar las causas por las que su partido daba sobres en metálico a José Luis Ábalos. Tras esos movimientos de dinero hay, además, un tráfico de mensajes entre los implicados que aumentan el grosor de la sospecha sobre la participación del PSOE en pagos aparentemente irregulares. No hay que esperar a que los tribunales dicten resoluciones de imputación o procesamiento para que se asuman responsabilidades políticas, que son autónomas del Código Penal y dependen de la ética personal y del respeto a las instituciones. De la misma manera que un político no debe mentir a los ciudadanos, aunque la mentira no sea delito, un político ha de asumir la inmoralidad de su conducta –o la de terceros con su conocimiento y consentimiento– como una causa suficiente para abandonar el espacio público. Sin embargo, sería ingenuo aspirar a que el PSOE renueve su actitud hasta el extremo de aceptar lo que el informe de la UCO revela. El PSOE ha adoptado como método de supervivencia su confrontación con las reglas democráticas, no solo con las del Estado de derecho. Aceptar responsabilidades políticas –las de verdad, no las falsas que dicen asumir sus dirigentes– sería ahora visto como una claudicación ante los mismos jueces y principios democráticos deslegitimados de forma sistemática por Ferraz

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