La desarticulación del Estado

En su enésima misiva pública , esta vez a la militancia socialista, Sánchez viene a sugerir que la filtración del informe de la UCO persigue «derribar a un gobierno legítimo» como el suyo. La carta pretende crear un burdo marco en el que él es víctima de una campaña de desestabilización y no el responsable de un fallo multiorgánico en la ética de su gobierno y su partido. Quien ha comprometido su posición es él mismo, que permanece en el centro geométrico de un reguero de evidencias de corrupción e imputaciones que afectan a sus dos últimas manos derechas, su mujer, su hermano y «su» fiscal general del Estado. Quien pone en peligro la viabilidad del Gobierno es el propio Gobierno, ahogado en el barro de la corrupción, bloqueado y sin otra salida que la de desprestigiar a los que legítimamente lo investigan, en este caso, la Guardia Civil. El Instituto Armado era objeto de sus intentos de desprestigio antes de que aparecieran los informes con las pruebas de los amaños, el reparto de mordidas y una sonrojante y burda inclinación a la prostitución en su círculo de confianza. Cabe recordar que hace unos días salió a la luz que una militante socialista con relación con el propio Cerdán ejercía de 'fontanera' sanchista para conseguir información comprometedora de agentes de la UCO a cambio de supuestos favores del Gobierno, las haciendas, la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Llamaron «fango» a los periodistas que investigaban sus tramas, atacaron a los jueces y también a la UCO, último objeto de sus iras, mientras se confirmaban las noticias que no eran bulos, se avalaban los procesos judiciales y aparecían los indicios más sangrantes de una corrupción a gran escala en la cúpula del Ejecutivo y de su partido. Que las investigaciones de unos y otros hayan dado frutos en abundancia no ha sido obstáculo para que prosiga este ejercicio de desprestigio de los contrapoderes y los garantes de la legalidad, que sería intolerable en cualquier democracia que se precie. Si la Guardia Civil investiga –y encuentra–, estamos según el presidente del Gobierno ante una suerte de asonada contra el Ejecutivo al que, se supone, no debería fiscalizar la prensa, ni investigar la Policía, ni juzgar la Justicia en un esquema tan totalitario que asusta con solo esbozarlo. En otras palabras, Sánchez ha elegido poco menos que la desarticulación de parte del Estado para su defensa personal. El esquema argumental resulta tan excéntrico como contumaz e incide en que, ante la persecución de la prensa, la Policía y los jueces, lo que debería hacer el Gobierno es controlar a la prensa, la Policía y los jueces, que es exactamente lo que ha intentado hacer durante toda la legislatura. En los últimos meses hemos asistido al ataque e intento de control a los medios, e l desprestigio e intento de neutralización de la UCO , una falaz campaña contra los jueces, el intento de arrebatarles la instrucción y dársela a la Fiscalía, que utiliza como una prolongación de su Gobierno, y otras maniobras para diluir el poder de los magistrados. Cinco asociaciones judiciales y fiscales han anunciado que, tras el paro que tuvo lugar el pasado día 11, irán tres días a la huelga a primeros de julio si el Ejecutivo no detiene las reformas que comprometen, como aseguran, la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal. Fabular con ataques imaginarios de los poderes contra el Gobierno como una excusa para que el Ejecutivo termine amordazando a esos poderes coincide en una preocupante perfección geométrica con los esquemas del autogolpe al que nos tenían acostumbrados los regímenes totalitarios, pero nunca el Gobierno de una primera potencia democrática como debería ser España.

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