La guerra con las eléctricas puede terminar siendo inevitable

Si el apagón no ha sacado del armario el antiguo pesimismo español ha sido, sobre todo, porque la reacción al desastre ha sido espectacularmente rápida y porque el aparato del Estado ha sido capaz de controlar sus efectos sin que se produjeran efectos secundarios relativos a la seguridad ciudadana Parece mentira que haya tenido que producirse una catástrofe para que salgan a la luz debilidades de nuestro sistema tan tremendas como las que se vieron este lunes. Más allá de si esos problemas pueden volver a aparecer en el futuro, que en estos momentos es la incógnita crucial, lo ocurrido plantea una cuestión de orden más general: la de si nuestro sistema, la red de estructuras que sostiene la vida cotidiana de los españoles, es tan segura y está tan asentada como dicen los responsables políticos y segura diaria y machaconamente asegura todo tipo de propaganda. Es decir, si España está tan bien como se nos quiere hacer creer. Si el apagón no ha sacado del armario el antiguo pesimismo español ha sido, sobre todo, porque la reacción al desastre ha sido espectacularmente rápida y porque el aparato del Estado ha sido capaz de controlar sus efectos sin que se produjeran efectos secundarios relativos a la seguridad ciudadana. La gran mayoría de los españoles ha vivido el acontecimiento con tranquilidad porque en ningún momento han sentido que su seguridad personal estuviera amenazada. Y podía haber ocurrido lo contrario. El gobierno y las fuerzas que de él dependen se han marcado un tanto. Pero el problema no se ha acabado con la vuelta del suministro eléctrico. Ahora es imprescindible descubrir, sin dejar espacio alguno a la duda o a la incertidumbre, las causas de lo ocurrido. Sobre todo, para que no vuelva a ocurrir. Pero esa búsqueda de la verdad no va a ser un camino fácil. No sólo por las enormes dificultades técnicas que van a obstaculizar ese trabajo, sino porque poderosos intereses se pueden interponer en su camino. Lo están haciendo ya. En todo el asunto hay una gran paradoja que complica todo el panorama. Y es que mientras la responsabilidad última de que el sistema energético atienda a las necesidades de los españoles es del Gobierno, la propiedad de las entidades que componen ese sistema y las decisiones que éstas toman es de sociedades formadas por ciudadanos que sólo responden a sus intereses y cuyo único límite es el cumplimiento de las leyes. Y esos dos poderes, el Gobierno y las compañías eléctricas, han entrado en conflicto desde el momento mismo en que se ha empezado a dilucidar quien o qué tuvo la culpa del apagón. Las eléctricas se han mostrado muy beligerantes en varios frentes y desde el minuto uno. En primer lugar, poniendo todo tipo de dificultades para que los agentes del gobierno accedieran a los datos que explican cómo se produjeron los acontecimientos el día del desastre y que sólo ellas poseen. Hasta el punto de que el presidente del ejecutivo ha tenido que advertirles de que podían terminar en su punto de mira y de que un juez, tal vez impelido por el propio gobierno, haya abierto una causa sobre la cuestión, para averiguar si una acción terrorista podía estar en el origen de los hechos, pero en el fondo para poder exigir esos misteriosos datos por vía judicial, que podría terminar siendo determinante para obtenerlos. Pero las grandes compañías energéticas no se han conformado con eso, sino que, al tiempo, y utilizando sus habituales y poderosos canales para influir en los acontecimientos, desde los políticos a los medios de comunicación, han abierto otros dos frentes contra el gobierno. Uno, el de sugerir, con mayor o menor fuerza, según los casos, que las energías renovables, y particularmente la fotovoltaica, podrían ser las responsables, por su uso excesivo, de la crisis de funcionamiento del sistema que produjo el apagón. Dos, el de transmitir con fuerza creciente que la energía nuclear podría ser la solución a los problemas del sistema. En ambos casos, la posición de las eléctricas no responde a un análisis desinteresado, sino a posiciones que defienden desde hace tiempo y que deben haber creído que el apagón les proporcionaba nueva fuerza para volver a plantearlas. O simplemente porque el eventual debate sobre cuestiones desviaría el foco de las responsabilidades directas que ellas podrían haber tenido en el desastre del lunes y que deben conocer muy bien. Porque las eléctricas nunca han sido muy favorables a las energías renovables. Aunque también ellas han invertido en este sector, tras haber frenado su desarrollo en una primera etapa obligando al gobierno de Mariano Rajoy a legislar en ese sentido. Y también están en contra de que aquí a 2035 se cierren todas las centrales nucleares, tal y como pretende el gobierno socialista. Todo indica, por tanto, que estamos ante el inicio de una nueva guerra entre el poder ejecutivo y el oligopolio energético. El que ésta pueda tener su origen en que éste quiera evitar que aparezca su responsabilidad en las causas del apagón la hace tal vez más dramática e intolerable que las otras que se han venido librando entre los mismos actores desde que murió Franco, aliado íntimo de los dueños de las principales eléctricas, algunos de los cuales combatieron, y murieron, con él durante la guerra civil. Desde entonces, las eléctricas han luchado con todos sus medios para impedir que el poder civil recortara sus antiguos privilegios. Y prácticamente lo han conseguido siempre. Esa actitud debe estar también muy presente en su voluntad de que nadie pueda acusarlos de que su cicatería a la hora de hacer nuevas inversiones o de que su codicia para imponer su suministro de energía aunque este lunes las renovables ya estaban cubriendo la demanda, pueden haber sido causas del desastre. Ese es el conflicto que ahora domina el panorama. El gobierno quiere evitar un enfrentamiento abierto con las eléctricas, pero no se puede descartar que no tenga más remedio que terminar yendo por esa vía, porque parece cada vez más claro que las eléctricas y sus socios políticos no van a tener ningún reparo en acusar al gobierno o a sus agencias de ser los culpables de lo ocurrido.

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