Opiniones clínicas, no administrativas

Que el Consejo de Administración de Atrys Bienzobas haya decidido apartar tanto a su presidente ejecutivo, Santiago de Torres, como a su consejera delegada, Isabel Lozano, menos de dos meses después de que ABC destapara el escándalo de las presiones a oncólogos para que no recetaran fármacos caros contra el cáncer demuestra el calado del escándalo publicado por este periódico y la necesidad de revisar los protocolos de atención oncológica por parte de las aseguradoras. Las destituciones, o relevos naturales -como prefiere llamarlos la empresa- son consecuencia directa de la publicación del asunto por parte del periódico que se hacía eco de las quejas de los galenos en cuanto recibían de la mediadora de las empresas de seguros intolerables presiones para no recetar los mejores tratamientos. Las recomendaciones no se hacían en función de su coste, sino de motivos diferentes, muchos de ellos infundados, que no se esgrimían cuando se trataba de tratamientos menos costosos. Atrys presuntamente pretendía ahorrar en medicaciones aludiendo a criterios que no eran los económicos y sin informar al paciente de que no estaba accediendo a las mejores atenciones. Los manejos de todo tipo que se llevaban a cabo según los informes de los oncólogos y la opacidad con que se sustanciaban hacen menos comprensible cuando estamos hablando de enfermedades y elecciones médicas que pueden comprometer la vida del paciente. Se tomaban sin sus conocimientos, sin criterios claros y que en muchos casos terminan en maniobras para derivarlos a la sanidad pública. La investigación abierta por la Sociedad Oncológica a raíz de las denuncias debiera concluir con un informe detallado para que no vuelva a producirse esta mala praxis. El paciente debe conocer en todo momento las razones por las que es candidato a uno u otro tratamiento, aunque estos motivos estén sujetos a razones de coste-efectividad, y es fundamental la transparencia en las relaciones entre cliente y proveedor, más aún cuando de estas decisiones puede depender la propia supervivencia del primero. Desde este periódico se ha insistido en la necesidad de que convivan la sanidad pública y privada, y de que no se demonice desde el Gobierno a las empresas del sector por criterios estrictamente ideológicos, pero esta exigencia hace necesaria una vigilancia sobre las actuaciones del sector privado. En la pública se producen también conflictos entre presupuesto y conveniencia de tratamientos que son necesariamente escrutados por la prensa así como cualquier conflicto que surja y que puede afectar al interés del paciente. La privada no puede pretender quedar al margen de esta vigilancia y debemos insistir en que la intervención de los intermediarios entre las aseguradoras y los médicos debe circunscribirse a las tareas administrativas y en ningún caso deben ser decisorios para desviar a la sanidad pública tratamientos que consideran demasiados costosos. Se deben terminar las presiones que denuncian los oncólogos y, en todo caso, la relación con el paciente no debe ser opaca y el enfermo debe conocer en todo momento las circunstancias y razones por las que se le administra un tratamiento u otro. Este es un asunto de verdadera importancia en cuanto ha afectado a la confianza en el pacto de los pacientes con los facultativos y las compañías en las que depositan la confianza en su bienestar. Desde la fundación Idis, que aglutina a hospitales y aseguradoras, se señaló erróneamente que la publicación de las informaciones por parte de ABC suponía un ataque al sector. Muy al contrario, las informaciones denunciaban protocolos que no deberían llevarse a cabo y ponían sobre la mesa la vigilancia que las empresas que contrataban a Atrys para gestionar su área oncológica no supieron o no quisieron llevar a cabo. En todo caso, los cambios en la jerarquía de Atrys en favor del supuesto relevo generacional, pero también del «buen gobierno» según la propia compañía, confirman la pertinencia de la publicación de las informaciones y el evidente alcance de estas últimas.

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