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Paradojas de un gobierno acosado

Paradojas de un gobierno acosado
Más de uno de los votantes de Feijóo ha debido cansarse de contemplar tanto esfuerzo inútil. Sobre todo, cuando las encuestas son unánimes en concluir que la intención de voto al PP sigue bajando mientras la de Vox no deja de subir Cada día parece que se va a acabar el mundo en la escena política. Que el Gobierno va a caer de un momento a otro y que puede pasar cualquier cosa. Puede que no pocos ciudadanos estén acongojados ante la enorme tensión que proyectan los medios de comunicación. Pero la realidad cotidiana de las calles, de los bares y de los centros de trabajo no guarda relación alguna con ese espectáculo. La paz social marca el tono de la vida cotidiana. Desde que se acabó ETA, España es uno de los países más tranquilos del mundo. Y el apagón, siendo un asunto grave, no ha ocultado, ni oculta, el buen momento económico del país. Gobernar frente a esas paradojas no es asunto fácil, sobre todo cuando hay algunas incógnitas muy inquietantes sobre el inmediato futuro político. Pero todavía es posible. El Gobierno acaba de conseguir que el Congreso apruebe el decreto con las medidas destinadas a hacer frente a la ofensiva arancelaria de Donald Trump. Gracias al voto favorable de la mayoría que hizo a Pedro Sánchez presidente y a la abstención de Podemos. Ese es un hecho concreto y no una opinión por muy desaforada que esta sea. Al Ejecutivo le espera ahora la votación sobre la reducción de la jornada laboral. Y la cosa se presenta bastante más complicada. Porque Junts acaba de asegurar tajantemente que su voto al respecto será negativo. Queda aún algún tiempo hasta que se llegue al momento final de este contencioso y cabe suponer que las dos partes del gobierno harán de todo para conseguir que los independentistas catalanes no tumben el proyecto. Porque, al menos por lo que han dicho hasta el momento al respecto, su posición antagónica no responde a una cuestión ideológica, de principios, ni a intereses políticos incompatibles con el contenido de la ley. Más bien parece que Junts se opone porque, una vez más, quiere demostrar así que no se ha casado con el gobierno, que ellos no son como Esquerra y que si quieren algo de ellos se lo van a tener que pedir de rodillas. Porque en la lista de prioridades de ese partido lo que está a la cabeza de forma muy destacada es que se aplique la amnistía a su líder, que Carles Puigdemont pueda volver a España. Y parece claro que un gobierno de derechas que unas futuras elecciones podrían llevar al poder no sería garantía de que eso pudiera ocurrir, sino todo lo contrario. Según la lógica que se desprende de esos presupuestos, lo normal sería que, al final, Junts se aviniera a apoyar la reducción de jornada, incluso absteniéndose en la votación. Eso sí, al cambio de algunas contrapartidas que le permitieran levantarse con la cabeza bien alta de la mesa de negociaciones y que seguramente añadirían nuevas dificultades a las relaciones entre el Gobierno y sus demás socios parlamentarios. Pero, en definitiva, lo más probable es que el entramado político actual no se venga abajo a causa de este contencioso. Tampoco el apagón tiene visos de que vaya a tener resonancias mayores de las que ha tenido hasta ahora. Está claro que el incidente ha sido un golpe fuerte para la credibilidad de los mensajes de eficacia que ha venido transmitiendo el gobierno, está claro que el comportamiento de éste en los momentos cruciales del episodio pueden ser objeto de críticas fundadas, está claro que ese sistema eléctrico que los portavoces oficiales presentaban casi como perfecto tiene fallos y alguno gordo. Pero por mucho que se empeñe el PP, nada de eso, aun sumado todo ello, va a tumbar al Gobierno si éste quiere resistir. Sorprende, e incluso inquieta, que siga sin poderse decir qué causó el desastre y se empieza a sospechar que ese silencio esconde algo parecido a una negociación para acordar qué responsabilidades se van a ofrecer a la opinión pública, qué se va a decir sobre las culpas que han tenido en el desastre las compañías eléctricas privadas, el gran poder económico español. El asunto no es precisamente despreciable, pero se mueve en un terreno distinto al del futuro del gobierno. Porque a menos que se produzca una derrota parlamentaria en un asunto crucial -como el de la reducción de jornada, por ejemplo- o un fallo judicial clamoroso contra personas directamente vinculadas al Gobierno, la supervivencia del ejecutivo de izquierdas depende de su propia capacidad para hacer frente al vendaval que cada día se le viene encima. Ya lleva casi dos años aguantando tormentas cada vez más sonoras y hasta podría decirse que se ha acostumbrado a ello. Para Alberto Núñez Feijóo debe ser desesperante comprobar que eso es lo que ocurre por mucha leña que ponga en el fuego de sus ofensivas. Más de uno de sus votantes ha debido cansarse de contemplar tanto esfuerzo inútil. Sobre todo, cuando las encuestas son unánimes en concluir que la intención de voto al PP sigue bajando mientras la de Vox no deja de subir. Y, como se ha dicho mil veces, es la amenaza de Vox el motivo principal del radicalismo impenitente del PP. Puede que incluso que el incomprensible apoyo que Feijóo sigue prestando al impresentable Carlos Mazón tenga su origen en el condicionante insuperable que la ultraderecha supone para la política del PP. Esa incapacidad de la derecha para hacer un tipo de oposición distinto a Pedro Sánchez y los suyos favorece la continuidad de estos. Por mucho ruido que haya en el ambiente, por muchos agentes del escándalo cotidiano que el PP active o reclute en los más variados ámbitos y particularmente en los medios de comunicación. El otro activo de la izquierda en estos momentos es la buena marcha de la economía. Pero éste es un factor siempre potencialmente inestable y nada puede garantizar que dentro de un año, y más con la que está cayendo en la escena económica mundial, las cosas no vayan a empeorar en este terreno.
eldiario
hace alrededor de 8 horas
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