Un año de la dana: irresponsabilidad y encubrimiento

La gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 es hoy un caso paradigmático de quiebra institucional y reputacional: falló la prevención, la coordinación y, posteriormente, la rendición de cuentas. Pero lo que agrava la tragedia es la persistencia del silencio Verdad, dana y Mazón en la misma frase Silencio, sombras, ocultamiento y falsedades son palabras que servirían para definir la acción institucional del gobierno valenciano desde la catástrofe de la DANA que dejó 229 víctimas mortales y numerosos heridos en aquella trágica tarde del 29 de octubre de hace un año. Aquel episodio meteorológico extremo anunciado por la AEMET con alertas rojas desde las 7:30 de la mañana estuvo precedido desde ocho días antes por avisos de llegada de episodios de lluvias torrenciales. Sin embargo, los sistemas de emergencia del gobierno valenciano no se activaron y la respuesta institucional fue tardía, confusa y descoordinada, todo lo contrario de lo que ha ocurrido con los temporales que azotaron el País Valencià a finales del pasado septiembre y durante este mes de octubre. Esta vez sí se activaron los sistemas de emergencias y se envió por telefonía con horas de anticipación mensajes a la ciudadanía claros y concisos: abandonen las zonas bajas y suban a plantas superiores. Estos mismos mensajes hace un año habrían evitado todas o la mayor parte de las 229 muertes. En las alertas de estas últimas semanas no se ha dudado sobre quién tiene las competencias que la ley confiere de forma clara y concisa a la Generalitat Valenciana. Y el 29 de octubre tampoco había ninguna duda: quien diga lo contrario miente, pues el propio Carlos Mazón el 1 de septiembre de 2022, cuando aún estaba en la oposición, en una rueda de prensa acompañado por la portavoz del PP Cuca Gamarra, le exigían responsabilidades al entonces presidente de la Generalitat Ximo Puig por un suceso que estuvo a punto de provocar una gran desgracia cuando un tren al que nadie avisó casi fue alcanzado por un incendio forestal en la provincia de Castellón. Mazón y Gamarra imputaron a Puig “falta de responsabilidad, de decoro y de ejecución de competencias sobre emergencias que son de la Generalitat”. Es evidente que en 2022 el PP valenciano y el PP nacional sabían a quién correspondían las competencias en materia de emergencias y protección civil y también cómo se debía actuar. Cuando el 29 de octubre de 2024 decidieron conscientemente no lanzar las alertas, mantener su banal agenda y mofarse de quienes sí las habían activado, como la Universidad de Valencia, hipotéticamente para no crear alarma que desbaratase el jugoso puente del 1 de noviembre, estaban incurriendo en una negligencia muy grave cuyas consecuencias todos conocemos. No solo hicieron caso omiso de las alertas meteorológicas y despreciaron la memoria de tantas riadas catastróficas sufridas a lo largo de la historia en València, sino que ignoraron groseramente las señales que presagiaban el desastre cuando los ríos y barrancos comenzaban a desbordarse ese mismo día por la mañana tal y como difundían en directo la cadena autonómica de televisión y otros muchos medios de comunicación, así como la recepción de miles de llamadas al 112 pidiendo auxilio. Las comarcas tierra adentro en las cabeceras de los barrancos sufrieron por la mañana inundaciones que requirieron la intervención de la UME, era cuestión de que en pocas horas esas aguas embravecidas descendieran hasta las urbanizadas y superpobladas llanuras de inundación de la provincia de Valencia. Cualquier alumno de primaria lo estudia en su asignatura de conocimiento del medio. Pero, además, el secretario autonómico de emergencias, el investigado Emilio Argüeso, a mediodía informó telefónicamente de la alarmante situación de los cauces a la vicepresidenta primera del Consell y consellera de servicios sociales, Susana Camarero. La respuesta de esta, con un Mazón desaparecido fue no hacer nada, simplemente exclamó un “¡jope! si necesitas algo me lo dices” y se fue tranquilamente a comer. Por la tarde, cuando ya había personas ahogadas y desaparecidas, se marchó a una gala de entrega de premios. De Susana Camarero, estrecha colaboradora durante muchos años del condenado por corrupción y exministro de Aznar, Eduardo Zaplana, dependen las residencias de tercera edad que no fueron alertadas por nadie, en una de ellas en Paiporta murieron ahogados seis ancianos y de esta vicepresidenta también dependen los servicios de teleasistencia a enfermos que tampoco recibieron ningún aviso, 37 de ellos también murieron. Y si la inundación en vez de llegar entre las seis y las siete de la tarde hubiera llegado a las cinco, la catástrofe habría multiplicado el número de víctimas al hallarse los escolares en las aulas, pues otro personaje tan irresponsable como la anterior, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, tampoco quiso crear alarma y mantuvo las clases en vez de suspenderlas. Mientras todo eso ocurría el presidente de la Generalitat comía en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana solícito a ofrecerle la dirección de la televisión autonómica y no se sabe qué otras cosas. Tan temeraria conducta derivó en un procedimiento judicial contra la consellera de interior y su secretario autonómico de emergencias por los delitos de homicidio imprudente dirigido, por ahora, contra los irresponsables que no activaron los sistemas de alertas que hubiesen evitado o paliado el desastre humano. El principal responsable, Carlos Mazón, según él mismo reconoció cuando espetaba a su antecesor ser el máximo responsable de las emergencias, ha sido invitado por la jueza instructora a comparecer como investigado en varias ocasiones, pero por arte del aforamiento, ese privilegio negro de la justicia española, de momento se está librando y puede seguir dirigiendo la estrategia de bulos y confusión, y también a alimentar los negocios de la reconstrucción desde su despacho en el Palau de la Generalitat. Algunas de las empresas adjudicatarias de contratos de obras de reconstrucción han estado involucradas en casos de corrupción por la financiación del PP. Más de 600 millones de euros se han adjudicado directamente sin ninguna concurrencia. En esta batalla que libra Mazón por salvarse política y judicialmente ha sido crucial el ocultamiento de material probatorio como los vídeos que recogieron en imágenes y sonido la ineptitud de los responsables de emergencias. De su visualización se concluye lo que se intuía, que los valencianos estuvimos aquel día en manos de unas malas personas de escasas luces, que ignoraban los principios más elementales de la prevención de emergencias y de la dinámica de las aguas torrenciales cuando llueve intensamente en las cabeceras de los ríos y barrancos. En los vídeos que se han conocido gracias a una filtración a TVE se puede observar la entrada en el edificio del 112, hacia las 8:30 de la tarde, de un Carlos Mazón que no se sabe si venía de una reunión, hoy por hoy clandestina, o si se acababa de levantar de la cama. Qué hizo aquella tarde más allá de las tres horas y media en El Ventorro sigue sin conocerse a pesar de que decenas de funcionarios, escoltas, conductores o personal administrativo, lo saben y callan. El ocultamiento de hechos y de materiales probatorios o su destrucción, como el borrado de imágenes de las cámaras del Palau de la Generalitat aquella tarde, no solo agrava la sospecha de negligencia en la gestión de la emergencia, sino que abre la posibilidad de que se hayan cometido delitos de encubrimiento u obstrucción a la justicia, al haberse ocultado o retenido deliberadamente información clave para el procedimiento. Asimismo, al comunicar por escrito a Les Corts que los videos que ahora han aparecido no existían tal y como informó el actual conseller de emergencias e interior, Juan Carlos Valderrama, podría suponer la comisión de un delito de falsedad documental dirigido a dificultar la investigación judicial. Consecuentemente, más allá de las presuntas responsabilidades penales relacionadas con la negligencia en la gestión de las alertas, es evidente que existen otras responsabilidades sobre las que hasta ahora poco o nada se ha hablado a pesar de su gravedad: se ocultaron datos y documentos relevantes para la investigación judicial en un ámbito como es la administración autonómica que, como todas las administraciones públicas tiene la obligación de actuar con objetividad al servicio del interés general y con sujeción al ordenamiento jurídico. En este contexto, los funcionarios y empleados públicos que poseen información y conocen hechos relevantes sobre lo ocurrido el 29 de octubre tienen la obligación de ponerlo en conocimiento de la justicia. El artículo 451 del Código Penal castiga a quien, con conocimiento de un delito, ayuda a eludir la investigación, a ocultar o sustraer pruebas. Los artículos 464 a 466 agravan la pena si el encubrimiento se realiza para entorpecer la acción judicial o destruir pruebas documentales o digitales. Asimismo, el artículo 118 de la Constitución y el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) obligan además a colaborar activamente con la justicia y a comunicar cualquier hecho delictivo del que se tenga conocimiento que esté relacionado con la causa. Por otra parte, según el artículo 52 y siguientes del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), todos los funcionarios tienen el deber de colaborar con la justicia y de estar al servicio del interés general frente al interés particular del político inepto o corrupto. Su silencio o inacción podría constituir falta muy grave o incluso delito si se demuestra que conocían hechos relevantes y los ocultaron. Sospechosamente, el Consell aprobó otorgar condecoraciones “por los servicios prestados” a escoltas y policías que acompañan habitualmente al presidente Mazón. Algunos policías han rechazado la recompensa. Todo huele tan mal. Si las pruebas materiales -registros de comunicación interna, vídeos del CECOPI, correos institucionales, grabaciones de la televisión pública o las decenas de miles de llamadas al 112- fueron deliberadamente ocultadas o demoradas, existiendo una investigación abierta, estaríamos sin duda alguna ante un delito de encubrimiento agravado o incluso de obstrucción a la justicia. Pero más allá del Código Penal, lo ocurrido interpela el fundamento mismo de la ética pública: la administración no puede ser un muro para proteger a los ineptos y corruptos. La administración pública y todos sus funcionarios deben constituir una estructura al servicio del Estado de Derecho, de la verdad y de la ciudadanía. Los empleados públicos que saben lo que ocurrió deben hablar. La Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, refuerza el deber de colaboración con la justicia y protege a los empleados que revelen información relevante. Cualquier funcionario o trabajador que disponga de datos sobre la infame gestión de la DANA y su ocultamiento tiene derecho a ser protegido frente a represalias si colabora con la investigación o aporta documentación. Evidentemente, la protección deberá solicitarse a la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) que recientemente ha entrado en funcionamiento con ámbito estatal. Cualquier órgano autonómico con funciones similares en la Comunitat Valenciana no sería fiable al estar controlado por los mismos responsables de la tragedia y sus aliados, es decir por el PP y Vox. Algunos de los que han ocultado, manipulado o tergiversado documentación audiovisual probatoria y de interés esencial en el procedimiento judicial, han alegado la falsa coartada de la “deontología profesional” despreciando que, en un procedimiento penal, no cabe invocarla como excusa para ocultar información o pruebas. La deontología periodística o institucional protege el deber de confidencialidad sobre las fuentes en el ejercicio legítimo de la profesión, pero nunca ampara el encubrimiento de un delito Por tanto, la posición de la dirección de la televisión autonómica À Punt, que habría apelado a esa “deontología profesional” para no entregar materiales audio o comunicaciones internas relacionadas con la DANA, resulta éticamente inadmisible y jurídicamente inconsistente. Una televisión pública sostenida con fondos de todos no puede convertirse en un instrumento de opacidad ni de protección política. Su deber es el de garantizar la información veraz y la transparencia, pero nunca reeditar los vicios estructurales de la antigua Canal 9, símbolo de manipulación informativa y servilismo institucional de una época que nos llenó de vergüenza. La gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 es hoy un caso paradigmático de quiebra institucional y reputacional: falló la prevención, la coordinación y, posteriormente, la rendición de cuentas. Pero lo que agrava la tragedia es la persistencia del silencio. Un silencio impuesto por el miedo, por la Omertá o lealtad mafiosa y por una mala cultura funcionarial que aún confunde la defensa de la institución con la protección de sus responsables, aunque estos sean unos presuntos delincuentes. La sociedad tiene derecho a saber las razones ocultas de por qué Mazón no ordenó lanzar las alertas, dónde estaban y qué hicieron los responsables políticos y técnicos aquel día, incluida la vicepresidenta Susana Camarero o el conseller de educación José Antonio Rovira. Las víctimas, sus familias y la ciudadanía merecen verdad, justicia y reparación, no silencio ni manipulación. Desde una perspectiva de la ética pública el silencio y las mentiras son también una forma de corrupción. La transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y la colaboración con la justicia no son opciones morales, son deberes cívicos y obligaciones jurídicas.

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