Yo creo a Daniel

Los niños tienen derecho a ser escuchados. Daniel tiene derecho a ser escuchado. Yo le creo, creo que su sufrimiento es real, creo que su angustia es sincera, creo los jueces deben tenerla muy en cuenta, creo que, si los jueces no lo hacen, la sociedad española debería hacerloOcho años y muchas denuncias después, la historia de Juana Rivas se repite Las resoluciones judiciales no son necesariamente la justicia, pueden llegar a ser exactamente lo contrario: la injusticia. Consciente de ello, la humanidad se ha dotado milenariamente de la posibilidad de corregirlas y hasta anularlas. A través de recursos ante instancias superiores, a través de los mecanismos del indulto o la amnistía por parte del legislativo o el ejecutivo. Solo los fanáticos atribuyen a los tribunales la consideración de palabra de Dios, te alabamos Señor. Lo estamos viviendo trágicamente en Gijón y en Granada durante este verano de 2025. Primero, con el encarcelamiento de las seis de La Suiza, decretado por un juez de la horca manifiestamente hostil al sindicalismo. Ahora, con los esfuerzos de nuestro sistema judicial por complacer a sus colegas italianos y entregar a un niño de once años a un padre presuntamente maltratador. Acusado de violencia contra su madre, Juana Rivas, y los dos hijos que tuvo con ella. El caso del pequeño Daniel nos está rompiendo el corazón. Daniel no quiere irse a Italia con su padre, Francesco Arcuri, que será juzgado en Cagliari el próximo mes de septiembre, precisamente por supuesto maltrato a sus hijos. Daniel quiere quedarse en Granada con su madre, Juana Rivas, y su hermano mayor, Gabriel, que, al cumplir los dieciocho años, logró zafarse de la custodia de su progenitor. Todos hemos podido escucharlo entre lloros: “Me va a matar como vuelva”. Tras un paso en falso desde el punto de vista judicial, retener a sus hijos en Granada en 2017, Juana Rivas decidió escuchar el consejo de gente bienintencionada que le recomendaba confiar en “la justicia”, es decir, aquellos que visten con togas y puñetas. Sin embargo, “acudir a la justicia no ha marcado una gran diferencia para Rivas y sus hijos, al menos hasta el momento”, escribió ayer Ana Requena Aguilar en este periódico. “La cascada de decisiones que ha llevado el caso Rivas a este punto”, añadió la periodista, “ha ignorado sistemáticamente la palabra de los niños, su derecho a ser escuchados, y ha aplicado, con igual constancia, estereotipos de género”. Kafka ya nos contó con maestría en 'El proceso' que la justicia no es lo mismo que eso que adopta ese mismo nombre y se refiere a las leyes y las personas e instituciones encargadas de hacerlas cumplir. En el caso que ahora nos ocupa existe una evidente contradicción entre el deseo expreso de un niño y la telaraña jurídica, entre el principio que otorga la primacía a la protección del menor y la necesidad de cumplir tales o cuales resoluciones judiciales italianas o españolas. Pero los niños tienen derecho a ser escuchados. Daniel tiene derecho a ser escuchado. Yo le creo, creo que su sufrimiento es real, creo que su angustia es sincera, creo los jueces deben tenerla muy en cuenta, creo que, si los jueces no lo hacen, la sociedad española debería hacerlo. No sé cómo hacer esto último, lo confieso. Tampoco el Josef K. de 'El proceso'javi sabía cómo salir de la pesadilla. Me duele la violencia institucional que se está ejerciendo contra Juana Rivas y sus dos hijos. Sé que podría ejercerse contra mí, contra cualquiera de nosotros. Un golpe de mala suerte, una acusación falsa y un juez a lo Peinado, y mi vida, y la de cualquier otro, podría convertirse en un infierno. Durante años y años. El gran argumento del sistema judicial español para entregar al pequeño Daniel a un padre al que teme es la existencia de una vieja resolución italiana que concede a Francesco Arcuri la custodia de los dos chavales. Una resolución que no se ve afectada por el hecho de que Arcuri vaya a ser juzgado en septiembre por presuntos malos tratos contra ellos. No es lógico, no lo es. Y, sobre todo, no es humano. Daniel se siente tremendamente inseguro con su padre, le cree capaz incluso del asesinarle. ¿Es esto la protección del interés superior del menor? Acabo de escuchar en TVE a un juez sensato sentenciar que, en este asunto, “los jueces son los que tienen que decidir”. Es, insisto, un magistrado sensato, uno de los que no siempre comulgan corporativamente con las decisiones atrabiliarias de tantos de sus colegas. Supongo que tiene razón, que las cosas solo pueden ser así ateniéndose a la legalidad vigente. Pero les juro que la mera enunciación de esta idea me da repelús. Preferiría que fuéramos los ciudadanos los que decidiéramos, quizá a través de un jurado popular. No entiendo las prisas por efectuar la entrega de Daniel a su padre ahora mismo. ¿No podría, como mínimo, aplazarse esta crueldad hasta después de septiembre, hasta la sentencia del juicio que afronta Francesco Arcuri? Si, como tantas otras cosas, las leyes no tienen prevista semejante eventualidad, se confirma que no son palabra de Dios, son perfectibles y hay que seguir luchando por mejorarlas.

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